Sentenciaron a prisión perpetua a Roberto Aceituno por el fusilamiento de Watu. La familia del "Negrito" García reclama por las otras 23 víctimas de la organización criminal y exige la apertura de todos los archivos secretos. Entrevistamos a Julia García, hermana del "Negrito", Leandro Aparicio, su abogado en la causa, Dante Patrignani, secretario de DDHH de la CTA Bahía Blanca y Alberto Carucha Rodríguez, amigo y compañero de "Watu" Cilleruelo, testigo de su asesinato.
Sin dudas un día histórico para Bahía, producto de la incansable lucha de madres, familiares, organismos de DDHH, políticos, sociales y gremiales.
La emoción nos atravesó a todxs lxs presentes en la vereda del edificio de Colón 80 de la UNS cuando comenzó la lectura de la sentencia. Los jueces del Tribunal Oral, Roberto Amabile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido, resolvieron caratular los crímenes de la Triple A como delitos de lesa humanidad, imprescriptibles.
46 años después, es un primer paso en la pelea por justicia contra el despliegue represivo comandado por Rodolfo Ponce (secretario general de la CGT Bahía Blanca y legislador por el FreJuLi) y Remus Tetu (interventor de la UNS, ligado al nazismo) que antecedió al golpe cívico, eclesiastico y militar del 76.
Si bien muchos de los responsables, como Héctor Chisu o Jorge “Moncho” Argibay, murieron impunes, fue muy potente escuchar la sentencia a perpetua a Roberto Aceituno, coautor del fusilamiento de David "Watu" Cilleruelo, militante de La Fede, quien había sido electo presidente de la Federación Universitaria del Sur, el primer estudiante asesinado dentro de una universidad nacional.
Su crimen, efectuado el 3 de abril del 75, a la vista del estudiantado que estaba inscribiéndose en las materias, tuvo la intención de aterrorizar y desarticular al movimiento estudiantil. Con absoluta impunidad, los asesinos salieron y se subieron a un auto oficial del rectorado de la UNS.
Alberto Carucha Rodríguez, amigo y compañero de "Watu" Cilleruelo, testigo de su asesinato.
Los jueces también resolvieron impulsar medidas de reparación simbólica (la nulidad de los cesanteos y expulsiones que en la UNS regida por Remus Tetu afectaron a docentes, no docentes y estudiantes), el otorgamiento del título honoris causa en la UNS para Watu, y la señalización de los espacios donde actuaba la Triple A en la UNS, la Universidad del Comahue y en las sedes de la UTN de Bahía Blanca y General Pico.
A pesar de todo, la impunidad sigue: a los otros tres miembros de la Triple A Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero solo los sentenciaron a 10 años por "asociación ilícita". Y, como bien denunciaron la mamá del Negrito García y su hermana Julia, quedaron sin justicia los otros 23 crímenes de lesa humanidad entre de los que se encuentra el del Negrito. Además, Marcela, su mamá denunció que la espían cotidianamente en su casa, en su barrio.
Marcela Egues, madre del "Negrito" García
Luis Jesús "Negrito" García militaba en el PRT, era obrero y delegado de obra en la empresa constructora Interamerican en Ingeniero White, enfrentando a la conducción burocrática de la UOCRA. Su mamá contaba, al salir del recinto de Colón 80, que además de pelear por mejores condiciones de trabajo, era un militante del barrio que reclamaba por el asfalto y los servicios que necesitaban para vivir. Fue despedido persecutoriamente, y el 22 de septiembre de 1974 fue secuestrado en su casa del barrio Noroeste por una banda armada que se presentó como parte de la policía, y luego asesinado. Fue la primera víctima de la Triple A en la ciudad.
Julia García señalaba, en las escalinatas de Colón 80 (el mismo edificio que albergó a estos genocidas cuando figuraban como "personal de seguridad" bajo la intervención de Tetu), que la Triple A no era una patota suelta, sino una organización impulsada políticamente y sostenida materialmente desde instituciones del Estado. Su madre planteó la necesidad de que se juzgue a los responsables políticos, empezando por Estela Martínez de Perón y Carlos Ruckauf, toda la cúpula del peronismo y la CGT. También cuestionaron que "con la excusa de la pandemia" se invisibilizó el juicio y algunos sectores del PJ/Kirchnerismo llamaron a no movilizar.
Recordemos que, durante el juicio, Adalberto Mario Simón y Héctor Hugo Álvarez, presidente y vicepresidente actuales del PJ local, fueron testigos convocados por los defensores de los imputados, para mostrar que dos de los integrantes de la banda criminal paraestatal eran buenos amigos de ellos, ligados al peronismo local, y negar que supieran siquiera que existió la Triple A en Bahía Blanca (llegando al ridículo de desconocer el nefasto rol de López Rega como impulsor de la banda nacionalmente).
Julia García, hermana del "Negrito"
Adonde vayan los iremos a buscar
Al concluir la sesión, como un crudo recordatorio de que es necesario seguir peleando para que todos los genocidas paguen por sus crímenes en la cárcel, salieron caminando al lado de lxs presentes tres de los condenados que se encuentran aún excarcelados, recibiendo un amplio repudio. Aceituno está cumpliendo prisión domiciliaria, y permanecerá así hasta que sea evaluado su estado de salud por personal médico de la Corte Suprema de la Nación. Los otros tres, si los jueces no disponen su deteción efectiva, continuarán en libertad hasta que se cumpla el plazo de cinco días en los que sus abogados defensores pueden apelar el fallo.
Seguiremos exigiendo juicio y castigo a todos los civiles y militares y la apertura de los archivos de la dictadura y los años de la Triple A, para saber qué pasó y dónde están nuestrxs 30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs y lxs nietxs apropiadxs.
¡Watu, Negrito y todas las víctimas de la Triple A, presentes!
