La producción de cobre de Minera Escondida en los primeros tres meses de 2021 alcanzó un total de 256.227 toneladas, compuestas por 209.592 t de cobre contenido en concentrados y 46.635 t de cátodos de cobre. Ello significó una reducción de 14% en comparación con el mismo período del año 2020, cuando la producción fue de 297.219 toneladas. Sin embargo, los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron US$2.384 millones, lo que representó un aumento de un 88% en comparación al mismo periodo del año pasado. Esto se debió principalmente al mayor precio del cobre, que recordemos durante al año alcanzó niveles históricos.

Los costos fueron de US$967 millones, cifra muy similar a la del mismo periodo del año 2020. El resultado por actividades de la operación fue un ingreso de US$1.417 millones, lo que representó un aumento del 370%. Entre enero y marzo Minera Escondida contabilizó impuestos a la renta e impuesto específico minero por un total de US$430 millones, un 408% más que en el año 2020. A esto se agrega el pago de US$121 millones en impuestos por distribución de dividendos. En consecuencia, la ganancia neta del periodo fue de US$974 millones, un 411% mayor a la obtenida en igual período de 2020.

El cobre es el recurso natural más estratégico que tiene el país, constituye casi la mitad de las exportaciones, después del IVA, siendo responsable de los mayores ingresos fiscales. Sin embargo, es una enorme riqueza que está en manos de grandes multinacionales y grandes fortunas, como Escondida, BHP o los Luksic, grandes empresarios que saquean nuestros recursos, contaminan el medio ambiente y explotan a los trabajadores, y para colmo han pateado la discusión del royalty, buscando defender sus propios intereses y ganancias, las que en medio de la pandemia han aumentado a costa de la exposición de las y los trabajadores junto a sus familias y a la flexibilidad del trabajo.

Frente a la pandemia que no da tregua, debido al mal manejo del gobierno de Piñera, con una tasa de desempleo que se mantiene sobre el 10%- y en el caso de Antofagasta alcanza el 10,6%- hace más de un año, miles de trabajadores suspendidos producto de la Ley de Protección al Empleo, votada por los partidos de los 30 años, incluyendo al Partido Comunista y el Frente Amplio, millones trabajando informalmente, observándose incluso desnutrición infantil; la propuesta del royalty es una medida mínima, con la que buscan generar planes sociales mínimos, que realmente son migajas frente a las millonarias ganancias que se apropian los dueños de las minas.

Es por ello que frente a la crisis sanitaria y económica, se requiere un Plan de Emergencia a base de impuestos extraordinarios a las grandes fortunas mineras, pues con tan sólo un 20% de impuesto a todas las grandes mineras privadas nacionales y transnacionales, se podría aumentar la contratación de trabajadores de la salud para acabar con la gran sobrecarga laboral que viven, dar una solución al problema de la cesantía, destinar recursos para sueldos de emergencia equivalentes a la canasta básica familiar para todos quienes estén desocupados o suspendidos, destinar recursos para aumentar la capacidad de trazabilidad en los consultorios para así poder controlar los contagios, aumentar la capacidad de exámenes PCR, entre otras.

Frente a lo anterior, es fundamental que todos los organismos sindicales de la minería, la industria, los servicios y las centrales como la CUT, se sumen a organizar una gran campaña por este Plan de Emergencia. Pero incluso, con las demandas de octubre 2019 no cumplidas y actualmente con una mayor precarización de la vida, de cara a la Convención Constitucional, las y los trabajadores junto a poblaciones y barrios, deben organizarse para ir por una pelea mayor, como la recuperación de los recursos estratégicos como el cobre y el litio, los cuales deben ser nacionalizados sin pago a quienes lo han saqueado, gestionado por sus trabajadores junto a las comunidades y profesionales, única vía real para resolver las necesidades sociales de salud, educación, vivienda, pensiones, entre otros.