El 5 de junio de 2009 las noticias anunciaban el incendio de una guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora. El incendio comenzó en una bodega, perteneciente a la Secretaría de Hacienda, que se encontraba junto a la guardería. Debido a la construcción irregular del inmueble, las llamas rápidamente alcanzaron la guardería. Las irregularidades de la construcción hicieron que sacar a los niños fuera casi imposible, por lo que vecinos de la zona usaron sus propios carros para hacer un agujero en una de las paredes y poder rescatar a tantos niños cuanto fuera posible. En el incendio fallecieron 49 infantes, convirtiendo ese día en uno de los más trágicos de las últimas décadas.

En busca de justicia

Desde ese día, las madres y padres de los niños iniciaron un interminable camino para exigir justicia y que se determinara quiénes fueron los responsables de la tragedia: desde los responsables de la bodega, los encargados de los permisos de subrogación del IMSS y los dueños de la guardería.

Sin embargo, se toparon con miles de obstáculos, entre impunidad, promesas de campaña de diferentes políticos y corrupción. Los principales responsables, entre los que se encontraba Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón, quedaron impunes.

Con el paso de los años se han realizado diversas investigaciones y dictado 22 sentencias en contra de funcionarios del IMSS y del gobierno de Sonora. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto revisar las sentencias, lo que en algunos casos implicaría la reducción de las penas y, en otros, la vinculación a proceso.

Ese es el caso de 5 bomberos que durante el incendio colaboraron en las labores de rescate. Arturo Dávila lleva 44 años siendo bombero en Hermosillo. En 2001 realizó una revisión de materiales básicos de emergencia, para avalar la apertura de la Guardería ABC. Firmó un documento que tenía 1 año de vigencia, después de lo cual las instalaciones debían ser inspeccionadas regularmente por las autoridades estatales y federales. Cuando Dávila firmó el documento no existía un reglamento de protección civil que regulara las condiciones de estos establecimientos. El primer reglamento surgió meses después de que se inaugurara la guardería. Nunca hubo una inspección como tal por parte de Protección Civil para determinar si el inmueble podía o no operar. A los bomberos se les pidió revisar si el espacio contaba con extintores, señalizaciones de salida, etc.

Después del incendio se convocó a los bomberos que formaron parte del equipo de rescate a realizar un peritaje del sitio. En ese momento se tuvo conocimiento del documento que Dávila había firmado 7 años antes, por lo que él y 4 de sus compañeros que también formaron parte de esa primigenia inspección fueron declarados responsables de la tragedia. Dávila enfrenta cargos de homicidio culposo y lesiones, cargos por los que podría enfrentar hasta 28 años en prisión.

Desde hace 12 años, Dávila y sus compañeros emprendieron un proceso de defensa legal. Sostienen que, en un afán de proteger a los verdaderos culpables, se les busca usar de chivos expiatorios para zanjar el asunto.

Se ha convocado a una manifestación en apoyo a los bomberos este 8 de septiembre, a las 5:00 p.m., en la plaza Emiliana de Zubeldia en Hermosillo y se ha lanzado una petición en la plataforma Change para pedir su absolución.

La visión de los padres

Algunos padres de familia se han pronunciado al respecto de la manifestación en apoyo a los bomberos. En su búsqueda de justicia, piden que todos aquellos que hayan tenido responsabilidad sean procesados, incluyendo a los bomberos que revisaron las instalaciones antes de que abriera la guardería. Una de la madres se ha pronunciado públicamentesobre el tema.

La responsabilidad de generar espacios seguros para la población proviene de las autoridades, pero son ellas las que otorgan los permisos con fines de lucro. Les importan más las ganancias de unos cuantos a la vida de miles, anteponen beneficiar a los empresarios y las inmobiliarias que salvaguardar la integridad de las personas.

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