La semana pasada la ministra de Economía y Finanzas de Uruguay, Azucena Arbeleche, entregó al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. El mismo ingresó por la Cámara de Diputados y será tratado en Comisión a partir del lunes 12. Posteriormente pasará a Cámara de Senadores y si hay cambios deberá volver a diputados para el estudio final.
El gobierno de Lacalle Pou pone de excusa a la pandemia para hablar de una propuesta de incremento de gasto “casi 0” pero incluye algunas medidas de corte neoliberal.
El presidente y la ministra Arbeleche pretenden mostrarse sensibles con la primera infancia y con las personas que viven en asentamientos y han hecho algunos anuncios para estos sectores, pero se trata de medidas totalmente insuficientes y, en el caso de los asentamientos, a costa de quitar dinero a otros sectores que también lo requieren.
En un contexto de agravamiento de la situación socioeconómica del país, con más de cien mil nuevos pobres, pérdidas salariales y de fuentes laborales, el incremento de gasto cercano a 0 no hace más que agravar la situación de pobreza de amplios sectores de la población.
Al igual que sucedió con la Ley de Urgente Consideración (LUC), cuando Lacalle Pou forzó un mecanismo constitucional que se prevé para cuestiones urgentes con el único fin de comenzar con el ajuste antipopular y los recortes; en esta Rendición de Cuentas también hay artículos que exceden lo presupuestal (función que tiene el mecanismo de Rendición de Cuentas) para meter “de contrabando” propuestas que no tienen que ver con aspectos presupuestales.
No hay plata para salud y educación
El proyecto de Rendición de Cuentas realiza diversas propuestas en distintas áreas, continuando con la línea que el gobierno ya viene implementando desde su asunción, con la LUC y el presupuesto quinquenal elaborado en 2020.
En Salud, a pesar de haberse incrementado la población atendida por ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) en más de cien mil nuevos usuarios no hay aumentos de partidas, lo que significa que disminuye el dinero per cápita que destina el Estado para la atención sanitaria.
Algo similar sucede en la Educación pública donde a pesar de los pedidos de la propia Administración Nacional de Educación Pública (había solicitado más de 32 millones de dólares para este año) y de la UdelaR, no hay rubros destinados a estos sectores.
Que no existan aumentos a la salud y la educación pública muestran que las prioridades del gobierno no son los sectores populares. No es la misma actitud que tiene con los empresarios, sector que ha sido auxiliado con diversas medidas para proteger sus ganancias desde que comenzó la pandemia.
En este contexto de deterioro de la salud y la educación, así como de pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y los salarios reales (tanto públicos como privados) el gobierno se propone aumentar los sueldos de altos funcionarios y el propio Lacalle Pou.
De aprobarse los artículos 7 y 286 de esta Rendición de Cuentas los adscriptos de los directores generales de Secretaría de los ministerios (18 en total y que son cargos de confianza de cada gobierno) y el presidente de la Nación tendrán habilitados aumentos en sus (ya altos) ingresos.
El gobierno favorece al sector privado
Algunas de las otras propuestas contenidas en la Rendición de Cuentas son para favorecer al sector privado.
El artículo 281 habilita que las dependencias estatales depositen sus fondos en bancos privados; lo que tendrá un fuerte impacto en las ganancias de la banca oficial, además de reducir la capacidad de realizar políticas crediticias con objetivos de desarrollo (aspecto que el sector privado no realiza ya que solo se guía por el objetivo de la rentabilidad).
El artículo, que promueve en definitiva la participación de la banca privada, se suma a la no reposición de vacantes en la banca oficial, por lo que a fines de 2021 se habrán perdido cerca de 800 puestos.
Algunas otras medidas también favorecen indirectamente a los empresarios, como por ejemplo la propuesta de la eliminación de la obligación de mezclar biodiésel con el combustible crudo que tiene Ancap para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para el gobierno esto implica un “sobrecosto” en el precio del combustible que es usado centralmente por algunos sectores productivos por lo cual significará un abaratamiento para estos consumidores del producto.
El impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que anunció el gobierno para compensar la eliminación del biodisel no incluye muchas fuentes que generan ese gas, tales como el diesel, el queroseno o las naftas para aviones.
Si bien no hay cambios en los impuestos, algunos artículos generan modificaciones que benefician a grandes medios de comunicación, en particular los dueños de canales de TV y cables del interior: El artículo 255 incluye a este sector en una exoneración que ya gozaban las empresas periodísticas y de radiodifusión, que exoneran aportes nacionales y departamentales, así como aportes patronales al BPS.
En el MIDES el reemplazo del Programa Uruguay Trabaja por el Programa Accesos traerá nuevas ventajas a los empresarios. Si anteriormente los programas laborales estaban acompañados por ONGs, desde ahora las empresas privadas tendrán un mayor protagonismo, pudiendo contar con trabajadores “pagos” por el MIDES o exonerar aportes patronales y acceder a otros beneficios.
Los asentamientos y las omisiones de las obligaciones del Estado
En relación al promocionado plan de erradicación de asentamientos la Rendición de Cuentas crea un fideicomiso para la regularización y relocalización que se financiará con dinero que se le sacará al Instituto Nacional de Colonización. Es decir que no se trata de recursos genuinos sino que el gobierno solo redirige partidas afectando otra área que también es importante.
Los artículos 295 y 296 del proyecto presentado por la ministra Arbeleche pretenden evitar que el gobierno tenga que hacerse cargo de multas por incumplimientos de sentencias judiciales.
La derecha que siempre se esfuerza por dar “seguridad jurídica a los empresarios” y argumenta que debe pagar deudas y compromisos promueve una posición bien distinta cuando se trata de garantizar derechos elementales como el de acceso a la vivienda o a la salud para los trabajadores o sectores populares. Con estos artículos se intenta evitar tener que dar respuesta a las sentencias judiciales que mandatan resolver el problema de la vivienda a los que viven en asentamientos (como sucedió con el fallo judicial referido al barrio Nuevo Comienzo) o cubrir los medicamentos de alto costo que requieren algunas enfermedades en los casos que las personas no pueden pagarlos.
Mayor control social
El artículo 72 del proyecto permite al Ministerio del Interior pueda acceder a información de los clubes cannábicos.
Esta medida amplia facultades de las fuerzas represivas y posiblemente terminará fomentando que las personas accedan al mercado ilegal ante el riesgo que supone el acceso a estos datos. Tal como señala la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (FeCCU) la propuesta surge en un contexto que muestra la corrupción policial relacionada al narcotráfico que existe en nuestro país.
¿Para quien gobierna Lacalle Pou?
La Rendición de Cuentas que presentó la ministra Arbeleche es un paso más que intenta dar el gobierno de la Coalición para cumplir su programa pro empresarial y con ajustes y recortes contra los trabajadores y sectores populares.
Para avanzar en este programa el gobierno ataca en todos los frentes, privatiza donde puede, promueve pérdidas salariales en el sector privado y público, aumenta la represión y el control social y busca un marco jurídico acorde a las medidas que busca imponer.
La LUC (Ley de Urgente Consideración), el Presupuesto, la Rendición de Cuentas, la Comisión de “expertos” que estudia la reforma de la seguridad social son instrumentos y espacios donde quedan plasmadas la visión que la derecha tiene para el país.
Cuenta también con los favores de los grandes medios de comunicación que constantemente difunden los planes del gobierno, sus argumentos y sus puntos de vista.
¿Cómo enfrentar los planes del gobierno?
Son los trabajadores los que pueden dar una respuesta que frene y enfrente los planes del gobierno.
La “oposición” parlamentaria del Frente Amplio no hace cuestionamientos profundos, y en nombre de la unidad nacional o la gobernabilidad solo realiza críticas superficiales y secundarias. Lamentablemente, aún con matices, todo el régimen político comparte los aspectos estructurales de este sistema económico, esta sociedad capitalista que no trae más que miseria y explotación para la mayoría de la sociedad.
La organización y movilización popular son las herramientas de los trabajadores y sectores populares para cuestionar de raíz esta política económica y social.
En esta tarea tiene un papel fundamental el PIT-CNT, pero no es con esta dirección que se puede enfrentar seriamente al gobierno, Hay que recuperar los sindicatos para los trabajadores, para que democráticamente y desde las bases se ponga en marcha un plan de lucha que luche por medidas opuestas a las que promueve este gobierno.
Cuando la situación socioeconómica del país se deteriora se hace más importante aún el aumento del presupuesto para la salud y la educación, así como revertir el proceso de desmantelamiento del MIDES y la eliminación de políticas sociales. Para erradicar los asentamientos es necesario que el Estado ponga en marcha un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores.
Todas estas medidas se pueden implementar si se deja de pagar la deuda externa, se cobran impuestos a las grandes fortunas y se cortan las exoneraciones y subsidios que hoy tienen los empresarios.
Hay que terminar con la fuga de capitales y los negociados de la banca privada, nacionalizando el sistema bancario y el comercio exterior, así como revertir los procesos de privatizaciones que han avanzado en las últimas décadas.
Frente al drama del desempleo y las pérdidas salariales se deben prohibir los despidos y acabar con la precarización laboral, repartiendo las horas de trabajo entre todas las manos disponibles sin bajar los salarios.
Estas son algunas de las medidas que pueden dar una salida desde los trabajadores a esta crisis; un camino opuesto al que quiere imponer la derecha, y que solo se podrá lograr con la movilización y la organización obrera y popular.
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