Es bien sabido que un ala de la derecha se refugió en el organismo autónomo para poner un dique al poder político del partido gobernante. Por el otro lado, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador trata de imponer su agenda, que, si bien tiene una fuerte retórica progresista, en la vía de los hechos no ha cambiado las condiciones de vida de millones de mexicanos.

Es importante no olvidar que el INE es el guardián de un sistema autoritario que proscribe a las organizaciones obreras y de izquierda, es decir, mientras el Instituto garantiza la participación política a los partidos patronales ya existentes o se hace de la vista gorda respecto al financiamiento de dudosa procedencia, establece trabas legales que vuelve casi imposible conseguir candidaturas independientes y que representen los intereses del pueblo trabajador.

La consulta popular

Ahora la lucha entre estos actores políticos se desplaza al terreno de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes por delitos que haya cometido durante sus mandatos. Mario Delgado, presidente de Morena, acusó al INE de no dar suficiente difusión a la consulta, el dirigente partidista declaró que:

“No les gusta -a veces- a algunos que digamos que la autoridad electoral tiene que renovarse, porque no está a la altura del momento histórico que vive nuestro país, del deseo del pueblo de México de vivir en democracia, y una vez lo demuestran. Después del papel que tuvieron en esta elección del 2021, haciéndole el juego al PRIAN, ahora están -claramente- obstaculizando este ejercicio”

Esta declaración deja entrever la intención de Morena: modificar la composición del INE y sus leyes orgánicas. Pero no con el objetivo de volver más democrático al sistema político mexicano, sino para colocar a funcionarios leales al gobierno y el oficialismo, que no obstaculicen las reformas que se promueven desde el ejecutivo.

Por su parte, Lorenzo Córdova, presidente del INE, contesto que el Instituto a su cargo va a “cumplir a la ciudadanía”. Córdova precisó que la consulta ciudadana tendrá un costo de 500 millones de pesos, debido a que al INE no se le quisieron otorgar mayores recursos económicos para su realización. Luego, el funcionario comentó:

“Es la primera vez que vamos a tener una consulta en serio en este país y ojalá no sea vista por algunos actores políticos como un pretexto para deslegitimar a la institución que más confianza tiene de parte de la ciudadanía en este país, que es el INE.”

Este cinismo es enorme. El INE, quien avaló fraudes electorales, impide candidaturas independientes y, por si fuera poco, Lorenzo Córdova junto con una camarilla de altos burócratas reciben sueldos millonarios mientras la mayoría de las y los trabajadores sufrimos la precariedad laboral.

Claramente el impulso de esta iniciativa de consulta popular, es un punto de apoyo para López Obrador pues espera capitalizar a su favor el hartazgo a décadas de políticas antipopulares de los gobiernos anteriores: según algunas encuestas el 78 por ciento de la población estaría a favor de enjuiciar a los exmandatarios. Por ello es que Vicente Fox y otros personeros del PRIAN llaman a que no se participe en este ejercicio.

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En ese contexto, diversas organizaciones, como por ejemplo el Comité 68, han rechazado este tipo de consultas por considerarlas una simulación, pues argumentan, que la justicia no se consulta. Los crímenes cometidos por cualquier servidor público, en este caso, los expresidentes, por su gravedad deben ser investigados en automático y castigar a los responsables, ya que cabe la posibilidad, de que se siga manteniendo la impunidad, pues la ley de la consulta estatuye que para que el resultado sea obligatorio es necesario que participe, al menos, 40% de los integrantes de la Lista Nominal; es decir, un poco más 37 millones de ciudadanos.

Por eso, al mismo tiempo que comprendemos la simpatía que la consulta pueda generar en amplios sectores de la población, decimos que la justicia no vendrá de las Instituciones del Estado, debe ser conquistada en las calles, a través de la movilizacion independiente obrera y popular, para imponer que se juzguen y castiguen a los represores del pasado y presente.