El software Pegasus fue desarrollado por la empresa israelí NSO. Al menos 50 países establecieron contratos con esa compañía. En el caso de México, hay certeza de que los servicios de dicha empresa fueron contratados por primera vez a finales del sexenio de Felipe Calderón y continuaron siendo requeridos durante el de Enrique Peña Nieto. El escándalo ha alcanzado a muchos personajes de alto nivel de la política mexicana (https://bit.ly/3BBF5uj).

En su página de internet, NSO refiere que su objetivo es crear “tecnología que ayuda a las agencias gubernamentales a prevenir e investigar el terrorismo y el crimen para salvar miles de vidas en todo el mundo”.

No obstante, periodistas, activistas, líderes sindicales, luchadores sociales y defensores de los derechos humanos estaban en la lista de objetivos de esta herramienta informática, incluyendo a Cecilio Pineda, periodista asesinado en 2017, al mismo tiempo que familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La actual administración del Gobierno Federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, a pesar de declarar en repetidas ocasiones que el espionaje a opositores políticos es cosa del pasado, no ha ofrecido ninguna prueba formal que permita sustentar dicha afirmación.

Tan es así que Amnistía Internacional México, en su cuenta oficial de Twitter, urgió al gobierno mexicano para que revele si existen contratos vigentes con los desarrolladores de Pegasus.

El martes pasado la Fiscalía General de la República aseguró, en su cuenta oficial de Twitter, que Citizen Lab, una de las organizaciones que han tenido cierta participación en la investigación colaborativa “Pegasus Project”, había confirmado que “no realizó un análisis técnico forense o pericial de los equipos de teléfonos celulares” y que “no tiene evidencia de que una agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo”.

La cuestión se enrareció cuando el director de Citizen Lab, Ron Deibert, aclaró en una publicación en Twitter que la FGR “utilizó fragmentos sacados de contexto” para “sugerir engañosamente que nuestras investigaciones de los años 2017-2019 no encontraron evidencia de ataques con Pegasus en México”, asimismo mencionó no entender “por qué la Fiscalía ha elegido este momento para distorsionar nuestras declaraciones respecto a nuestras propias investigaciones precisamente cuando más evidencia ha emergido desde otras fuentes que documentan los ataques a la sociedad civil en México”.

Citizen Lab es un laboratorio interdisciplinario cuya sede se encuentra en la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto, el cual se ha ocupado de la investigación de tecnologías de la información y la comunicación, y cómo estas afectan a los derechos humanos y la seguridad global.

De igual forma, el laboratorio analiza la privacidad, la seguridad y los controles de información que manejan aplicaciones populares, y examina los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas relevantes para la relación entre corporaciones y agencias estatales con respecto a datos personales y otras actividades de vigilancia.

Citizen Lab también ha mostrado que las actualizaciones más recientes de Pegasus no requieren de autorización alguna de la victima para que todas las actividades de sus teléfonos inteligentes, -IOS o Android- puedan ser monitoreadas a plenitud. La técnica es llamada “Zero Click” (https://bit.ly/3y4Q7Ww).

«Pegasus es capaz de interceptar llamadas telefónicas, mensajes de texto, iMessages, recibir vídeo en directo de aplicaciones como FaceTime y Skype, tener acceso a correos electrónicos con todo y archivos adjuntos, activar cámaras y micrófonos de forma remota, así como vaciar toda la información contenida en el dispositivo.»

El potencial de esta herramienta va más allá de la simple vigilancia, pues estas capacidades técnicas fácilmente pueden ser implementadas para la persecución política y la construcción de montajes. Por ello el software espía de NSO es el instrumento preferido de gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y combatir la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas.

Los gobiernos presentan estos programas y otros sistemas de vigilancia como instrumentos para garantizar la "seguridad" de la población, invirtiendo millones de pesos en su adquisición. A final de cuentas, el principal uso que se les da a este tipo de software es el del espionaje a opositores políticos o personajes que les resulten incómodos, poniendo especial atención en aquellos objetivos como luchadores sociales, activistas y periodistas críticos, atropellando los derechos humanos más elementales.