La sala contenciosa administrativa del Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos contra los 9 indultos aprobados en el Consejo de ministros y ministras el pasado martes. Esta ha sido la respuesta del alto tribunal, el mismo que condenó hasta a 13 años de cárceles a los presos políticos del juicio del procés. La decisión la ha tomado solo un día después de su puesta en libertad.

La sala ha dado un plazo de 20 días para que el ministerio de Justicia presente los informes de los indultos. Con este trámite se pone en marcha la estrategia jurídica de las tres derechas para tratar de revertir la salida de prisión de los 9 dirigentes independentistas. Vox ha presentado hoy mismo uno y el PP, conocida la admisión del recurso, ha anunciado también que se sumará con dos recursos, uno a nombre del partido y otro a título personal del mismo Casado.

En el caso del recurso de Ciudadanos, también se presenta a nivel individual a nombre de Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José maría Espejo, los tres diputados en el Parlament catalán en el otoño de 2017. En su escrito piden la suspensión cautelar de la puesta en libertad. Justifican su recurso en una supuesta violación de su “derecho de participación política” como diputados. Lo hacen sin sonrrojarse, siendo parte del bloque del 155 que disolvió la cámara catalana, a todo su gobierno, lo encarceló e impidió, por medio de la justicia, la investidura de hasta 3 candidatos.

Vox por su parte ha presentado el recurso como partido, esperando que sea también admitido por haber sido, junto a la Fiscalía nombrada por el PP y la Abogacía del Estado del PSOE, parte de las acusaciones en el juicio del procés.

La derecha espera poder encontrar una alianza en la Judicatura para bloquear la vía de distensión llevada a delante por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos junto a los partidos procesistas. Con la concesión de los indultos, Sánchez espera poder consolidar una vuelta a la normalidad autonómica, sellando la negación del derecho a decidir y manteniendo las causas contra más de 3000 personas procesadas por el referéndum del 1-O y las movilizaciones independentistas de los últimos años.