El 2009 el gobierno argentino comienza trámites y negociaciones en la ONU para actualizar, según los convenios internacionales, su delimitación territorial marítima y el alcance de su soberanía sobre estos. El 2016 consigue que la ONU avalara su pedido de una plataforma continental extendida. El 10 de diciembre del 2019, en su discurso inaugural del gobierno, Alberto Fernández reactiva el reclamo territorial para responder ante la crisis sanitaria y económica: "defenderemos nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, la plataforma continental, la Antártida Argentina y los recursos naturales que estas extensiones poseen porque pertenecen a todos los argentinos".
Al otro lado de la cordillera el presidente Sebastián Piñera comienza gestiones diplomáticas. En mayo del 2020 objeta formalmente el fallo de la ONU. Pero en agosto de ese mismo año, Congreso de la Nación de Argentina, apoyándose en este fallo, aprueba una ley que extiende varios kilómetros de su territorio en el Mar Austral, al sur del continente. En agosto de este año Piñera, por su parte también basándose en una interpretación de la legislación internacional, dicta dos decretos y actualiza la Carta Náutica N°8, reclamando para el estado chileno una zona que se traslapa con el que reclama Argentina.
El sábado 28 de agosto el gobierno Argentino responde con un comunicado oficial acusando que "Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina", pues "claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984" y contravendría la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Al día siguiente Piñera responde: "lo que Chile ha hecho es defender su soberanía y defender sus legítimos intereses (...) Esto lo estamos haciendo en plena concordancia con el derecho internacional, con la Convención del Mar y con el Tratado de Paz y Amistad con Argentina".
La cancillería argentina, en su mismo comunicado, señala que la ley promulgada por el gobierno el año pasado se ajustaba a la presentación aprobada en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU: "ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile". Sin embargo, el canciller chileno Andrés Allamand (y esposo de la constituyente ultraderechista Marcela Cubillos) señala que desde el 2009 los gobiernos derecha y de la ex-concertación, sin desconocer el derecho a Argentina de actualizar aquellos límites, manifestaron en varias oportunidades que tales actos jurídicos eran "inoponibles" al propio país. En otras palabras, que Chile se reservaba el derecho de reconocerlos o no.
¿Cuáles son los verdaderos intereses en juego detrás de estas acusaciones cruzadas de pasar a llevar acuerdos y las relaciones diplomáticas, y las diversas interpretaciones jurídicas que las fundamentan?
No es secreto que los territorios en disputa tienen una gran riqueza de especies para la industria pesquera, yacimientos de gas y petróleo y de minerales. Es una zona de rutas comerciales y se acerca a otra zona de reserva de importantes recursos: el continente antártico. Pero además de las ambiciones por el control económico y geopolítico de los dos gobiernos, los cuales son cada una la junta de administración de los negocios comunes las burguesías locales, también hay un interés político más coyuntural que se expresa de manera similar en ambos países capitalistas.
Tanto el régimen argentino como el chileno atraviesan una crisis social y política. A uno y otro gobierno le conviene generar motivos de amenaza exterior para ordenar la situación interna. En el caso de Alberto Fernández, en medio de la crisis y de las elecciones legislativas, su gobierno no quiere sobresaltos y aunque podría utilizar, de forma defensiva, la carta nacionalista ante el reclamo de Piñera, lo central es su necesidad de mantener e incluso extender la explotación de recursos naturales y de diversos tipos en el marco de una acuerdo con el FMI que se propone hipotecar la economía durante toda una década.
En el caso de Chile, el régimen aun no se recupera de la revuelta que estalló el 2018. Los poderes deben lidiar con una convención constitucional en la que los partidos neoliberales de los 30 años, la concertación y la derecha, son minoría, mientras son mayoría en el parlamento. Hay elecciones parlamentarias y presidenciales en noviembre y las demandas de octubre están lejos de resolverse. La situación económica del pueblo trabajador y pobre ha empeorado, mientras las grandes fortunas han aumentado sus ganancias. La economía se ha sostenido en base a los ahorros individuales, el endeudamiento público y el rescate a los empresarios. La agenda represiva continúa y el pueblo soporta una gran opresión.
El llamado a la “unidad nacional” ha funcionado en la superestructura, como pacto entre la derecha y la "oposición". El gobierno argentino de Fernández llevó esta semana el tema al Senado, donde se decidió por unanimidad avanzar en un proyecto de declaración de rechazo al reclamo chileno. Allí el canciller Felipe Solá dijo que "la aspiración que Chile manifiesta extemporáneamente contradice la letra y el espíritu del tratado de paz y amistad de 1984, manifestando una vocación expansiva que Argentina rechaza". Por su parte, el Senado chileno aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo que respalda las acciones tomadas por el gobierno de Piñera.
En Chile la disputa limítrofe con Argentina cuenta con el respaldo de los ex-presidentes de los gobiernos de concertación: Bachelet, Lagos y Frei Ruiz-Tagle. Se cuadraron bajo el discurso de Piñera de que "en materia de límites y soberanía no hay gobierno y oposición, hay solo chilenos y chilenas".
Los primeros en salir a dar cara y voz por Piñera, fueron el senador DC Ignacio Walker y el dirigente del PPD Heraldo Muñoz, el ministro y el subsecretario de relaciones exteriores del gobierno concertacionista de Ricardo Lagos, respectivamente. El ex-canciller del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, el PS José Miguel Insulsa, con su cinismo habitual, decía hace unos días en CNN: "bajo el mar hay extensiones de territorio que contienen recursos naturales y los países no pueden dejar de reconocer como territorio propio". También dijo que fue participe en la actualización del actual gobierno de la carta náutica.
Los candidatos presidenciales no se quedaron atrás en cumplir su parte. A nadie sorprende que Kast, Sichel y Provoste dieran su apoyo sin peros a la ofensiva nacionalista del gobierno. Pero Boric, la carta del Frente Amplio y el Partido Comunista, además de ser el saliente diputado que representa el extremo sur de los territorios en disputa, durante su campaña en primarias hablaba de rescatar el "internacionalismo de la izquierda". Ahora dice en cambio: " me voy a plegar a la posición que tenga el Gobierno de Chile ", al gobierno de la derecha nacionalista y criminal de Piñera. Una vuelta más de chaqueta de Boric y de su izquierda neorreformista.
El año 1978 las dictaduras de Pinochet y Videla, para decidir cual de las dos burguesías nacionales se adueñaban del canal Beagle, estuvieron a punto de lanzar a nuestros pueblos hermanos a una guerra fratricida. Como entonces, tras bambalinas, las potencias imperialistas y los capitalistas transnacionales, los mayores beneficiarios de todo conflicto entre países dependientes, se reúnen hoy con calculadora en mano con ambos gobiernos. Pero la mayor parte de las negociaciones entre países capitalistas se da bajo secreto y a espalda de las masas. Tal como declaró ayer abiertamente Allamand en su Twitter, al gobierno "le parece inoficioso entrar en mayor debate público".
Pero lo que sí sabemos es que ambas burguesías son dependientes de los capitales financieros imperialistas que aplican planes neoliberales cada vez más rapaces para pagar sus deudas. Ambos gobiernos y sus clases dominantes son profundamente dependientes y subordinadas a los intereses del gran capital extranjero. No hay nada de verdad en sus discursos de soberanía.
Como dicen nuestros compañeros de La Izquierda Diario en Argentina: "Ningún enfrentamiento entre pueblos hermanos es del interés de los trabajadores de uno y otro lado de la frontera". Por el contrario, la única solución es forjar la unidad y colaboración entre una clase que no tiene fronteras, en la lucha contra los intereses de las burguesías nacionales e imperialistas, explotadoras y saqueadoras de los territorios. | 
