El escándalo desde que se conoció el envío de material bélico a Bolivia para reprimir la resistencia al golpe de Estado en 2019 sigue teniendo repercusiones. No es para menos. Funcionarios de Cancillería, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, la Aduana (AFIP) y el Ministerio de Defensa y la AFI están de alguna manera implicados por haber aportado por acción u omisión su apoyo al golpe de Estado y la represión a quienes se oponían a él.
Una cronología permite observar que no hay manera de que las "explicaciones" tapen la realidad:
El 20 de octubre de 2019 se realizaron las elecciones presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia. En el escrutinio provisorio el MAS de Evo Morales ganaba con 45,28% de los votos.
Al día siguiente el Tribunal Supremo Electoral oficializó (con 95,63% de los votos escrutados), que Evo Morales había obtenido 46,4% contra el 37,07% de Carlos Mesa, de la alianza de derecha Comunidad Ciudadana, momento en que desde ese sector empiezan las denuncias de fraude electoral.
Ante estas denuncias, el Gobierno de Bolivia convocó al Secretario General de la OEA para que realizara una Auditoría Electoral que comenzaría el 31 de octubre de 2019.
El 23 de octubre Evo Morales denunció que se estaba desarrollando un golpe de Estado en Bolivia con apoyo internacional. Dos días después se confirma oficialmente el resultado y Morales fue declarado ganador de la elección por el Tribunal Supremo Electoral. Con el 99% de los votos escrutados, obtuvo el 47,08% de los votos frente al 36,51% de Mesa. Con esta diferencia de 10 puntos, el dirigente del MAS lograba su reelección.
Como estaba previsto, el 31 de octubre comienza la auditoría electoral de la OEA mientras distintas movilizaciones se desarrollaban en el país y tres unidades policiales se amotinaban en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, pidiendo que se nombre a nombrar nuevos comandantes. Mientras las fuerzas policiales de La Paz, accionaron a favor de los manifestantes opositores.
El 7 de noviembre es cuando el apoyo del gobierno macrista empieza a materializarse. Quien en ese momento era Director Ejecutivo de la ANMAC, Eugenio Horacio Cozzi, modificó la regulación de la Agencia para la Salida Definitiva o Temporaria del Territorio Nacional de materiales controlados.
Tres días después la OEA publicó el resultado del informe preliminar sobre la auditoría de las elecciones generales en el que exige la anulación de las presidenciales de octubre y la realización de nuevos comicios. Tras esto, las Fuerzas Armadas y la Policía le piden la renuncia, obligando a presentar la dimisión al Presidente Evo Morales.
Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera se exiliaron en México, auxiliados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. La siguiente en la línea de sucesión, Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, también debió presentar su renuncia. Fue así que quedó en funciones la entonces vicepresidenta Jeanine Añez.
La Gendarmería Nacional argentina a través del Comandante Mayor Director de Logística, Rubén Carlos Yavorski, y por orden del Director Nacional de la GNA, Gerardo José Otero, envía una nota a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) solicitando que se autorice el uso del material y equipamiento por parte del Personal de la Agrupación Fuerzas Especiales "ALACRAN" de la GNA en el territorio de la República de Bolivia.
Añez ocupaba el cargo presidencial el 12 de noviembre con el apoyo de las fuerzas armadas tras una sesión legislativa. El mismo día, la Gendarmería Nacional, con la firma de Yavorski, presentó ante la ANMaC un pedido de ampliación del material autorizado, que incluía 70.000 cartuchos antidisturbios. Esa misma noche despega un avión Hércules desde la Argentina.
Al día siguiente llega a Bolivia el Hércules con gendarmes y municiones, mientras el Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Gral. Jorge Gonzalo Terceros Lara, envía una misiva dirigida al entonces embajador de la República Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, en la que agradece por la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas provenientes del Gobierno argentino de Macri.
Quien en ese momento era Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, autoriza el 15 de noviembre la partida de once gendarmes con destino a La Paz, a través de la resolución oficial RS-2019-102620975-APN-MSG. Para cuando la resolución se publicó, los gendarmes ya llevaban dos días en Bolivia. En la resolución se deja establecido que la autorización corre "entre el 12 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020". Ese mismo día ocurre la masacre de Sacaba.
Esta breve cronología muestra como desde el gobierno de Mauricio Macri se apoyó incluso materialmente al golpe de estado en Bolivia. Pero más allá de la denuncia del actual gobierno de Alberto Fernandez contra funcionarios macristas y las más que tibias medidas tomadas, como el pase a disponibilidad de tres gendarmes dispuesto por la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, lo cierto es que a pesar de la enorme gravedad de estos hechos, los responsables políticos continúan como si nada hubiese pasado, sin siquiera ser llamados a declarar, o como el propio Macri que disfruta de una de sus incontables vacaciones en Europa.
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