Este miércoles el FBI detuvo en Estados Unidos a Arturo Murillo, exministro de Gobierno de la golpista Jeanine Áñez, junto a su ex jefe de gabinete, Sergio Rodrigo Méndez, y tres empresarios estadounidenses -Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld. Al mismo tiempo, en Bolivia el actual ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, llevaba adelante una conferencia de prensa, anunciando que además de la detención de Murillo en Estados Unidos, en el país también detuvieron al cuñado y al ex edecán del ex ministro por estar involucrados en el caso “gases lacrimógenos”.
Pese a que los procesos judiciales por los crímenes de lesa humanidad, las torturas y las masacres de Senkata, Sacaba y Ovejuyo durante el golpe de Estado continúan paralizados, estas detenciones provocaron expresiones de entusiasmo y alegría en redes sociales ante lo que se considera como un paso en las demandas de justicia por todos los crímenes y abusos cometidos durante el Gobierno de Áñez.
El caso "gases lacrimógenos": corrupción y lavado de dinero
Aunque hoy los distintos sectores del bloque golpista continúen señalando que hablar de golpe de Estado es una “narrativa” que favorece al MAS, como si las masacres de Senkata, Ovejuyo y Sacaba y los crímenes de lesa humanidad cometidos por Áñez y su Gobierno fueran “ideas” y no hechos, no pueden negar los aberrantes casos de corrupción que caracterizaron a ese Gobierno ya que las denuncias vienen respaldadas por el FBI y la justicia norteamericana.
Transcendió las fronteras del país, desatando repudio e indignación, los varios casos de compras millonarias con sobreprecios de supuestos “respiradores”, unidades de terapias intensivas así como las millonarias compras de gases lacrimógenos y otros equipos al servicio de la represión. Esto puso al desnudo la criminal gestión de la pandemia de Áñez y sus ministros cuyas medidas centrales fueron la represión y garantizar los negocios de los mercaderes de la salud a costa de las vidas de las mayorías trabajadoras y populares.
Todo esto permitió ver en las redes sociales, ante la noticia de la detención de Arturo Murillo, comentarios de figuras de la oposición de centro derecha como Carlos Mesa que calificó este hecho como “degradación del anterior gobierno” o de intelectuales indianistas como Pedro Portugal que señaló que fue tal el desenfreno de corrupción y el racismo del “gobierno de transición” lo que motivó la “resurrección del MAS” agregando que la justicia del odiado imperio les da una lección a los masistas.
Así mismo, no tardaron las declaraciones de otros representantes del bloque golpista, intentando separarse rápidamente de Murillo y la gestión de Áñez. Por ejemplo, el clerical y ultraderechista empresario y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, saludó estas detenciones y señaló que el Gobierno de Arce debe exigir y hacer todo lo posible por extraditar a todos los implicados en este caso de corrupción.
Por su parte, el ex vocero de Jeanine Áñez, Jorge “Tuto” Quiroga, cuya misión era convencer al mundo de que en Bolivia no hubo golpe de Estado, no tardó en soltarle la mano a sus ex aliados afirmando que la pandilla de Murillo debe cumplir las condenas que aplique la justicia estadounidense.
Los elementos que provocaron la detención de Murillo, Méndez (su ex jefe de gabinete), y de los empresarios Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld (los 3 ciudadanos estadounidenses) se debe a que, como informó el Departamento de Justicia de EE.UU. “los funcionarios bolivianos aceptaron sobornos de los empresarios estadounidenses, quienes ganaron contratos por aproximadamente US$5,6 millones para suministrar gas lacrimógeno y otros equipos no letales al gobierno boliviano”.
En su comunicado, el Departamento de Justicia de EE.UU explicó además que
para promover el esquema de sobornos, que ocurrió entre noviembre de 2019 y abril de 2020, los ciudadanos estadounidenses lavaron los pagos a funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia, además de haber organizado un pago de US$582.000 en efectivo para Murillo y Méndez.
Luis y Bryan Berkman así como Phillip Lichtenfeld son propietarios de una compañía en Florida, Bravo Tactical Solutions, misma que fungió de intermediaria entre el Estado boliviano y la proveedora brasileña Cóndor, para organizar toda la compra.
La pena a la que se enfrentan si la justicia estadounidense los declara culpables es de hasta 20 años de cárcel.
Por otro lado, la detención del ex edecán de Murillo es en calidad de testigo mientras que la detención del cuñado del ex ministro se produjo luego de que este retirara dinero y objetos de valor de una de las cuatro cajas de seguridad que Murillo tendría en el Banco Nacional de Bolivia. Ambos se encuentran detenidos en la ciudad de La Paz.
¿Un guiño de Biden al Gobierno de Luis Arce Catacora?
La investigación llevada adelante por el FBI, en coordinación, con los servicios de inteligencia bolivianos da por resultado el fortalecimiento del Gobierno de Arce que recibe un respaldo por parte de las instituciones judiciales estadounidenses.
Lejos de la ilusión de que estas medidas serían la expresión de la independencia y fortaleza institucional de la justicia norteamericana, que durante décadas permitió que representantes de dictaduras de las más diversas latitudes gocen de impunidad en el país del norte, estas investigaciones tienen más que ver con la necesidad del imperialismo norteamericano a la cabeza de Biden de encontrar mecanismos de estabilización (parcial) -en una región cruzada de profundas crisis institucionales- de los regímenes políticos acompañadas de tendencias crecientes a la lucha de clases. Un escenario que aumenta la fluidez e inestabilidad de toda la región.
El persistente levantamiento colombiano, así como la tremenda crisis política de la democracia peruana, que en pocos días enfrenta una segunda vuelta, o el desastroso resultado de la derecha chilena en las pasadas elecciones de la convención constituyente así como la precaria situación de Bolsonaro en Brasil son muestras de lo que decimos.
Que la administración Biden haya dejado correr o incluso alentar la persecución judicial contra Murillo y miembros del anterior Gobierno, expresa el intento de allanar el camino a la distención de relaciones con el Gobierno de Arce, sentando las bases para una mayor colaboración entre los dos gobiernos. Así mismo, es un “llamado al orden” a la oposición de derecha para que ésta lleve adelante una oposición “responsable” en línea con la sistemática política de conciliación y pactismo que caracteriza al Gobierno del MAS.
Recordemos que el Gobierno de Arce viene realizando llamados a la reconciliación con el bloque golpista mientras intenta contener las exigencias de justicia de las víctimas de las masacres y crímenes de lesa humanidad durante el golpe de Estado.
Los cálculos por parte del bloque golpista y el oficialismo pasan por ver hasta dónde, a quiénes y por qué motivos están dispuestos a aceptar algunos encarcelamientos pero al servicio de mantener la impunidad de la mayoría y de los principales actores materiales y políticos de todos los crímenes de lesa humanidad y de las masacres durante el golpe. Entre estos figuran el propio Murillo, pero también a quiénes hoy escuchamos pronunciarse a favor de su detención.
Otro elemento que contribuye a esta convergencia entre sectores del oficialismo, la oposición y el FBI tiene que ver con la necesidad, de las clases dominantes, de aprovechar el efecto rebote en la economía, que está llevando a un alza de precios de materias primas, como podemos ver en la soja, en los hidrocarburos o en los minerales. | 
