Integrantes de la Comunidad Indio Colalao de Base Riarte marcharon en la ciudad de Trancas el pasado 14 de julio, para denunciar la persecución y hostigamiento del terrateniente Jorge Posse y Fredy Moreno, quienes forman parte de la empresa Agro Avance S.A. y tratan de usurpar 19 mil hectáreas de tierra pertenecientes a la Comunidad, con ayuda de la policía y el gobierno.
Desde la Comunidad denuncian que los ataques se recrudecieron desde que empezó la pandemia y que los empresarios del agro antes mencionados, tienen bandas de hombres armados que hostigan a la población, matan a sus animales (de gran importancia para la población) y denuncian el incendio de sus casas como los hechos ocurridos el año pasado con el comunero Ariel Reyes a manos de los grupos armados financiados por Agro Avance S.A.
Lo que despertó la convocatoria a marchar en Trancas fue lo sucedido el sábado 10 de julio, cuando Fredy Moreno con un grupo armado abrieron fuego contra varios caballos de la comunidad (2 muertos, 2 heridos y 1 desaparecido), animales que son considerados como fundamentales porque son usados durante la cosecha y como medio de transporte. No es sólo la muerte de un animal, es un ataque a su cosmovisión que considera a sus animales como pares, con quienes comparten el territorio en armonía mutua. Es un ataque gravísimo que reproduce los mecanismos de violencia colonial con el que intentan disciplinar, someter la voluntad y sembrar el terror desde hace más de 5 siglos.
Según Pedro Chávez, Secretario Administrativo de la Comunidad Indio Colalao, se realizó la denuncia al día siguiente en la comisaria de Trancas, a cargo del oficial Campero, quien tiene una gran amistad con los dueños de la empresa Agro Avance S.A y además es quien participa y efectúa los desalojos de las tierras de la Comunidad en numerosas ocasiones. Este oficial falsificó las declaraciones de los comuneros y nunca se apersonó en la escena para realizar el peritaje, ni siquiera para guardar las formas. Sólo después de comunicarse con la Policía de la Regional Norte, se realizó un peritaje precario, sin toma de muestras y basándose en material fotográfico, en el cual concluyeron que los animales no habían muerto por disparos, cuando las evidencias claramente mostraban lo contrario.
La marcha en la ciudad de Trancas, obligó al intendente a escuchar a la Comunidad Indio Colalao y es así que consiguieron que se extraigan las balas de los caballos para iniciar con el peritaje.
El gobierno y el poder judicial contra los Pueblos Originarios
Las comunidades diaguitas que viven en el valle de Choromoro vienen sufriendo ataques y desalojos sucesivos, para poner los territorios ancestrales de las Comunidades -y también los últimos reductos de las ecoregiones de Yungas y Chaco de la provincia- al servicio de la producción agropecuaria. Esto no podría ser posible, si no fuese a través de la complicidad del poder judicial, empresarial y estatal con su fuerza represiva. A través de los siglos sigue vigente un entramado del poder para despojar y ningunear a los Pueblos Originarios y sus derechos ancestrales, haciendo uso de todos los medios a su alcance.
En febrero de 2012, se realizó un operativo policial, ordenado por el fiscal Guillermo Herrera y el juez Francisco Pisa, que tenía como objetivo la detención a 25 comuneros. Aunque solo pudieron detener a dos comuneros luego de una brutal represión con balas de goma y mientras que varios integrantes de la comunidad tuvieron que refugiarse en el monte.
En febrero de 2015, 14 familias de la comunidad Colalao de Riarte Norte, fueron brutalmente desalojadas por órdenes del juez Francisco Pisa y la fiscal Adriana Giannoni. En junio de 2017 el mismo juez Pisa y la fiscal Adriana Reynoso Cuello, ordenan el desalojo de 16 familias Colalao, entre los que se pueden contar discapacitados, mujeres y niños.
Mientras que para 2020 los desalojos se intensifican en las comunidades diaguitas de Chasquivil y Tolombón, de la mano de amigos del poder e integrantes del oficialismo provincial. Ese mismo año además se produce el ataque al comunero Ariel Reyes, por parte de una patota de empresarios, quien fue golpeado y humillado como así también su compañera, sus animales asesinados y su casa incendiada.
En cuanto al homicidio de Javier Chocobar y a pesar de que la Corte Suprema de Tucumán ratificó la sentencia de los homicidas, estos todavía se encuentran en libertad por tener la posibilidad de seguir apelando su sentencia. El principal responsable, Darío Amín murió impune a causa de COVID 19 en junio de este año, lo que organismos de derechos humanos llaman "el punto final biológico", como tantos represores de la última dictadura que murieron sin recibir condena, amparados por dilaciones de una Justicia cómplice. En el colmo de la impunidad, el vicegobernador Osvaldo Jaldo -oriundo de Trancas- tuvo hasta sus últimos días como empleado de la Legislatura al propio Amin, condenado a 22 años de prisión por el asesinato de Chocobar.
“No nos vamos a mover, estas tierras nos pertenecen por derecho
Pedro Chávez nos cuenta brevemente la situación que vive la Comunidad Indio Colalao que: “antes de que llegue Fredy Moreno sembrábamos y cosechábamos nuestras verduras, teníamos para darles de comer y beber a nuestros animales, ahora tenemos que hacer una olla chica porque este tipo nos cercó el territorio, nos cerró el paso del agua. Un derecho universal no puede ser negado así”.
“Nosotros estamos luchando por nuestras tierras desde 1800. No nos vamos a mover. Estas tierras nos pertenecen por derecho y desde mucho antes que se constituya el Estado Argentino. No nos dividíamos por provincias, todos éramos una sola nación. Ahora vienen y siembran soja y maíz en nuestras tierras, nos sacan el agua, nos matan los animales. Con esas matanzas nos quieren hacer desaparecer, destruir nuestra identidad”, agregó.
Lo que queda claro son los intereses del agronegocio. Empresas, terratenientes el Estado y sus sicarios (siempre reclutados entre policías retirados, “pesados” con conexiones con políticos del PJ) están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para tener ganancias millonarias, aunque esto implique asesinar y desplazar a las comunidades originarias en Tucumán, en todo el país (en Jujuy la tarea corre por cuenta del Gobierno de Morales de Cambiemos) y llevarlos a que formen parte de los miles que viven en los cinturones de pobreza de las ciudades.
Ante esto hay una idea que se empieza a forjar dentro de las comunidades indígenas de la provincia y es que “nadie se salva solo”. De hecho a la marcha en la intendencia de Trancas asistieron comuneros y comuneras de Tolombón y otras comunidades del Valle de Choromoro.
Al respecto, Pedro Chavez envió un saludo de parte de Indio Colalao a los demás pueblos originarios que resisten en el país: “Saludo a todas las luchas como la del pueblo de Andalgalá por el agua, en Chaco que resiste a la matanza de su pueblo. Aquí los empresarios le ponen valor al agua y a las tierras y lo único que logran es muerte. Sólo por ser millonarios se creen con el derecho de matarnos y hacernos daño, mientras que ellos no van presos, son impunes”.
El agravamiento de la situación de las comunidades durante la pandemia, el aumento del acoso, los desalojos, etc. Es necesario ponerle freno a través de la concreción de un plan de lucha que pise fuerte en las grandes ciudades como San Miguel, que son el centro político y económico de la provincia, pero esto sólo es posible a través de forjar una alianza con otros sectores de la provincia que se encuentran en lucha, por salarios dignos, contra la precarización del trabajo, exigiendo tierras para vivir, un ejemplo lo tenemos con los cosecheros del limón o las luchas por defender las tomas de tierras de Altos de Belgrano. Esa unidad tiene la potencia de poner en jaque las ganancias empresarias. | 
