Yamila Grinsberg
| Delegada de ATE del Ministerio de Trabajo - Agrupación Marrón Clasista | @YamGr1
Miguel Olmedo tenía 64 años y era paciente de riesgo cuando fue obligado a trabajar en condiciones insalubres en la Villa 31, por parte de la empresa Murata S.A. Sus familiares impulsan una campaña de firmas para que el Ministerio de Trabajo de una respuesta a los pedidos de informes de la Justicia y reciba a los familiares en audiencia, como se comprometieron.
“Mi papá fue precarizado, no ganaba bien. Estuvo 12 años como precarizado, lo maltrataban. Así que estamos en lucha, como ustedes están en lucha por su trabajo y por una vivienda. Nosotros también nos toca el lado de la precarización, yo también estoy precarizada y mi hermano también”.
Así contaba Nidia la pelea que están dando contra la precarización laboral, a las familias que se encuentran en la toma “La Fuerza de las mujeres unidas”, peleando por una vivienda digna.
Oscar, hijo de Miguel Olmedo, aseguró: “Nosotros sabemos que la unión hace la fuerza, tanto para ustedes como nosotros. Nosotros estamos con ustedes, para que se haga justicia y también para que se haga visible lo que ustedes están pidiendo, y caminemos juntos de la mano”.
La empresa Murata mandó a Miguel a trabajar en un galpón de la Villa 31 a modo de castigo por exigir que se cumplan sus derechos, a pesar de ser población de riesgo por su edad y condición de salud. Su fallecimiento se dio durante la primera ola de COVID-19 el año pasado, tan sólo una semana después de la muerte de Ramona Medina, de la Garganta Poderosa, que vivía en la Villa 31 y denunciaba la falta de agua y elementos sanitarios en los barrios populares.
En el día de ayer, los familiares de Miguel, se acercaron junto a La Izquierda Diario y trabajadores ferroviarios, estatales, jóvenes universitarios que son parte de la Comisión de Solidaridad del Cordón Norte, al puesto donde lo obligaron a trabajar y le causaron su muerte. “Pedíamos permiso para poder ingresar, y nos negaron la entrada. Tanto el Gobierno de la Ciudad y la empresa Murata nos dicen que tenemos que tener un permiso. Nos da mucha bronca porque no tenemos justicia por mi papa”. Y agregó: “A ellos no les importa la vida de los trabajadores porque así murieron Martin Pino, Gastón Campos y también estamos pidiendo justicia por esos trabajadores.”
También estuvo presente Lorena Itabel, delegada del Ministerio de Economía, referente de la Agrupación Marrón Clasista, y precandidata en la listas del PTS/FITU: “La justicia está del lado de los empresarios. Pero nosotros tenemos la fuerza de que somos miles, millones y tenemos que torcer la balanza”.
Lucho Lucero, periodista de La Izquierda Diario, realizó una investigación para este medio, en la que denuncia que la empresa de seguridad privada Murata S. A. fue aportante para la campaña de Macri durante las elecciones de 2015, haciendo negocios millonarios con el Gobierno Nacional a partir de la tercerización de las tareas de vigilancia en los ferrocarriles, diversos ministerios, entre otros. Tanto la firma empresaria, como su dueño Roberto Raglewski, hicieron cuantiosos negocios con el PRO a costa de la vida de los trabajadores. “La firma aportó a las arcas del partido de Mauricio Macri unos $ 295 mil y el empresario a título personal hizo lo propio con, nada menos, $ 500 mil. Lo hicieron, lógicamente, violando la ley de partidos políticos que prohíbe expresamente que empresas contratistas del Estado aporten dinero a las agrupaciones partidarias”. Además, cuenta que el dueño de la firma Murata S.A., fue jefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía Federal y lo obligaron a retirarse en 2004 tras un escándalo de corrupción.
El Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad tienen que dar una respuesta urgente
Mientras empresarios amigos de los gobiernos amasan fortunas a partir de la crisis económica y sanitaria, la precarización laboral se lleva la vida de miles de trabajadores. Pasan los gobiernos, pero la precarización se mantiene. Lo que nunca se cuestiona es la sumisión al FMI y el pago de la deuda ilegal. Por eso hay que pelear por el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, junto a un salario igual a la canasta familiar. Para trabajar menos, y trabajar todos. Por Miguel Olmedo, por Martin Pino, por Juan Campos, por Matías Dimuro y tantos otros, seguimos denunciando que la precarización mata. El estado y los Gobiernos son responsables ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!
