El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en declaraciones en el diario online Ámbito, se refirió a la problemática social que afecta a los grandes centros urbanos donde vive el 70% de la población: Gran Buenos Aires, Rosario y Gran Rosario, Córdoba y gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y Gran San Miguel; entre otros.
Según el ministro, son tres los problemas nuevos que generó la pandemia. Uno de ellos fue la "nueva pobreza": gente que por primera vez necesitó acceder a los comedores barriales para alimentarse. La semana pasada, Arroyo reconoció que son 10 millones de personas las que reciben asistencia alimentaria mediante comedores y merenderos.
Se refirió también al sobreendeudamiento de las familias. Sobre este problema, el ministro declaró: "el de clase media paga el mínimo con tarjeta y patea para adelante o no paga las expensas, el más pobre va a al financista de la esquina y toma crédito al 200% de interés anual". Según un estudio de Unicef, se duplicó el número de familias con niños que se endeudan para comer.
Entro los efectos "positivos" de la pandemia, reivindicó que no "haya grieta" en los barrios, ya que las organizaciones sociales, las iglesias y las escuelas conforman una gran "red social": "La política social hoy tiene dos grandes ejes de llegada a los barrios: uno es la asistencia alimentaria, otro es la generación de trabajo".
Reivindicó así la Tarjeta Alimentar, "la política más grande en términos presupuestarios" y reconoció que las familias redujeron el consumo de leche, frutas y verduras en un 12% en un año; por lo tanto empeoró la calidad nutricional.Por este tema afirmó: "el problema más grave de la Argentina es el precio de los alimentos".
Sin embargo, el gobierno nacional ha beneficiado a las empresas alimenticias formadoras de precio y a las patronales agrarias mediante todo tipo de subsidios; y además, las políticas como Precios Cuidados ya demostraron ser impotentes frente al aumento de precios.
En cuanto al trabajo afirmó que aumentaron las "changas locales" y reivindicó el programa Potenciar Trabajo, donde las personas tienen que trabajar 4hs en una unidad de gestión (un municipio, una organización social, un ámbito comunitario o un comedor comunitario, o una cámara empresarial): "hay un millón de personas que arrancan cobrando el 50% del salario mínimo ($12.200)".
Y declaró: "El problema de la falta de infraestructura es en parte la solución." Con esta frase, el ministro postula su política social, basada en el empleo precarizado de los desocupados en trabajos de construcción, textil, producción de alimentos, trabajo de cuidados y el reciclado.
Acá, además de las organizaciones sociales y las iglesias, aparece otro actor: las cámaras empresariales. El ministro Arroyo ofrece trabajo precarios que no alcanzan ni siquiera el bajo monto del salario mínimo, y que además, no reconocen derechos laborales mínimos como los aportes para la jubilación y obra social.
Por otro lado, reivindicó las medidas sociales tomadas desde abril, y mencionó el bono de $15.000 para 1 millón de personas que tienen la AUH y el REPRO, la ampliación de la Tarjeta Alimentar y un bono de $6.000 para el programa Potenciar Trabajo.
Sin embargo, no se refirió al impacto de las decisiones tomadas por el gobierno nacional. Recordemos que la eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia aumentó en 10 puntos la pobreza infantil.
Las cifras alarmantes de la pobreza ya demostraron no revertirse con planes sociales de miseria: es necesario dar vuelta las prioridades, afectando a las grandes alimenticias que expusieron a los trabajadores durante toda la pandemia para seguir aumentando sus ganancias; y dejando de pagar la deuda al FMI, algo inaceptable mientras existen millones que pasan hambre. Todos los recursos deberían destinarse a un plan de conjunto a la altura de la emergencia alimentaria, que incluya entre sus medidas una IFE de $50.000, como propone el Frente de Izquierda Unidad. | 
