En esta causa histórica se juzga, con una demora de 46 años y tras décadas de lucha , a los integrantes de la banda de Ponce y Tetu, Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, e intervienen como querellantes Hijos Bahía Blanca, la familia de Luis Jesús “Negrito” García y la UNS.
Por las sesiones pasaron muchísimas personas que testificaron el terror que se vivió entre el 74 y el 76 en la antesala de la dictadura cívica, eclesiástica y militar en Bahía Blanca. Mostraron los múltiples lazos de la Triple A de Rodolfo Ponce (legislador por el Frejuli y dirigente de la CGT) y Remus Tetu (el interventor nazi de la UNS) con distintas instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, funcionarios, burocracias sindicales y el diario La Nueva Provincia de la familia Massot.
También quedó evidenciada la continuidad de esos lazos de impunidad, con la vergonzosa intervención de los actuales presidente y vicepresidente del PJ bahiense, Adalberto Mario Simón y Héctor Hugo Álvarez quienes fueron testigos convocados por los defensores de los imputados, para mostrar que dos de los integrantes de la banda criminal paraestatal eran buenos amigos de ellos, ligados al peronismo local, y negar que supieran siquiera que existió la Triple A en Bahía Blanca (llegando al ridículo de desconocer el nefasto rol de López Rega como impulsor de la banda nacionalmente).
A su vez, en el marco de este juicio, el juez Da Silva (el mismo que intentó otorgar el frustrado 2x1 a los genocidas en Bahia Blanca) resolvió procesar a Néstor Luis Montezanti por quedar comprobada su participación en la toma de la UTN por parte de la Triple A. Un hecho inédito, ya que el ex-triple A y servicio de inteligencia del Batallón 601 había logrado mantenerse impune, desempeñándose como docente del Departamento de Derecho de la UNS y como Camarista Federal del poder judicial local hasta 2016.
El auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento solicitó penas de 10 años de prisión para Curzio, Forcelli y Pallero (por el delito de asociación ilícita), y prisión perpetua para Aceituno, por el asesinato de David "Watu" Cilleruelo, además de caratular los crímenes llevados adelante por la organización paraestatal en la ciudad (que incluyen 24 asesinatos entre 1974 y 1975) como "delitos de lesa humanidad y genocidio". También pidió la inmediata detención de todos los imputados, que se encuentran en libertad o bajo prisión domiciliaria
Además, la fiscalía solicitó medidas de reparación simbólica (la nulidad de los cesanteos y expulsiones que en la UNS regida por Remus Tetu afectaron a docentes, no docentes y estudiantes), el otorgamiento del título honoris causa en la UNS para Watu, y la señalización de los espacios donde actuaba la Triple A en la UNS, la Universidad del Comahue y en las sedes de la UTN de Bahía Blanca y General Pico.
Como señalaba en la apertura del juicio Daniela Rodriguez (precandidata a concejal por el PTS en el FIT Unidad), es necesario pelear por la apertura de todos los archivos secretos del terrorismo de Estado llevado adelante antes y durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. Contra todo intento de "dar vuelta la página", esto permitiría echar luz sobre todo lo ocurrido, restituir la identidad de las nietas y nietos apropiados, y terminar con el olvido y la impunidad, sin seguir exponiendo a las y los sobrevivientes y familiares de víctimas a revivirlo una y otra vez.
También ese día Alberto "Carucha" Rodriguez, testigo del asesinato de "Watu", expresaba a este medio que muchos responsables han fallecido (como es el caso de Héctor Chisu) muchos testigos también, pero además “no están sentados en el banquillo muchos autores intelectuales, funcionarios políticos, sindicalistas que acompañaron a Ponce, quienes les dieron apoyatura económica desde el empresariado”.
Desde la Secretaría de DDHH de la CTA Bahía Blanca convocan a concentrar alas 10 de la mañana fuera del edificio de la UNS de Colón 80 donde se leerá la sentencia, también suman su convocatoria el Suteba Bahía Blanca y la Secretaría de DDHH del Centro de Estudiantes de Humanidades.
A su vez, familiares del "Negrito" García y otras víctimas de la Triple A, llaman también a concentrar y escuchar la lectura de la sentencia en la vereda respetando las medidas de cuidado sanitario, porque "si bien entendemos el contexto de pandemia, hemos esperado más de 46 años por este juicio y decimos que la pandemia no puede utilizarse como excusa para seguir garantizando la impunidad y el olvido de nuestrxs compañerxs y seres queridos".
También reclaman por la apertura de los archivos secretos desde el 73 en adelante y remarcan que, salvo en el caso del crimen de Watu por el que se pidió perpetua a Aceituno, en esta sentencia no se condenará a los represores por los secuestros, asesinatos y torturas cometidas por la Triple A, crímenes que continúan impunes, de modo que sigue siendo necesaria la lucha por memoria, verdad y justicia.
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