Los recientes acontecimientos ocurridos en el NPA, concretamente la decisión de la dirección nacional de esa organización de excluir a la Corriente Comunista Revolucionaria (CCR), nos impulsan a pensar sobre la significación real de esa actitud antidemocrática. El hecho de que dicha expulsión se encubra bajo eufemismo de “exclusión a la participación de las asambleas preparatorias de la Conferencia Nacional”, no cambia el sentido antidemocrático de la acción: una expulsión de hecho de casi 300 militantes de la CCR y adherentes a sus posiciones, algunos de los cuales hace más de 12 años que eran parte del NPA, vulnerando sus derechos democráticos a participar en asambleas generales comunes para debatir la política del NPA y los candidatos para las elecciones presidenciales del 2022.

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Resulta evidente que no cabe la continuidad en la organización de militantes que deben someterse a decisiones que han sido adoptadas sin su participación, cuando se trata de cuestiones importancia política sustancial. Y más aún cuando, de antemano, se conocía la oposición de los “excluidos” al giro a la derecha de la dirección: la asunción por parte del NPA del papel del “sector radical” de la Francia Insumisa, de lo cual las listas para las regionales en Nouvelle-Aquitaine y en Occitanie son un ejemplo; y junto con ello, la renuncia a una candidatura obrera y revolucionaria claramente delimitada de ese Frente en las presidenciales. De forma que esas expulsiones están al servicio de facilitar la adopción artificiosa de esa política por parte de la dirección de la antigua Liga Comunista Revolucionaria (LCR), cuyo peso en la organización se ha vuelto cada vez más minoritario.

A algunas personas puede resultar asombroso que de las controversias por cuestiones políticas en el seno del NPA se haya pasado, por parte de la dirección, al escenario de la imposición de medidas antidemocráticas en el terreno organizativo. Tras las mismas lo que hay es una defensa de posiciones políticas, pero las relaciones de fuerza en el interior de la organización no permiten a la exmayoría del NPA la victoria en la base militante. Por ello se acude a la imposición de medidas antidemocráticas encubiertas para imponer esas posiciones, como fue primero retrasar indefinidamente su Congreso y, finalmente, organizar una conferencia nacional sobre las presidenciales privando de derechos políticos a casi el 25% de sus militantes.

Pero ese asombro no sería tal si se tiene en cuenta que dichos comportamientos no constituyen una excepción en el pasado político de esa corriente, ni siquiera en el de la misma en el Estado español. Veamos.

La concepción de la democracia interna y su conexión con la política en la corriente mandelista: el caso español

La conexión entre el régimen interno de un partido y la política que aplica ha sido planteada en numerosas ocasiones en el marxismo revolucionario, porque tiene que ver con elementos de clase la organización. Un partido revolucionario necesita ser permeable a los distintos estados de ánimo de los trabajadores en los que se basa, especialmente en situaciones en las que se agudiza la lucha de clases; un régimen partidario que no facilite esta dinámica, en muchas ocasiones puede aparecer en los momentos de crisis como un obstáculo que desvíe la iniciativa de las masas.

En el Estado español, la corriente mandelista, llamada así por su principal dirigente desde la posguerra, el ya fallecido marxista belga Ernest Mandel, se planteó en diversas ocasiones la cuestión del régimen partidario, siempre relacionado con el contexto político en el que se enmarcaba y la orientación política que se llevaba a cabo. A finales de los 80, cuando la URSS se desmoronaba, en los sectores de la izquierda española se vivía una crisis ideológica y política profunda por la identificación de ese régimen con el socialismo. Incluso en corrientes como el mandelismo, que supuestamente sostenía los análisis de Trotsky sobre la burocracia soviética y la alternativa a la misma que el revolucionario ruso elaboró en la década de los 30, se vieron afectados por esa crisis y desmoralización ideológica de la izquierda.

La solución que la entonces LCR española buscó a esa situación de crisis y desorientación se situó en el ámbito organizativo mediante la confluencia con una corriente de procedencia ideológica maoísta, el Movimiento Comunista (MC). Una organización que procedía de una escisión obrerista de ETA, pero que se unió a sectores desgajados por la izquierda del PCE, con marcadas tendencias nacionalistas en varias regiones y naciones del Estado español.

La cuestión de la unidad con esa corriente del maoísmo estuvo planteada desde el final de la Transición, pero durante un largo período no había fraguado, sobre todo, porque no había visiones comunes sobre el régimen partidario.

El MC no estaba de acuerdo en que en el marco de las discusiones dentro del partido pudiera haber agrupamientos y tendencias circunstanciales en relación a la política a proponer y votar en el Congreso, de forma que hubiera una amplia democracia interna en su interior. Esas diferencias llevaron a que durante años existiera una unidad de acción entre la LCR y el MC, pero no se concretara un proceso de unificación. Pero, tras la caída del muro de Berlín, cundiendo una fuerte desmoralización de la extrema izquierda, se planteó la “unificación orgánica” de ambas organizaciones como forma de escapar de esa situación de crisis. Y como no se llegaba a un acuerdo con el régimen del partido unificado, decidieron juntar los organismos de dirección partidaria y establecer el consenso como criterio de resolución de las diferencias, es decir un método ajeno a un régimen revolucionario de democracia interna en el partido. Además, esa organización unificada reprodujo una política de supeditación a la estrategia de conciliación de clases del independentismo vasco, así como la estructuración como una federación de organizaciones de las distintas naciones del Estado español, desligado la actividad y orientación de cada una de las federaciones.

Tras este “acuerdo”, la organización unificada tuvo una existencia de dos años, para finalmente estallar en múltiples rupturas y organizaciones. La política de buscar una unificación orgánica rápida al servicio de la superación de la crisis y la desmoralización producida por los acontecimientos del Este, determinaron el abandono por la LCR de un régimen partidario democrático. Esto tuvo como consecuencia la liquidación de esa organización por muchos años.

Los herederos de la LCR no sacaron ninguna conclusión revolucionaria de esa experiencia. Después de estar casi una década dentro de Izquierda Unida, formaron Izquierda Anticapitalista (IA) en 2009. Si bien esta era una versión menos amplia que el NPA -a diferencia de Francia en el Estado español no permitieron la integración de ninguna otra corriente que no fuera de su propia cuerda-, en poco tiempo se embarcaron en la construcción de la organización neorreformista PODEMOS. Un experimento cuyo programa nunca fue más allá de meras reivindicaciones sociales limitadas -sin medida anticapitalista alguna- y una estrategia regeneración democrática, aceptando como premisa la unidad del Estado español.

Junto con la moderación del programa y el abandono explícito de una estrategia revolucionaria, la cuestión del régimen partidario volvió a plantearse, sobre todo cuando se plantea la homogenización de la organización bajo la supeditación de los “círculos” (los equipos de base del nuevo partido) a la dirección de Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, y la imposición por parte de Iglesias de la disolución de Izquierda Anticapitalista como organización partidaria.

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Aunque ello implicaba una imposición antidemocrática, IA realizó un congreso donde aceptó la disolución, porque de lo contrario hubiera significado la finalización de su participación en PODEMOS ya que les impedían tener candidatos. El sector de IA que se opuso a dicha disolución, fue expulsado -poco después formó un grupo andaluz llamado IZAR-, eso sí utilizando diversos eufemismos para encubrir la naturaleza disciplinaria de la exclusión, bajo fórmulas como que “la actividad de esos sectores se situaba por fuera de la nueva organización”, solo por defender sus posiciones contra la mayoría de la dirección que estaba liquidando el partido.

Irónicamente, la organización hermana en Francia de IZAR, Anticapitalisme et Revolution (A&R), ha avalado la utilización de estos mismos métodos contra la CCR, actuando como cómplice de la misma dirección que expulsó a IZAR de la corriente internacional del mandelismo, el llamado “Secretariado Unificado” (SU).

En muchas ocasiones para que una política oportunista sea aceptada por la militancia de una organización, sólo puede serlo a través de medidas organizativas antidemocráticas contra los sectores que las enfrentan, porque permitir la discusión libre y democrática puede conllevar el rechazo de la misma. Hay pues una conexión estrecha entre la política que se levanta, y que concreta la independencia política de la clase obrera, y los canales organizativos para que los militantes la discutan y la acepten. En la trayectoria política del mandelismo, cada giro a la derecha fue siempre precedido por un giro burocrático de su régimen interno. La crisis del NPA no es una excepción.

En el NPA se enfrentaron dos proyectos de partido y dos métodos de organización revolucionaria opuestos. Hoy, tras haber sido excluidos burocráticamente del NPA, las y los camaradas de la CCR, junto a otros colaboradores y adherentes, se han embarcado en la empresa de construir una nueva organización revolucionaria. Lo hacen sobre la base de defender un programa de independencia de clase, contra el liquidacionismo de la dirección del NPA y con el objetivo de sentar las bases para poner en pie un gran partido revolucionario de las y los trabajadores en Francia. Esperamos que cada vez más trabajadores y jóvenes se sumen a esta batalla estratégica que comienza.