Hace poco más de una semana Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria y precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, declaró que “Argentina viene con un derrotero largo de empleo informal que hay que abordarlo. Es un tema a tratar como también es importante dar la discusión en el parlamento sobre la reducción de la jornada de trabajo”.
Este miércoles por la tarde, apuntando en la misma dirección, el diputado nacional Hugo Yasky presentó un proyecto que propone la reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias o 40 horas semanales.
Este proyecto se suma a otro presentado por Claudia Ormaechea, diputada nacional y secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad del gremio bancario. Esta legisladora también es parte del Frente de Todos. En ese caso, el proyecto propone reducir la jornada a seis horas diarias o treinta y seis semanales en el ámbito público y privado sin disminución del salario.
Los proyectos tienen como trasfondo la crisis social que atraviesa el país. En Argentina la desocupación oficial -según el Indec- es del 10,2 % y hay más de dos millones de persona desocupadas. Sin embargo, otras estimaciones -como la de la UCA- indican que podría ser muchísimo más alta, incluyendo a quienes dejaron de busca empleo por efecto del desaliento. Además, hay 4,6 millones de trabajadores no registrados. Pero no se trata de los únicos problemas laborales. Hay millones que trabajan menos horas de las que quisieran sin poder llegar a fin de mes y otros millones que trabajan más de ocho horas, en jornadas extensas y agotadoras.
Estos dirigentes son parte del oficialismo del Frente de Todos, además de integrantes de las conducciones sindicales nacionales. Los proyectos que plantean van completamente a contramano de la política oficial que impulsa el Gobierno nacional que, más allá de los discursos confrontativos, viene garantizando las ganancias de los grandes bancos, los sojeros, especuladores internacionales y del gran empresariado en su conjunto. Es decir, no proponen algo que el Frente de Todos esté dispuesto a llevar adelante como Gobierno. Si el oficialismo nacional quisiera hacer aprobar una reducción de la jornada laboral en el Congreso, podría hacerlo de inmediato en el Senado, donde tiene mayoría propia. Pero nunca han presentado una propuesta de este tipo.
Al contrario. En el mismo Estado gestionado por el Frente de Todos, la jornada laboral se hace más larga, no más reducida. Hace poco se conoció la propuesta del Gobierno de Axel Kicillof para los empleados públicos bonaerenses, para pasar de un régimen de 30 horas a uno de 40 horas. Es decir, les extiende la jornada laboral.
Si la propuesta no es una consigna demagógica para hacer campaña electoral estos dirigentes deberían plantear cómo y con qué medidas de lucha van a pelear por imponer ese programa. Presentar un proyecto de ley no garantiza nada. Estos referentes y sectores afines al kirchnerismo deberían impulsar asambleas en los gremios donde tiene un lugar de dirección (como en bancarios, subterráneos, docentes, aeronáuticos y estatales, entre otros). Allí trabajadores y trabajadoras podrían discutir el proyecto que es necesario impulsar y las medidas de lucha que se precisen llevar adelante para imponerlo. De hecho, el proyecto presentado por Yasky no fue discutido en ninguna empresa u organización obrera.
Cualquier proyecto que se proponga impulsar una reducción generalizada de las horas de trabajo va a chocar contra los intereses de los empresarios. Daniel Funes de Rioja, el nuevo titular de la UIA, ya salió a criticar esta idea. Es evidente que el gran capital va a poner todo tipo de trabas para que se apruebe una norma así.
¿Estos dirigentes están dispuestos a llamar a pelear por su proyecto? Hasta ahora nada lo indica. Por el contrario, en estos casi dos años de gestión del Frente de Todos, en tanto dirigentes sindicales han avalado las políticas de ajuste llevada a cabo en función de garantizar los intereses de la deuda pública. La CGT, la CTA y el resto de las conducciones burocráticas que responden al Frente de Todos han permitido el crecimiento de la desocupación y la pobreza, así como la ampliación de la precarización laboral que se extiende entre la clase trabajadora.
Un ejemplo reciente lo tenemos en la automotriz Volkswagen, donde la conducción del SMATA acaba de firmar un acuerdo que precariza aún más las condiciones laborales de los trabajadores. Se trata de una reforma laboral de hecho. Este acuerdo funcional a la patronal multinacional, permite aumentar una hora de trabajo: de 8 horas 45 minutos que los trabajadores hacen por turno, pasarían a hacer 9 horas 45 minutos. Eso que piden los empresarios, la derecha liberal de Milei y Espert, y también otros candidatos como Randazzo.
Reducir la jornada laboral para terminar con el flagelo del desempleo
El proyecto presentado por Yasky implica reducir la jornada laboral de manera limitada. Actualmente esta se ubica en 48 horas. Existen ramas donde se extendió mucho más en las últimas décadas, como resultado de los convenios flexibilizadores que impusieron las patronales, en muchos casos con el aval explícito de las propias conducciones sindicales peronistas.
En la difusión pública del proyecto, Yasky se encarga de aclarar que la medida “beneficiaría a los grupos empresarios: el ensayo sobre la reducción de la jornada laboral en Islandia demostró una mejora en la productividad”. El mensaje parece tener como primer destinatario a los grupos capitalistas, no a los millones de trabajadores y trabajadoras.
En el caso del proyecto de Ormachea, se propone reducir aún más la jornada laboral, a seis horas. Al mismo tiempo, plantea que no se reduzca el salario que se percibe. Sin embargo, en la Argentina es evidente que millones de asalariados y asalariadas cobran muchísimo menos de lo que se necesita para dar satisfacción a las necesidades más urgentes. Una situación que se agrava mes a mes, porque el Gobierno nacional -aunque las crítica- es cómplice de las grandes empresas formadoras de precios en productos esenciales como los alimentos.
Pero, además, ninguno de los dos proyectos se propone terminar con la desocupación de manera completa. Es decir, la reducción de la jornada laboral no está puesta en función de terminar definitivamente con un flagelo terrible que afecta a millones de familias en todo el país.
Por el contrario, la propuesta de la izquierda de la reducción de la jornada de trabajo a seis horas, mediante el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles va en ese sentido. Es una medida para que trabajen todos y todas. Además, plantea que sea con un salario que como mínimo cubra la canasta familiar, para garantizar un nivel de vida sostenible para las grandes mayorías. El planteo implica, además, terminar con la precarización laboral y la tercerización.
Esta pelea por terminar con la desocupación está directamente ligada a enfrentar a la clase capitalista y a su Estado de conjunto, en la perspectiva de imponer un Gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre. Solo afectando realmente el poder del gran capital -nacional y extranjero- se puede dar solución a las demandas más aguda de las mayorías populares. Y eso no puede ser hecho por ningún gobierno capitalista, más allá del signo político que tenga.
En la actualidad, con el desarrollo de la tecnología, se podría disminuir progresivamente la jornada de trabajo. Eso permitiría que las mayorías puedan utilizar el tiempo libre para la cultura, el arte o la ciencia. Pero para eso hay que cambiar radicalmente la estructura social, poniendo el conjunto de la producción y la gestión económica en manos de la clase trabajadora y la población pobre. | 
