A regañadientes, el Instituto Nacional Electoral (INE) organiza la consulta popular promovida por AMLO con el supuesto fin de que se enjuicie a los ex presidentes.
Luego de haberle puesto trabas, como interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte para tratar de impedirla, ahora el INE afirma cínicamente que la consulta representará un ejercicio de “democracia directa” en favor de la “justicia”.

Lo que cabe cuestionarse, si consideramos que el responsable de garantizar dicha consulta será el mismo organismo que ha validado fraudes electorales; que impide la representación político-electoral de los trabajadores, así como de las organizaciones obreras y populares independientes; mismo que se ha convertido en una trinchera favorable a los partidos neoliberales, repudiados por la mayoría de la población.

¿Qué se consultará?

Martín Faz, consejero del INE, es el responsable de garantizar la logística necesaria para este ejercicio, lo que implica contar con una organización similar a la de las elecciones, para que se instalen todas las casillas; se brinden las condiciones para la participación; los resultados no se alteren y se haga un conteo rápido.

Sin embargo, es necesario aclarar que la consulta realmente no está diseñada para juzgar a ex presidentes, aunque se presuma como un ejercicio democrático. Hay que recordar que fueron los jueces de la Suprema Corte los que definieron la pregunta, que no se refiere a los expresidentes ni compromete a nada que garantice justicia.
Por el contrario, la consulta deja en manos de las mismas instituciones del régimen, que han garantizado impunidad, corrupción y múltiples violaciones a los derechos humanos, laborales y sociales, atender la justa demanda de verdad y justicia que reclama buena parte de la población, por lo que así es de preverse que ésta seguirá sin solución.

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Por otra parte, desde el punto de vista del derecho liberal burgués -que rige en nuestro país, como en la mayor parte del mundo- supuestamente nadie está por encima de la ley, por lo que si alguien cometió un delito se le debe juzgar, ya sea un ciudadano común o un ex funcionario.

Esto en la realidad no opera así, porque como lo han demostrado los hechos, los funcionarios y/o ex funcionarios cuentan con fueros y complicidades que los protegen de las tropelías y abusos que cometen, como el saqueo de los bienes de la nación, de las empresas públicas y la violación de los derechos de los trabajadores.

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Los mecanismos de la consulta

La justicia no tendría por qué estar sometida a consulta. Si existiera la voluntad real de enjuiciar a los ex presidentes se iniciarían procesos judiciales sin tener que hacer este ejercicio, pero -como ya lo declaró AMLO- su intención no es esa, sino perdonar y dar “vuelta a la página”. Lo que quiere en realidad es prestigiarse ante la población y posicionarse frente a sus adversarios políticos.

Mientras que las cárceles están llenas de miles de desposeídos inocentes o presos por delitos menores, que no sólo no tuvieron la oportunidad de que se consultara sobre su situación, sino que ni siquiera tuvieron acceso al debido proceso.

Otro problema es que la consulta será vinculante sólo si la participación es de, al menos, cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad, o entidades federativas, lo que implica a más de 37 millones de personas. Es decir, el proceso pareciera estar diseñado para que no se haga justicia.