Este domingo tuvo lugar una histórica jornada con el inicio de la Convención Constitucional en Chile. El día, sin embargo, lejos de ser una “fiesta de la democracia”, como intentó pintarla el régimen, comenzó con la represión a la movilización por la libertad de las y los presos políticos, la interrupción de la sesión de apertura, tensiones, incertidumbre y luego la elección de Elisa Loncón y Jaime Bassa como presidenta y vicepresidente de la instancia. Al final de este día, Loncón anunció que se partiría discutiendo la amnistía de las y los presos políticos de la rebelión este lunes.
Si el objetivo de la Convención Constituyente es conquistar las demandas de Octubre del 2019, el sinsentido más grande sería seguir bajo la tutela del gobierno de Piñera y dándole aún más espacio a la derecha
Pero el intento de boicot del Gobierno de Piñera fue mucho más allá de esa represión inicial. La sesión que partiría ayer lunes a las 15 horas y en la cual se discutiría la ampliación de número de vicepresidencias y la amnistía de las y los presos políticos, fue suspendida debido a múltiples impedimentos técnicos y sanitarios que el gobierno no aseguró y que tenía la responsabilidad de asegurar a través de sus operadores políticos. Entre estos, fallas en micrófonos e imposibilidad de transmisión sala a sala para la sesión, mientras se desarrollaba en las inmediaciones una manifestación de familiares y amigos de presas y presos políticos.
Con estos hechos en los inicios del proceso, es de suma importancia observar lo que ocurre tras bambalinas. Y es que el gobierno, a través del subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez, y el secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, Francisco Encina, están empujando a la dirección de la Convención a caer en las trampas de la vieja política. Entre ayer y hoy han llevado adelante al menos dos reuniones a puertas cerradas y enturbiando la supuesta transparencia de la que gozaría la Constituyente. El pueblo no eligió convencionales para que replicaran la vieja política y el gobierno también se juega el boicot desde el desprestigio. ¡A no caer en las trampas del gobierno! ¡No más reuniones a puertas cerradas y sin transmitir a la población!
El Gobierno hará de todo por boicotear el proceso constitucional, por restringir las atribuciones de quienes hemos elegido, incluso con todas las trabas en contra que implica el Acuerdo por la Paz y el sistema electoral. Y además del bloque de la derecha que tienen dentro para poder maniobrar la correlación de fuerzas a su favor, Piñera tiene a sus operadores políticos Encina y Pavez. Además de eso tienen la experiencia de haber sentado al Frente Amplio a negociar con ellos, los represores.
También se ha abierto la discusión de ampliar el número de vicepresidencias para darle espacio a “todos los sectores representados en la Convención”. Con una derecha y un Gobierno que lo único que quieren es mantener lo más posible la Constitución heredada del pinochetismo, entregarles más atribuciones sería uno de las peores decisiones que podrían tomarse. A la derecha no hay que cederles ni un centímetro dentro ni fuera de la Convención. Lejos de ser una cuestión “democrática”, como nos quieren convencer, sería abrirles las puertas a la injerencia de los más antidemocráticos y de defensores de violadores de DD.HH.
El Gobierno y la derecha harán todo lo posible, y usarán todos los medios que tengan a su alcance para impedir la destrucción de la constitución que les legó el dictador Pinochet. Si el objetivo de la Convención Constituyente es conquistar las demandas de Octubre del 2019, el sinsentido más grande sería seguir bajo la tutela del gobierno de Piñera y dándole aún más espacio a la derecha. ¡Que la Convención rompa con el gobierno! ¡Ninguna injerencia de Piñera ni de sus secuaces en la Convención! ¡Que la Convención tome sus propias decisiones ejecutivas!
Para ello la Convención debe declararse soberana y no permitir ni un día más que se intente montar la ilusión de una “fiesta de la democracia” con presas y presos políticos de la rebelión y del Wallmapu en las cárceles.
El Estado y todos sus poderes intentarán decir que es ilegítimo que la Convención se tome otras atribuciones, pero lo ilegítimo es que un gobierno con 10% de aprobación esté boicoteando y manipulando la Convención. Lo ilegítimo es que la decisión de que las y los presos políticos salgan o no, esté en manos de jueces que nadie elige y que encarcelan la pobreza. Lo ilegítimo es que la Convención tenga que sí o sí pedirle el indulto a quienes año tras año legislan pensiones y sueldos de hambre para la inmensa mayoría del pueblo y la clase trabajadora.
La Convención, aún con todas sus trampas, tiene un 53% de confianza entre la población, incluso en una encuesta afín al gobierno como Cadem, mientras que el congreso tendría un 20%. La convención es mil veces más legítima que el gobierno de Sebastián Piñera y los poderes del estado que en lo estructural mantienen la herencia de la dictadura. Si asumiese la soberanía, convocase a movilizar y a enfrentar a esos ilegítimos poderes del estado ligados a la herencia de la dictadura, tendríamos la fuerza suficiente para conquistar un proceso realmente democrático y sin trabas.
La cuestión queda así planteada: O la Convención se declara soberana y decreta la liberación de las y los presos políticos, o el gobierno, los poderes del estado y el viejo régimen le pasan por encima, como ya lo han dejado demostrado estos últimos dos días. | 
