El miércoles 19 se halló sin vida el cuerpo de Johana Paola Díaz, una joven de 26 años, siendo el noveno femicidio en Tucumán. El cuerpo de la joven fue encontrado en una plazoleta en Roca y Alberdi, y de acuerdo a la autopsia, se trató de una muerte por asfixia. El fiscal Ignancio Lopez Bustos está a cargo del caso y según los investigadores hay dos sospechosos a los cuales se busca identificar.
La joven vivía en una situación de extrema vulnerabilidad, en situación de calle y con un consumo problemático de drogas. El noveno caso de femicidio en la provincia casi iba a pasar desapercibido si no fuera porque la joven no pudo ser identificada en los primeros momentos. Sólo recién ahí se hizo la autopsia que arrojó los signos de asfixia.
Hace unas semanas se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Federal para la prevención y abordaje de femicidios, transfemicidios y travesticidios de la región del NOA, encabezada por la ministra de Mujeres, Géneros y Sexualidades Elizabeth Gómez Alcorta junto al gobernador Juan Manzur. Con el único anuncio sobre la unificación del sistema de denuncias, no se dio respuesta a los reclamos más urgentes. Así sucedieron dos femicidios en menos de 24 horas y tras el transfemicidio de Vicky Nieva sus familiares denunciaron como en la comisaría se negaron a tomar la denuncia. Además también volvieron las denuncias por la protección al juez Francisco Pisa, denunciado por desestimar las denuncias de Paola Tacacho.
Las medidas tomadas en ese Consejo Federal están por detrás de lo que movimiento de mujeres y disidencias señalan con respecto a la responsabilidad estatal. La creación de refugios, subsidios de emergencia, inserción laboral, plan de viviendas, o como en este caso particular la problemática del consumo de drogas, son medidas materiales elementales que no están en la agenda del Estado por mucho ministerio haya de creado.
Una muestra de ello fue la “Ley de emergencia en violencia contra la mujer” aprobada en 2016 y que el gobierno de Manzur demoró más de 500 días en promulgarla y reglamentarla, en ese plazo hubo 57 femicidios, una muestra más que nuestras vidas no valen nada. Mientras se siguen escuchando anuncios que no implican un efecto real y material en la vida de las mujeres y disidencias, es fundamental impulsar la organización para seguir peleando por Ni una menos. | 
