La crisis habitacional en Río Negro empuja a las familias a luchar por un pedazo de tierra para vivir, pero la respuesta del estado es la criminalización . Este fin de semana unas 30 familias ingresaron en un lote municipal en la ladera sur del Cerro Otto y la primera medida de la "Justicia" fue que la policía cercara el lugar abriendo causa penal por usurpación.
Durante el fin de semana varias familias ocuparon un lote municipal en el barrio Frutillar, al pie de la ladera sur del cerro Otto. Hasta el domingo se habían acercado unas 30 familias y para el lunes a la tarde sumaban alrededor de 70.
La primera medida del estado no se hizo esperar. El domingo por la tarde, el Fiscal Jefe Martín Lozada junto a jefes policiales de la Unidad Regional III y representantes de otros organismos, fueron hasta el sitio y acordaron con representantes de la toma que mantendrán un encuentro en dependencias del Ministerio Público Fiscal. Pero mientras tanto daban inicio a una denuncia penal contra varios de los ocupantes y la policía se apostaba en los accesos al predio impidiendo el ingreso de materiales de construcción y de nuevas personas a la toma, cercando a los ocupantes.
El mediodía del lunes hubo una reunión en la sede del Ministerio Público Fiscal de esta ciudad a la que asistieron cuatro mujeres en representación de las familias de la toma, que estuvieron asistidas por el defensor oficial Marcos Miguel. Los fiscales les explicaron que si se retiran de las tierras, el Municipio podrá "canalizar las demandas". Una burla para estas familias que no tienen adonde ir. Las representantes de la toma plantearon que hay familias anotadas desde hace más de una década en los registros oficiales para acceder a una solución habitacional y que nunca hubo una respuesta por parte de los sucesivos gobiernos municipales. Pasadas las 16 horas, las personas seguían en el lugar y reclamaban que vayan los funcionarios a cargo del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para escuchar las demandas. La amplia mayoría expresaba que estaba dispuesto a seguir en la toma.
En una ciudad donde el turismo internacional mueve millones de dólares al año, con hoteles 5 estrellas de lujo internacional, no puede haber nadie sin vivienda. Ningún gobierno da una respuesta a la situación de desesperación que cada vez sufren más familias. Mientras el estado nacional destina millones al pago de la deuda ilegítima con el FMI y el provincial hace lo mismo con el plan Castello, millones son empujados por la crisis económica a buscar una solución a la crisis habitacional mediante la acción directa. Para peor, en la actualidad hay en curso una investigación contra intendentes de la provincia por supuesta malversación de fondos para el plan de viviendas conocido como Techo Digno. Pueden verse en las fotos de archivo al ex –gobernador Weretilneck junto a Pichetto, responsable político del reparto de la plata, junto a los intendentes y empresarios hoy investigados por no haber terminado las obras ni poder justificar el destino de gran parte de ese dinero.
La solución no va a venir de una casta política preocupada solamente en garantizar las ganancias de los empresarios. Como plantea Laura Santillán y la lista Unidad de la Izquierda para estas elecciones, es necesario y urgente un plan nacional de vivienda a gran escala, sustentado en base a un impuesto a los grandes terratenientes y empresarios de la provincia. Un plan que genere trabajo genuino y vivienda digna para los millones que hoy no tienen nada. Es un planteo que intenta demostrar que solo la fuerza organizada de todos los sectores de trabajadores puede cambiar este sistema e imponer las prioridades de las grandes mayorías.
