Luego de abrazos solidarios, visibilización por parte de agrupaciones de mujeres, agrupaciones feministas, vecinos y vecinas de Sierras Chicas, activistas de derechos humanos, partidos políticos y medios de comunicación, se realizó la presentación de pedido de suspensión de desalojo, presentación que tuvo que hacerse eco de todas las acciones públicas y solidarias, hechos que fueron determinantes para que se resolviera suspender el desalojo hasta el 6 de Agosto. Se prorroga de esa forma por 10 días hábiles, coincidiendo con la finalización de la feria judicial.
Agustina Tolosa, es víctima de las decisiones de la justicia que mira para un solo lado y que, como el juez Eduardo Bruera, poco analiza la situación en la que se dan los hechos. Agustina Tolosa, como miles de mujeres y familias, levantó su casa con sus propias manos, crió a su familia y tiene su fuente de trabajo en estas tierras.
Durante el proceso de solidaridad que se generó a partir de la noticia del desalojo, sonó fuerte la consigna que Emiliano Zapata hiciera mundialmente conocida, y que mantuvo como estandarte en la revolución mexicana: “LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA”, frase que tiene un hilo conductor con las banderas que desde el año pasado vienen levantando familias organizadas, desalojadas a lo largo y ancho del país. Siendo el caso de Guernica uno de los más conocidos, por su magnitud, brutalidad, inhumanidad y consecuencias. Desalojo y represión como respuesta a la organización de las familias trabajadoras que pelean por tierra y vivienda.
La tierra es para quien la trabaja, pero: ¿Qué tierra? ¿qué trabajo?
En un sistema capitalista, donde el mismo Estado y sus gobiernos subsidian el extractivismo, interviniendo tierras de pueblos originarios como en Vaca Muerta (bajo el lema de “soberanía energética”), firma un acuerdo con China para la implementación de megagranjas porcinas, entonces, ¿podemos soñar un presente con tierras para vivir y trabajar?
Con un gobierno provincial responsable de deforestación, causante indiscutible de las sequías, inundaciones e incendios como venimos siendo testigos en Córdoba. Que claramente no son consecuencias de un proceso natural, sino por la falta de políticas preventivas, leyes que ponen en riesgo el monte nativo que aún nos queda, reformas como la de la ley agroforestal votada en el 2017, por la mayoría de los bloques de legisladores, aún por el kirchnerismo (aquellos que dicen levantar la bandera del medio ambiente y los derechos humanos). Una reforma engañosa y aplaudida por ser “una ley perfectible”, denunciada por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, siendo la única oposición que votó en contra.
Córdoba es la provincia donde las figuras de los partidos políticos como el Pro, el PJ y el kirchnerismo con el senador Caserio a la cabeza están íntimamente ligadas al negocio inmobiliario y son responsables de autorizar desmontes, apoyar proyectos faraónicos como la autovía en Punilla. Una obra resistida por la comunidad organizada y a quienes la legisladora Caserio llamó “violentos” y “extremistas”, por exigir una traza que no afecte al ambiente y cuestionar una inversión sin dar prioridad a las necesidades básicas como un hospital o escuelas.
En este marco, la amenaza que pesa sobre Agustina y su familia no es un hecho aislado. El gobierno de Schiaretti ha utilizado el desalojo como única respuesta a las demandas de vivienda de las familias trabajadoras. Así fue que en octubre del 2020 realizó un violento desalojo en Barrio Estacion Ferreyra de la Capital Cordobesa y un mes antes sucedía lo mismo en el barrio San Martín de Río Cuarto.
Aún queda en la retina el recuerdo de las topadoras de la policía de Schiaretti en el 2018, pasando por encima de las casillas de la familias del asentamiento ubicado en Estación Juarez Celman, familias que meses antes habían sido reprimidas en la Legislatura de Córdoba, a días de conmemorarse un nuevo 24 de Marzo.
Fue noticia poco difundida pero, recientemente, en Río Ceballos, ocurrió el desalojo de una familia. Situación donde el gobierno municipal se jacta de haber colaborado con un subsidio y un desalojo pacifico, aunque el problema habitacional sigue vigente y no es prioridad de los gobiernos.
Un grito, todos los gritos
Ante esta realidad que nos atraviesa, ante los ataques de los partidos patronales y las empresas, desde Pan y Rosas y el PTS, llevamos nuestra solidaridad a Agustina y todas las familias trabajadoras llamando a fortalecer y coordinar todas las luchas por tierra y vivienda, junto a las agrupaciones de mujeres, ambientalistas y derechos humanos, partiendo de la defensa contra el desalojo a Agustina para avanzar en una coordinación independiente de los partidos políticos tradicionales. |
