Se trata de la “proclama 9 de julio”, que es la tercera impulsada por un grupo alineado al kirchnerismo de dirigentes políticos, sindicalistas y periodistas, entre otros, que vienen de lanzar previamente una el 25 de mayo y otra el 20 de junio.
Entre los firmantes se encuentran la diputada Fernanda Vallejos, el senador Jorge Taiana, el juez Zaffaroni, Roberto Baradel, secretario general del gremio docente bonaerense SUTEBA, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE a nivel nacional, o Daniel Catalano, el secretario general de ATE en Capital, y los empresarios Guillermo Moretti (UIA) y Pedro Salas (de la Rural de Córdoba). Un grupo de dirigentes completamente afines a la figura de Cristina Kirchner y que, muchas veces, parecieran hablar en su nombre.
El diagnóstico de la situación no escapa a lo que se puede ver en la calle, los barrios y los lugares de trabajo: “La crisis no es igual para todos. Hay claros perdedores y ganadores. La desigualdad entre los más ricos y los más pobres ha aumentado en forma inédita. El salario promedio ha perdido, desde el 2015, más de un cuarto de su poder de compra”. A lo que suman que "Argentina tiene más del 42% de la población por debajo de la línea de pobreza, más del 10% en la indigencia y más del 22% de las trabajadoras y trabajadores activos desempleados o subocupados”.
Ante la brecha entre ricos y pobres, y el deterioro social que se profundizó durante la pandemia, señalan que las respuestas contra esa desigualdad “corresponden al ámbito de la decisión política: los cambios en las relaciones distributivas nunca provienen del devenir mercantil”. Cabe preguntarse entonces: ¿qué decisiones políticas frente a la herencia macrista y la crisis desatada por la pandemia tomó el Gobierno?
“El objetivo central debe ser lograr la armonía social” afirman, proponiendo medidas como “el crecimiento de los salarios e ingresos por encima de la inflación”. Palabras que solo buscan contener el malestar social que hay producto de la crisis, pero que en los hechos están lejos de ser una realidad para la mayoría trabajadora. Por dar un ejemplo, los ingresos de las jubiladas y los jubilados, vienen de caer un 13% en términos reales en el último año. Esa caída no vino del cielo, se produjo gracias a la ley previsional impulsada en diciembre de 2020 por el Frente de Todos que ajustó la fórmula de movilidad, y que fue votada ni más ni menos por firmantes de la proclama como Fernanda Vallejos o Jorge Taiana.
Una situación similar ocurre con los salarios, que mes a mes pierden contra la inflación. A la voracidad de los empresarios que suben los precios para aumentar sus márgenes de ganancias, se le suman los sindicatos que firman paritarias por debajo de la inflación.
Los salarios del sector público, según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), durante el 2021 sufrieron una pérdida real del 7,9%. Mientras el salario pierde la pelea contra los precios, gremios como docentes y estatales firmaron paritarias a la baja. Son aquellos sindicatos que dirigen quienes firman la proclama, como Roberto Baradel (SUTEBA), Hugo “Cachorro” Godoy, (ATE nacional), o Daniel Catalano (ATE Capital). Una situación completamente distinta a la que pudo verse en Neuquén, donde los trabajadores de la salud se organizaron desde abajo contra la burocracia sindical, para conquistar un aumento superior al 50%, reclamo que también están tomando hoy los trabajadores del Hospital Garrahan.
Según el estudio de la OPC citado, los programas sociales sufrieron durante el año una caída del 41,5%, fundamentalmente por la quita del IFE. Una política económica opuesta por el vértice a atacar los intereses de los más ricos. Muy por el contrario, durante un año y medio de mandato se vio al Gobierno de Alberto Fernández retroceder ante el fraude de la empresa Vicentín, recientemente ante los pedidos del laboratorio Pfizer, o también ante los especuladores, con los continuos pagos de deuda que fueron al bolsillo de unos pocos. Débiles con los poderosos y casi nulas respuestas a la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país.
La proclama firmada, señala “el peso de una deuda externa irresponsablemente contraída y concedida, cuyo destino no fue otro que la fuga de capitales de una ínfima minoría, al costo de reeditar el vínculo de sometimiento del país con los acreedores internacionales". Sin embargo, lejos de romper ese sometimiento, el ajuste presupuestario con Guzmán a la cabeza y la política del Gobierno más bien apuntan a “ordenar las cuentas” en función de pagar la deuda. Desde que asumió Fernández, hasta mayo de este año, se pagaron alrededor de U$S 6.500 millones según la OPC, para los compromisos con organizaciones internacionales de crédito (como el FMI) y deudas contraídas con otros Estados. Una suma que sería equivalente a una ronda de IFE para 11 millones de personas por $ 50.000.
Con proclamas como esta un sector del kirchnerismo busca aparecer como “crítico” de la orientación del Gobierno, pero en los hechos apoya y sostiene la orientación de ajuste que lleva adelante. Esto no es más que una verdadera división de tareas, que tiene como finalidad contener dentro de la coalición gobernante a los sectores que empiezan a ver críticamente el ajuste en curso.
Por eso es fundamental aprovechar la campaña electoral para abordar profundamente estos debates y contraponer a esta realidad una salida favorable para las grandes mayorías trabajadoras y populares. En ese camino el Frente de Izquierda Unidad volverá a pelear por plantear una alternativa, que pueda emerger como una potente tercera fuerza frente al fracaso de la derecha macrista y el desencanto creciente con el Gobierno, planteando como punto de partida la investigación de esa deuda odiosa y su desconocimiento soberano, para invertir las prioridades y empezar por destinar mayores recursos a salud, educación y partidas sociales, en medio de la grave crisis social y sanitaria.
Los recursos están, de lo que se trata es de tener la voluntad política y afectar los intereses de los pocos ganadores de siempre que se enriquecen a costa del sufrimiento de millones. Una orientación muy distinta a la de quienes firman la proclama pero avalan con sus hechos la política ajustadora del Gobierno. |
