Marko Cortés, del PAN (Partido Acción Nacional); Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Internacional (PRI) y Jesús Zambrano, del PRD (Partido de la Revolución Democrática) se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Según tuiteó el priista, fueron a “denunciar la intromisión del crimen organizado en el pasado proceso electoral. No permitiremos que la democracia mexicana se ponga en riesgo".
En la reunión plenaria de los grupos parlamentarios de la coalición “Va por México” formada por estos partidos opositores , el sábado 21 de agosto, habían declarado que el objetivo sería protestar por la injerencia del narco en las pasadas elecciones y la persecución a los opositores, como el caso de Rogelio Franco Castán, perredista preso en Veracruz por violencia intrafamiliar, y Ricardo Anaya, quien recientemente anunció su “exilio” en respuesta a las acusaciones por enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y otros, en el caso Odebrecht y a partir de las declaraciones del ex funcionario priista Enrique Lozoya.
En ese momento, declararon que:
"El crimen organizado está metido de lleno en los procesos electorales; además, con la complacencia y el agradecimiento público del Gobierno. Es algo que nos avergüenza a todos… Apoyando candidatos y amenazando a otros; cooptando a la sociedad, con dádivas de los programas sociales, con despensas y utensilios”.
La denuncia realizada por los partidos de oposición fue precedida, en los meses pasados, por las acusaciones formuladas por el todavía gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, respecto a la participación del narco en las elecciones en esa entidad.
Las declaraciones de los lideres de “Va por México” buscan señalar, como es evidente, no solo la injerencia del narco, sino la influencia del mismo en el triunfo del partido del presidente, Morena, echando una sombra de duda sobre las elecciones del 6 de junio y los resultados obtenidos por la formación política de López Obrador.
De igual forma, insinúan la vinculación entre el crimen organizado y los programas sociales, que son la principal política social del gobierno de la Cuarta Transformación,
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La estrategia de seguridad del gobierno y de la oposición
Las pasadas elecciones fueron las más violentas de la historia. Según distintos reportes informativos, más de 30 candidatos habrían sido ejecutados por el crimen organizado. Esto se da en un contexto cruzado por un aumento de la violencia, que se ensaña particularmente contra las mujeres, creciendo en la actual administración tanto los asesinatos como los feminicidios. Y donde han aumentado también la violencia contra periodistas y activistas ambientales.
Son evidentes los vínculos entre la clase política y los distintos niveles del estado y el narco. Lejos de ser algo nuevo, fueron denunciado durante años por periodistas independientes y activistas sociales,. Esto toca al conjunto de los partidos del régimen político y las fuerzas armadas, quienes distribuyen plazas y regulan “negocios”, como expresión de la corrupción que corroe a la estructura del estado capitalista.
La oposición critica abiertamente la estrategia de seguridad del gobierno: la actuación de la “delincuencia organizada, viene a demostrar es que la estrategia de ’abrazos, no balazos’ no va bien", afirmó el perredista Jesús Zambrano. Críticas similares se escucharon por parte de los otros líderes de la oposición.
Pero, ¿Cuál es realmente la estrategia de seguridad publica del gobierno? ¿Ha sido alternativa la oposición parlamentaria, o se trata de declaraciones cínicas y demagógicas?
Más allá de la retórica de López Obrador y su intento de marcar diferencia respecto a las administraciones previas, su nuevo “paradigma” de seguridad pública descansa, fundamentalmente, en la militarización del país. La Guardia Nacional fue presentada como un ejemplo de la “desmilitarización”, pero en realidad se trata de un cuerpo militarizado, compuesto por militares y marinos, que debutó reprimiendo a los migrantes y, meses después, a los estudiantes normalistas. Aunque AMLO sostuvo que estaría dirigida por civiles, finalmente fue absorbida por la Secretaría de Defensa Nacional, desdiciendo al propio presidente.
Además, bajo el actual gobierno, las fuerzas armadas asumieron funciones como nunca antes: administración de aduanas y puertos, la coordinación de la construcción de hospitales y “bancos del bienestar”, entre otras. Y todo esto con un aumento histórico del presupuesto, que se duplicó alcanzando 148 mil millones de pesos, en tanto la Guardia Nacional recibió, además, 50 mil millones de pesos extras.
AMLO ha pretendido diferenciarse de los neoliberales, planteando que hay que atacar las causas de la violencia y la marginación. Pero no solo son insuficientes para ello los planes sociales, sino que bajo su administración creció la pobreza -como demuestran los propios datos oficiales- y la precariedad laboral. Sin duda, la juventud es uno de los sectores más golpeados en esta situación, que no ven más futuro que el desempleo y trabajos precarios.
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La oposición parlamentaria pretende aparecer como una alternativa ante esto. Pero la realidad es que en los gobiernos previos ha impulsado la llamada guerra contra el narco y la militarización. Así fue durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón del PAN y Enrique Peña Nieto del PRI.
Bajo sus gobiernos se expandió el accionar de los carteles del narco, y la asociación entre estos y las fuerzas armadas, que hasta hoy continúan, mas allá de las políticas de “reforma” impulsadas por el actual gobierno. Los vínculos del Ejército y altos funcionarios con el crimen organizado se evidenciaron en el caso Ayotzinapa, a los cuales López Obrador mantiene en la impunidad, mientras liberó rápidamente a personajes como el general Cienfuegos, investigado por narcotráfico.
Durante el reinado neoliberal, avanzaron los planes de entrega al imperialismo, bajo los cuales creció la miseria y la pobreza en el país, y la subordinación a la estrategia de lucha contra el narcotráfico de Washington.
La violencia creciente y el accionar de los carteles requiere varias medidas, muy distintas a las que pueden llevar adelante la oposición derechista o el actual gobierno.
Por una parte, la legalización de las drogas; adoptando un enfoque que trate la problemática como una cuestión de salud pública y ya no de seguridad. Así como expropiar las fortunas de los capos del narco, para ponerlas al servicio de las necesidades sociales.
Junto a eso, hay que terminar con la militarización del país. Los militares deben regresar a sus cuarteles y hay que disolver la Guardia Nacional. Es fundamental impulsar un gran movimiento que demande esto, así como el juicio y castigo a los responsables de las desapariciones, asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos.
Para resolver la pobreza y la marginación es necesario medidas enérgicas que garanticen, en primer lugar, empleo para todas y todos con un salario ajustado de acuerdo a la inflación, y pleno acceso a la salud, la cultura y la educación. Para eso, junto a la expropiación de las fortunas del narcotráfico, imponer un impuesto progresivo a las grandes fortunas, dejar de pagar la deuda pública, interna y externa, y asignar presupuesto para la educación y la salud, quitándoselo a las Fuerzas Armadas. | 
