La educación pública ha estado colgando de un hilo desde hace tiempo. En los últimos 40 años, la política educativa mundial y nacional ha fomentado en los hechos una privatización de la educación.
En los países de América Latina, hemos visto cómo se reduce el gasto público y el presupuesto destinado a la educación se vuelve cada vez menor, mientras en países como México, se destina hacia la militarización del país, aumentando los índices de violencia hacia las mujeres, los y las migrantes y a la juventud; como lo muestra el aumento exponencial en el feminicidios con la militarización del país, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o los múltiples asesinatos de jóvenes en manos de la policía como Alexis, un joven de 16 años a quién le dispararon policías de Oaxaca por “verse sospechoso”.
La educación en México ha sido desigual, insuficiente y con muchas carencias materiales. Las infraestructuras no alcanzan para todos y todas las estudiantes, el personal docente también es insuficiente, no se garantizan los materiales necesarios para cada jóven; cada vez menos universidades son gratuitas y el gasto que conlleva el estudio (transporte, libros, comida) se vuelve insostenible para muchas familias. El acceso se vuelve cada vez más limitado para los sectores más pobres, o en las zonas rurales; antes de la pandemia, alrededor de 1.4 millones de niños y jóvenes invertían tiempos excesivos de traslado a sus instituciones.
Antes de la pandemia, en México había ya once universidades en quiebra, entre ellas la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Nayarit, entre otras. En 2019, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, condicionó el apoyo a las universidades en quiebra, sólo si se someten a un estricto plan de austeridad que significaba recorte de personal, y rebajas salariales a los docentes, es decir, un aumento en la precarización. Hoy en día, sigue habiendo escuelas luchando por mantenerse en pie.
Las universidades públicas del país son una conquista histórica de las familias trabajadoras, sin la cual, miles de nosotros y nosotras jamás hubiéramos podido pensar en acceder a la educación superior. Ahora, es nuestro turno seguir luchando para conquistar realmente la educación pública y gratuita en todos sus niveles y así todos y todas podamos estudiar.
En plena pandemia, es más visible el fuerte golpe que ha recibido. No sólo se habla de nuevos recortes presupuestales -por ejemplo a las escuelas normales, que este año recibió 95% menos presupuesto, peligrando su existencia-, también sobre la desaparición de programas y recursos insuficientes. El “incremento” otorgado al sector educativo fue tan sólo del 0.2% en comparación con el del año pasado.
Por otro lado, miles de jóvenes han dejado de estudiar al no contar con los recursos necesarios para poder acceder a las clases en línea (internet, computadora, tableta, espacios decentes). Ante esto, han tenido que salir a trabajar, pues la crisis trajo despidos masivos, recortes salariales y ya no alcanza en casa. Si la educación se convertía en un privilegio, ahora es peor, 5.2 millones de personas de entre tres y 29 años no se inscribieron al ciclo 2020-2021, un aumento importante con respecto a los años pasados .
Aún contando con una computadora, o internet, las clases a distancia se han vuelto casi imposibles de llevar. Horas frente a la pantalla se vuelve cada vez más difícil; son poco funcionales para el aprendizaje, hay poca -o nula- convivencia con los y las compañeras de clase, es fácil distraerse, hay un exceso de tareas y pone en juego la salud mental de les alumnes, pues tantas horas en soledad no le ayudan a nadie.
Además, el salario de las y los docentes se ha visto afectado. Por esto, el año pasado inició el movimiento #UNAMnoPaga, el cual se evidenció la precarización laboral en la educación, la cual se agrava en plena pandemia, pues, sin salario, no sólo se vuelve más difícil llenar la despensa, también afecta en su trabajo, ya que les es imposible a los y las profesoras tener todos los servicios para impartir sus clases, o dedicarle el tiempo necesario ya que en muchos casos tienen que conseguir otros trabajos.
Sumado a lo anterior, ahora el gobierno federal de la mano de la SEP impone el regreso a clases presenciales en educación básica y algunas universidades estatales, sin tener a toda la población vacunada. Esto puede ser una bomba de tiempo debido al hacinamiento en las escuelas por la falta de infraestructura, además del que se vive en el transporte público; todo esto en medio de un desborde del sistema de salud.
Sumado a las condiciones de la educación en México que ha dejado años de ataques neoliberales, la pandemia ha revelado aún más la elitización de ésta, abriendo la brecha de jóvenes que pueden acceder a la educación superior.
¡Seamos miles levantando la voz por una educación digna, pública y gratuita!
Ante esta situación, nos queda la pregunta de qué podemos hacer para que nadie quede fuera. Se vuelve exigir el aumento del presupuesto a la educación, para que corresponda al menos al 10% del PIB, que bien se podría destinar si se deja de pagar la fraudulenta deuda externa o si se implementaran impuestos progresivos a las grandes fortunas de los capitalistas que se hacen ricos con nuestros trabajos. También, una beca universal que garantice el acceso irrestricto a la educación, así como que el Estado garantice una canasta tecnológica (internet y dispositivos) gratuita para estudiantes, administrativos y docentes.
La defensa de la educación también nos obliga a pensar en el funcionamiento de nuestras universidades, pues resulta profundamente antidemocrático que en el total de las universidades, aunque en diferentes niveles, la constante es que son un puñado de burócratas quienes toman las decisiones, y que no responden a las verdaderas necesidades de las comunidades educativas. Esto refleja la profunda antidemocracia que existe en toda su estructura.
Con la misma lógica de no tomarnos en cuenta, se está implementando la política de regreso a clases presenciales en educación básica pero también en varias universidades y bachilleratos, esto en plena tercera ola de la pandemia en México, con un aumento de casos y con la variante Delta que afecta severamente a la juventud. Por eso, primeramente decimos no al regreso a clases presenciales sin que toda la población esté vacunada y con las condiciones sanitarias necesarias.
Sin embargo, no se queda ahí, a la par de luchar por mejores condiciones estructurales en las escuelas, con infraestructura y servicios acorde a las necesidades de las poblaciones educativas. Cuando parece que el debate es únicamente sobre si la educación es presencial o virtual y la derecha aprovecha para capitalizar el descontento frente a la imposición del gobierno, la realidad es que la educación no puede estar por fuera de la realidad de las familias trabajadoras y de la juventud, sea virtual o presencial el problema sigue siendo que no se garantiza el derecho a la educación.
Desde la Agrupación Juvenil Anticapitalista estamos convencidos de transformar radicalmente a la Universidad y la educación, para poder imponer gobiernos tripartitos con mayoría estudiantil, para que sea la comunidad universitaria (los estudiantes, los docentes y las y los trabajadores) que tomen las decisiones sobre sus centros de estudio y trabajo. Para que la educación esté verdaderamente al servicio del pueblo pobre y trabajador, acabando con los órganos de gobierno que son profundamente antidemocráticos en todas las universidades y que responden a las políticas e intereses de organismos como el FMI, la OCDE y el Banco Mundial.
Pero esto sólo será posible con un potente movimiento y la unidad de estudiantes, docentes y trabajadores, de manera independiente de las autoridades, las burocracias sindicales y los partidos del régimen, en defensa de la educación pública y gratuita y contra la precarización laboral, que luche por la basificación, salarios y condiciones laborales dignas para todo el personal educativo.
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