¿En los últimos meses, vos o un amigo/a de tu edad se cruzó con la policía y qué pasó?
Esa fue la pregunta a la que 181 mil adolescentes de 13 a 17 años manifestaron haber sido parados por la policía en nuestro país durante la segunda ola, lo que representa un 9 % más en comparación al mismo relevamiento realizado durante octubre de 2020 por el mismo organismo.
A esto se suma que 85 mil de ellos denunciaron que fueron agredidos física o verbalmente por la policía, un 3% más que en el informe anterior. Y casi 50 mil adolescentes fueron detenidos. Este indicador aumentó en un 2 % .
El dato surge de la 4ta encuesta realizada entre el 24 abril y 12 mayo de este año por UNICEF y contiene información comparable con las rondas anteriores de abril, julio y octubre de 2020. Es una investigación representativa de todos los hogares con niños, niñas y adolescentes que viven en el país [1].
El relevamiento abarca las siguientes dimensiones: Percepciones sobre la cuarentena, Prevención, Síntomas, Ingresos del hogar, Acceso a transferencias Sociales, Alimentación, Educación, Situación y dinámicas del hogar, Violencia, Actividades en el hogar, Medios de información y contiene dos módulos específicos para mujeres y adolescentes de 13 a 17 años.
Si bien esta encuesta hace referencia al impacto de la segunda ola de la pandemia en nuestro país. La intervención estatal hace varios años fomenta una planificación urbanística con una fuerte presencia de fuerzas represivas. Esto quiere decir que los cacheos arbitrarios, las requisas degradantes, las humillaciones constantes y golpes “aleccionadores”, forman parte del escenario en los barrios donde habitan los adolescentes y jóvenes que fueron y son objeto predilecto de la persecución punitiva del Estado.
En la provincia de Buenos Aires los últimos datos del INDEC muestran un ascenso exponencial de la pobreza en los partidos del Gran Buenos Aires. Establece que hay un 51% de pobres y un 15,2 % de indigentes, pero esa cifra es mayor cuando hablamos de la situación de pobreza en la que se encuentran las infancias y adolescencias. En el conurbano llegó al 72,7 % a fines del 2020 superando el promedio nacional del 65%.
Es decir que siete de cada diez pibes son pobres y esto tiene responsables. Son los dirigentes políticos que repiten sus caras en boletas de elección en elección y que no tienen nada bueno para ofrecer a las generaciones futuras.
Son los que a la hora de pensar en las infancias y adolescencias de nuestro país, de manera oportunista y por especulación electoral dicen “presentar y armar proyectos” para bajar la edad de imputabilidad juvenil. Muchos de ellos son los que recorren los pasillos del congreso sin ninguna “grieta”, como buitres que quieren aprovecharse de lo que ellos mismos generan, mano de obra barata, descartable y pibes en situación de pobreza.
Por eso es importante que los adolescentes y la juventud muestren el potencial enorme que tienen para conquistar sus derechos y revertir prioridades y organizarse desde cada escuela secundaria, terciario, universidad, lugar de trabajo y barrio contra la estigmatización y criminalización de la juventud.
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