Las políticas sanitarias implementadas por el PJ a más de un año de pandemia. Problemas estructurales de fondo y una cuerda que se tensa a más no poder. Las responsabilidades de un gobierno que garantiza los negocios empresarios por encima de la salud.
Semanas atrás si alguien le preguntaba al Gobierno de Córdoba por la posibilidad del colapso sanitario en la provincia la respuesta seguramente era que "esa posibilidad estaba lejos". Sin embargo, al día de hoy todos los indicadores muestran que el colapso es más que probable. Ya se empieza a sentir en el sistema sanitario, tanto público como privado, donde es el propio personal el que muestra cotidianamente lo que el gobierno de Schiaretti se esfuerza en esconder.
Con cálculo electoral mediante, haciendo gala del “modelo Córdoba”, el gobierno habló degarantizar la productividad. Claro, la de los amigos empresarios, mientras miles de pibes y pibas se contagian en las fábricas y lugares de trabajo por la falta de medidas de protección.
También, pagó fortunas para mostrar en los grandes medios de comunicación cómo iba reforzar el sistema sanitario; mientras, el techo del Hospital Misericordia se venía abajo. Habló de aumentar la capacidad de testeo; mientras, las cámaras de televisión mostraban gente esperando más de 8 horas para acceder a uno. Habló de incorporar 400 camas; mientras, el personal de salud denunciaba que no hay quien las atienda. Habló y habló.
Y lo único que quedó en claro es que la respuesta política del PJ ante la pandemia no fue más que la continuidad por otros medios de las políticas sanitarias llevadas adelante en más de 20 años de gobierno como veremos a continuación.
Radiografía de un neoliberalismo “sanitario” a lo PJ (o los problemas estructurales sobre los que golpeó la pandemia)
Las políticas implementadas en los 90 en materia sanitaria a escala global mostraron consecuencias devastadoras durante la pandemia. Con una salud fuertemente mercantilizada, presupuestos paupérrimos y un sistema totalmente fragmentado; los trabajadores de la salud vienen haciendo malabares para hacer frente a la crisis sanitaria.
El capítulo cordobés marcó su inicio en el año 95 con el gobierno de Ramón Mestre continúo con el de De la Sota y se ha mantenido durante los 22 años de gobierno ininterrumpido del PJ provincial. En medio de grandes luchas de trabajadores y trabajadoras; el gobierno provincial, en sintonía con lo que hacía Menem a nivel nacional, avanzó en un recorte drástico del presupuesto y de las plantas hospitalarias y en la descentralización de todo el sistema sanitario. El impacto de estas medidas aun es visible.
Por ejemplo, en materia de presupuesto destinado a salud se puede observar que en el año previo a la pandemia fue el más bajo de la última década. Tan solo se destinó un 7,8 por ciento del total de recursos del Estado provincial. Aunque debido a la crisis se giró una partida presupuestaria de emergencia, quedó claro que no fue suficiente para revertir un retroceso de décadas.
En cuanto a recorte de personal, se estima que a mediados de los ’90 el número de empleados del Ministerio de Salud oscilaba entre 15.300 y 18.000 trabajadores. Hacia el final de la gestión Mestre, se redujo drásticamente a 8.700 y 10.500 empleados. En 2019 la planta de salud rondaba los 11.631 profesionales, y el año pasado, con el ingreso de emergencia por la pandemia, ascendió a 12.115. Como vemos, muy por debajo de los números previos al saqueo de los 90 y con una población que ha ido en aumento en número y en precarización. Lo que hace que, en última instancia, un mayor número de personas se vuelque a la salud pública ante la falta de obra social.
La descentralización en los ’90 implicó el traspaso, en menos de 6 meses, de más de 400 efectores a los municipios bajo la promesa de aumento de recursos coparticipables, lo que generó la fragmentación del sistema de salud y una agudización de las inequidades.
En el discurso oficial, la provincia se haría cargo de garantizar el segundo y el tercer nivel de complejidad, dejando la atención primaria en manos de los municipios. Esto significó priorizar los subsistemas que, bajo la lógica del capital, permiten generar ganancias (los de alta complejidad) por encima de la atención primaria que es la que permite en los hechos hacer prevención (el lado no rentable para los jugosos negocios de la “salud”).
Otra grave consecuencia es que para quienes viven en el interior acceder a la atención de alta complejidad es casi un privilegio, y en tiempos de pandemia más aun ya que implica trasladarse a las ciudades cabeceras o a la capital.
Una figurita repetida aparece desde aquel entonces como cómplice necesario: José Pihen, que asumió en 1991 como secretario general del Sindicato de EmpleadosPúblicos manteniéndose atornillado a su sillón hasta hoy, y que además ocupa, por el PJ provincial, una banca en la legislatura desde el año 2011. Siempre jugó el mismo rol: el de traidor a las y los trabajadores del Estado. Fue quien garantizó que no se desarrollen combates mayores contra las políticas gubernamentales. Desde su cómodo sillón en el sindicato y en la legislatura dejó pasar la tercerización y el fin de la planta permanente, votó presupuestos a la baja en la Unicameral y avaló salarios por debajo de la canasta básica en el sector. Los trabajadores del sector salud siempre fueron quienes sostuvieron con su esfuerzo un sistema insuficiente y quiénes denunciaron y resistieron el vaciamiento.
Jose Pihen. Legislador por el PJ cordobés y secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP)
Por otro lado, estas políticas implicaron otra consecuencia visible y agudizada por la pandemia: la brecha de clase. El sector público es el que atiende a las grandes mayorías trabajadoras y sobre todo a los sectores con menores recursos. Garantizando así, a pesar de la profunda crisis sanitaria y las desigualdades existentes, una atención masiva y gratuita.
Según datos del INDEC, al comienzo de la pandemia el 30,07 % de la población en la provincia no tenía cobertura médica. La brecha se expresa además, en la desproporcionada distribución de recursos entre el sistema público y privado. Cuando el coronavirus golpeó de lleno en Córdoba alrededor del 70% de las camas totales de la provincia para internación se encontraban en el sector privado, donde también están la mayoría de las camas de terapia intensiva y otros recursos necesarios para hacer frente a la pandemia.
Sobre esta base, es que el PJ implementó el “modelo Córdoba” para hacer frente a la crisis sanitaria. Veamos de qué se trata.
¿Cómo es el Modelo Córdoba?
A nadie se le puede escapar que en Córdoba, desde hace ya muchos meses, el nivel de apertura de todas las actividades es muy avanzado, algo que desde el Panal han procurado destacar cada vez que han podido. Sin ir más lejos, hace 3 meses atrás el Gobernador comenzó el periodo legislativo con la frase, “Córdoba no Para” envalentonado por haber conseguido aire en los compromisos de deuda que la provincia arrastra y lograr el diferimiento de pagos con los acreedores externos.
En ese discurso Schiaretti fantaseaba con la compra de vacunas desde la provincia (en un mundo que se vio y se ve, concentró vacunas en los pocos países "ricos" que hoy están volviendo a la normalidad) y con una serie de anuncios como la entrega de 50.000 computadoras para estudiantes o la construcción de 51 escuelas nuevas apuntando al regreso paulatino a la presencialidad en las aulas. ¿Hace falta decir que nada de esto se cumplió?
En torno a la situación del sistema sanitario desde La Izquierda Diario Córdoba realizamos una cobertura extensa sobre la situación en los hospitales y señalamos, hace semanas, que los números que la provincia mostraba no cerraban. La imprecisión en los datos o la falta de los mismos es algo que desde diferentes medios se ha denunciado que existe y es un problema muy importante en torno al acceso a la información y cómo esto repercute en la situación de la pandemia.
Cuando desde el Gobierno provincial o nacional se señala el “relajamiento social” como causa del aumento de casos, se hace más para ocultar las falencias que para buscar soluciones. Es más fácil responsabilizar a la población que admitir las verdades del trasfondo de las decisiones políticas. Una de esas decisiones es la de omitir conscientemente el detalle de la información sobre la situación sanitaria.
Cada aumento de camas se anuncia con bombos y platillos pero no se anuncia nada sobre la incorporación de personal de salud para cubrir la atención de esas camas, tampoco se informa claramente sobre la disponibilidad. Se dice que hay una ocupación del 43,5% con la “trampa” estadística de que ese número solo menciona a las camas de UCI con pacientes de COVID, ese número mentiroso está lejos de lo que fue revelado esta semana en hospitales como el Rawson donde la ocupación roza la saturación.
Ahora bien, la discusión del relajamiento también tiene otras aristas que son necesarias pensar para no caer en eximir de la culpa a los gobiernos y cargar las tintas rápidamente contra los demás. Si partimos de un clima instalado desde el gobierno donde no hay información sobre los contagios, cuál es su alcance, qué cepas circulan, qué riesgo existe en base a la ocupación de camas, lo que se termina generando es un clima del “siga, siga” que solo es destapado por las situaciones graves cuando ya son difíciles de revertir.
Ni hablar de que poco y nada se menciona sobre el hacinamiento en los sistemas de transporte público, donde ni las frecuencias ni la capacidad de los colectivos se respetan y todo para asegurar, una vez más, la ganancia de las empresas de transporte que no les basta con uno de los boletos más caros del país y están dispuestos a que los trabajadores corran el riesgo mientras la plata siga llegando.
Si lostesteos son limitados y las colas que hay que hacer son de hasta 8 horas, muchas personas no pueden realizarselos o, si lo logran, es a costa de exponer su salud en el medio de un nuevo pico de casos. Y si sumamos los escasos controles y elementos de protección dentro de los lugares de trabajo podemos ver que el “relajamiento” se queda muy corto para explicar el pico de casos.
Cuando no se puede tapar el sol (o mejor dicho la tormenta) con la mano
El gobierno provincial se vio obligado a “adherir” a las medidas de confinamiento que estamos atravesando, si bien intentó justificar la medida en una supuesta “solidaridad” cordobesa, es más que evidente que la situación de “siga,siga” no daba para más. Como en el resto del país, la medida carece de cualquier tipo de asistencia económica a los sectores que, por su condición de trabajadores informales, no recibirán paga alguna en este periodo. Para quienes se encuentran en esta situación conseguir el pan de cada día se transformó en una quimera.
Las ganancias capitalistas o las necesidades de las mayorías populares
Desde el inicio de la pandemia el Frente de Izquierda planteó una política alternativa a las propiciadas por los gobiernos, medidas elementales como: masificación de los testeos, refuerzo del presupuesto de salud, IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) de 40.000 $ para todos los sectores que no perciben un salario, centralización del sistema de salud, plan de vacunación para todos en base a la declaración de utilidad pública del laboratorio que hoy produce millones de dosis mensuales en nuestro país que se llevan afuera, impuesto extraordinario a las grandes fortunas y no pago de la deuda externa.
Medidas no solo justas sino evidentemente necesarias y que los gobiernos, fieles custodios de las ganancias capitalista, no tomaran si no son impuestas por la lucha de las mayorías populares.
