Según la UTEMIJ (Unidad Técnica Especializada en Maltrato Infanto Juvenil) dependiente del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del GCBA, el maltrato podría entenderse como “todo acto que por acción u omisión provoque en el niño/a o adolescente un daño real o potencial en su integridad y desarrollo físico, sexual, emocional, cognitivo o social; ejercido por personas, grupo de personas o instituciones que sostengan con el niño/a o adolescente una relación asimétrica de autoridad, confianza o poder”.
El horizonte de comprender a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos no parece una prioridad para el propio Estado y sus instituciones. Los abusos y el maltrato que este sistema impone contra las infancias, lleva diferentes vestimentas.
Pobreza y falta de vivienda
Más de 7 millones de chicos y chicas menores de 14 años en nuestro país son pobres, de acuerdo a los micro datos de la EPH difundidos por el INDEC para el último trimestre del 2020: aumentó un 62,9 % durante ese periodo. Cada una de esas cifras equivale a niños que no comen dos veces al día, que parecen estar ahí para que nos acostumbremos a ellas, vacías de nombres y apellidos, pero no es así.
El problema habitacional se refleja en sus vidas también. En el partido bonaerense de La Matanza, según datos del Renabap, hay 129 barrios vulnerables y es el distrito con más asentamientos informales de toda la Provincia de Buenos Aires. Como indica el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP), hay 55.393 familias viviendo en condiciones de vulnerabilidad.
Los Ceibos, González Catán y el Barrio Nueva Unión, Rafael Castillo, son parte de esos surgidos por el aumento de la crisis habitacional del último año. Junto con el Barrio 17 de Septiembre asentado desde 2019, viven más de 3800 niños. Ruth, vecina de los Ceibos, nos cuenta que todos los meses, para retirar el bolsón de alimentos en la escuela de sus hijas, tienen que ir a la madrugada a hacer filas, porque no reciben mercadería para toda la matrícula.
En mayo, Kicillof presentó un incremento, enormemente insuficiente, en el Servicio Alimentario Escolar, y el distrito recibió 40000 nuevos cupos (cada bolsón de alimentos tiene un valor de $1900, equivale solamente a $63.33 por día). El sindicato docente Suteba La Matanza presentó una carta en el Consejo Escolar del Municipio que reclama bolsones de comida para las familias que están en lucha por la vivienda y a la Jefatura Distrital del Ministerio de Educación para que garantice los cuadernillos escolares impresos que necesitan, y la conectividad gratuita.
Desde otro extremo de las urgencias, en marzo de este año, Alberto Fernández declaró que “con la mitad de lo que tenemos que pagarle el año que viene al fondo podríamos construir 260,000 viviendas”. Y aunque también reconoció la ilegalidad de la deuda externa que asumió Macri, eligió hoy pagarle al FMI.
Desde La Matanza, sus pares partidarios no muestran diferencias. De acuerdo con el diario Digital1, el gobierno municipal presentó una “subejecución de 395 millones de pesos” destinados a Salud y de otros “568 millones” en Educación y Tecnología, además de que, aún, “no se utilizó el 69 por ciento” de los fondos destinados a Seguridad por parte de la Provincia a partir de una asistencia específica de Nación, de la que a La Matanza le corresponden casi 1.519 millones de pesos. Y en base a la reserva “de 11.592 millones de pesos” en plazos fijos y bonos informados entre enero y marzo de este año. Esta denuncia muestra las prioridades del intendente Fernando Espinoza.
Educación
Las escuelas cercanas a estos barrios no logran absorber toda la matrícula necesaria, por lo tanto, un sector se queda a la espera de vacantes. Otros que quizás logran conseguir un lugar en zonas alejadas de donde actualmente están viviendo, tienen que viajar muchas veces más de dos horas a la madrugada con temperaturas muy bajas, como nos cuenta Rosalía vecina del barrio 17 de Septiembre. A esto se le suma, que aquellos que sí lograron mantener algún tipo de vínculo con la institución educativa, se les tornó sumamente dificultoso ya que la gran mayoría no tiene conectividad fija, como nos cuenta Esther de Los Ceibos. Otro de los factores de las dificultades para el acceso a la escolarización, desde que comenzó la pandemia, es que el 32 % de los hogares no tiene conexión a internet fija en la Argentina.
Foto: La Izquierda Diario
Es por esto que las familias vienen realizando diversas presentaciones al Consejo Escolar del distrito pidiendo construcción de nuevos polos educativos aledaños a los barrios, sin conseguir mucha respuesta por el momento. El pasado 15 de julio, vecinas de diferentes asentamientos de La Matanza (Barrio Nicole, 17 de Septiembre y “La Palangana” de Laferrere) fueron invitadas a la reunión de la comisión de infraestructura de Suteba La Matanza. “Se contó con la participación de distintos delegados docentes que comentaron la crítica situación de infraestructura que está teniendo las escuelas de matanza por distintos tipos de desinversión y abandono en estos últimos años de pandemia, no se hizo nada” comenta Beto Mendiolar, docente del distrito, y agrega: “Hay muchos docentes sin trabajo, paradójicamente hay sobrepoblación de las escuelas existentes, muy deterioradas y al mismo tiempo la falta de construcción de nuevas escuelas que aliviaría esta situación de pibes sin matrícula sin vacante y docentes sin trabajo. Esto es una falta de decisión política del gobierno.”
Nathalia González Seligra, dirigente del Suteba La Matanza y pre-candidata del FIT-U, recientemente contó a La Izquierda Diario que “hay más de 30.000 chicos que hoy no tienen garantizada una vacante”.. El 29 de junio de este año, el Consejo escolar votó la licitación municipal de obras, presentada con bombos y platillos que realizarán obras en solo 6. La descentralización de la educación y su desfinanciamiento sistemático es una herencia neoliberal de larga data que, si se profundizó con Macri, el actual oficialismo no revierte, sino que continúa.
Derechos de los niños: vivienda y educación
La Convención de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la que nuestro país adhiere, señala que la familia, la sociedad y el Gobierno deben asegurar a los niños, niñas y adolescentes “con absoluta prioridad” la efectivización de varios de sus derechos, entre ellos a la educación. Recibir una educación gratuita y de calidad es un derecho para todos los niños y niñas. Evidentemente el Estado no contempla esta obligación.
Nathalia González Seligra señala la necesidad de la expropiación de tierras ociosas y que el Estado garantice un verdadero plan de viviendas populares para todas las familias que lo necesiten, a través de obras públicas, que brinde trabajo genuino, gestionado por los trabajadores y vecinos, que sea financiado afectando las ganancias de los grandes capitalistas y el no pago de la deuda externa.
“Mientras las escuelas se caen a pedazos, las y los estudiantes no cuentan con conectividad ni computadoras. Una medida elemental sería terminar con lo subsidios a la Iglesia y sus escuelas, incorporando al sistema educativo estatal a las que cierren, en el camino de pelear por un “sistema único de enseñanza estatal laico” donde sea la docencia junto a la comunidad educativa organizada democráticamente la que decida y controle la educación pública”.
Porque queremos que las niñeces e infancias gocen plenamente sus derechos, desde el PTS en el FITU peleamos por una salida de fondo, para que la crisis la paguen los capitalistas, que no es más que luchar por imponer un gobierno de las y los trabajadores.
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