El servicio ya empezó en varios países con una velocidad de 50 a 150 Mb y latencia de 20 a 40 milisegundos aunque, en un futuro, se garantizará que llegue a 1 Gb de velocidad, lo cual es extremadamente superior a los proveedores actuales.

Lo anterior se anunció junto al precio mensual de lanzamiento que será de 99 dólares, lo que equivale a 1.960 pesos con 51 centavos, es decir, a más del 46% del salario mínimo mensual, haciendo imposible su adquisición por las familias trabajadoras.

No obstante, este no sería el único impedimento para que un trabajador cualquiera adquiera el servicio. Según la empresa, también se debe comprar una terminal que sea capaz de recibir la señal, la cual tendrá un costo de 9,896.67 pesos mexicanos, es decir, más de dos meses enteros de salario mínimo.

A pesar de que Elon Musk dijo en sus primeras conferencias que el precio de Starlink iría bajando conforme más personas fueran adquiriendo el servicio, los precios de lanzamiento nos demuestran este tipo de adquisiciones sólo son asequibles para un pequeño sector de la población.

Aunque hoy podemos hablar de que Starlink será para unos pocos que lo puedan pagar -pues se posiciona en la cima de los precios-, la realidad es que no todos tienen acceso al internet.

A inicios de 2020, antes de que se decretara el confinamiento por COVID-19 y comenzaran las clases en línea y el homeoffice, según el INEGI, casi el 25% de la población de las ciudades no tenía acceso al servicio. La cifra aumenta a casi el 55% si hablamos de las zonas rurales.

Hoy, en el 2021, el porcentaje de la población mexicana con acceso a internet creció un 7%, cosa adjudicable a la cuarentena de más de un año, donde miles de familias se endeudaron, ya sea por la pérdida de empleos o recortes de salarios, para pagar el servicio frente a la necesidad de seguir con sus estudios o trabajos.

En las comunidades rurales, como vemos, hay menos acceso a internet y uno de los factores es la falta de infraestructura, problema que Musk dice resolver, pues su producto es ideal para esas poblaciones, aunque claramente no voltea a ver la escasez de solvencia económica de la que carecen.

Lo que está a reflexión es que el gobierno de la 4T permite que sigan llegando ofertas para contratar el servicio mientras no resuelve, de ninguna manera, que todo joven y trabajador tenga un servicio de internet –ya ni decir, por lo menos, decente- para impedir que millones de estudiantes tengan que dejar la escuela, o para que los docentes y trabajadores no tengan que poner de sus de por sí bajos salarios para comprar lo necesario para el homeoffice en el marco de la pandemia.

Sin embargo, lo anterior no es de extrañar, pues con la imposición de las clases en línea sin garantizar lo necesario –como internet o computadoras personales- se demuestra que poco importa para el gobierno la educación mientras los trabajadores siguen en las fábricas y demás centros de trabajo expuestos al virus y que, por el contrario, deja fluir un sistema que pone por delante las
ganancias de los dueños de las grandes empresas que, por ejemplo, se dedican a distribuir, importar y producir tecnología para el uso personal.

La única manera de revertir las prioridades es que la clase trabajadora luche para poner por delante sus intereses en lugar de los de los grandes empresarios que lucran con las necesidades de la población. Garantizar internet o lo esencial para las actividades académicas y laborales, así como lo necesario para vivir dignamente, sólo va a ser posible con una organización de trabajadores que esté a la altura de enfrentar los intereses de acumulación de dinero de los empresarios y la subordinación de los gobiernos [1].

En una segunda nota hablaremos más a profundidad de la tecnología que propone Starlink y de los escándalos que ha ocurrido entre la comunidad científica que no ven con buenos ojos el proyecto.