Durante los años de gestión macrista al frente del INCAA se plantearon diversos reclamos desde los realizadores y trabajadores del cine contra las políticas de ajuste implementadas, expresadas en restrictivos planes de fomento, trámites interminables y trabas burocráticas para las producciones, freno de los pagos e inexistencia de espacios de diálogo. Con distinta intensidad se realizaron acciones, asambleas y espacios de organización del sector. Ante el cambio de gestión con Luis Puenzo y Nicolás Batlle a la cabeza (nombrados por el gobierno nacional) y luego de más de un año y medio de gobierno, con la pandemia que golpea duramente a la actividad, el ajuste continúa.
El área del cine y audiovisual sufre una paralización de la actividad que se expresa en miles de pérdidas de trabajo, rodajes parados, salas cerradas y la enorme caída de los aportes que van al Fondo de Fomento Cinematográfico, que como denuncian múltiples asociaciones y espacios desde el sector, está en peligro de desaparecer. El hecho es que un artículo de la ley de presupuesto votada en 2017 bajo el gobierno de Macri pone una fecha de caducidad para el año 2022 a los recursos que van directo a este Fondo (10% de las entradas de cine junto a un porcentaje de ingresos del ENACOM) y plantea que a partir de esa fecha ingresen a las “rentas generales”, lo cual quitaría los recursos propios del Incaa. Esto sería un golpe más a la Ley del Cine, defendida por la mayoría de los realizadores y trabajadores del sector por la posibilidad que abre a la autarquía del Instituto y el financiamiento de la producción (más allá de que ahora esto esté también paralizado). Miles de firmas se juntan (aquí formulario para firmar) para pedir la derogación de este artículo lo cual es una medida elemental de defensa, pero lo cierto es que depende del actual oficialismo derogarlo: el Frente de Todos puede hoy mismo ponerlo en tratamiento y conseguir la mayoría para tratarlo y no lo hace.
Más allá de las distintas “alas” con las que suelen presentarse los miembros de la coalición gobernante, la política realmente existente y donde nadie patea el tablero es la de no escuchar a los realizadores y trabajadores del cine, favoreciendo a los sectores concentrados nacionales y extranjeros. Hacia ahí se desarrollan las iniciativas del gobierno nacional.
El plan “Contenidos Argentinos” anunciado en abril por el propio presidente Alberto Fernández junto a Tristán Bauer y Lucrecia Cardoso, entre otros funcionarios, dirigentes gremiales y acompañados por importantes empresarios del sector como Adrián Suar, apunta en ese sentido otorgando exenciones impositivas a las grandes empresas de streaming (Netflix, Amazon, HBO) y orientando así la producción en función de sus intereses económicos y de contenidos.
Se suma también la presentación de las autoridades del Incaa de su propuesta de un nuevo Plan de Fomento que actualiza de 25 a 85 millones el costo medio de una película nacional, reclamado hace tiempo por la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), pero no garantiza el aumento equivalente de los ingresos para, al menos, sostener la producción como hasta ahora, lo que significa en los hechos un plan de producción de menos películas en manos de las empresas más concentradas que realizan las grandes producciones (un reclamo que dejaría feliz al diario La Nación que es vocero desde hace años de un plan de reducción y concentración del cine). A este esquema se suman restricciones a la exhibición quitando al cine independiente la posibilidad de realizar estrenos en salas. Un ajuste muy claramente anunciado y una continuidad directa de las políticas del macrismo.
Mientras tanto los trabajadores del Incaa reclaman por su postergado salario y en asamblea rechazaron la vergonzosa paritaria a la baja firmada por las burocracias sindicales de 35% en “cómodas cuotas” y se manifestaron por recuperar todo lo perdido y contra la precarización laboral que también continúa.
La producción cinematográfica no está fuera del espiral de ajuste que surge del acuerdo con los acreedores privados de la deuda argentina y que marcó el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para 2021 en el cual, entre otros ítems, se eliminó el IFE, se redujo el presupuesto de salud y se “dibujó” la pauta de inflación del 29 % que hoy se usa para negociar paritarias a la baja.
Ante esta orientación de lo que se trata no es de regatear el ajuste, sino de salir a enfrentarlo. Para esto los realizadores, técnicos y trabajadores audiovisuales deberemos crear y recrear nuevas formas de lucha y organización que multipliquen nuestras fuerzas. Plantearse un programa alternativo a la altura del ataque que sufrimos, como un impuesto a las OTT (las plataformas de cine y series) que están ganando millones y un plan de fomento con eje en el cine independiente. | 
