A casi dos semanas del regreso a la presencialidad en las escuelas comienzan a verse ya los primeros resultados. A pesar del esfuerzo de Delfina Gómez y Hugo López Gatell por minimizar la situación y ocultar los datos, la Secretaría de Salud indicó que se registraron 11 mil 923 contagios de Covid-19 entre niños y adolescentes de cinco a catorce años en el periodo que abarca la última semana de vacaciones y la primera de clases.
En las escuelas, las y los docentes, así como las madres y padres de familia, empezamos a vivir con mucha preocupación el actuar negligente e irresponsable de la SEP y los directivos quienes forzaron la reapertura sin garantizar condiciones realmente seguras ni establecer protocolos claros de actuación frente a los posibles contagios.
Su supuesto protocolo de actuación frente a los contagios confirmados -que cada vez se extienden más visiblemente en las escuelas- únicamente contempla avisar a la autoridad educativa y al centro de salud más cercano sin dar claridad sobre lo que procede al respecto. Esto ha dado pie a que las autoridades no tomen prácticamente ninguna medida y, además, oculten información a los docentes y a las familias de los alumnos con tal de no suspender las actividades, sin importarles el riesgo de contagio en el que pueden encontrarse.
Mientras la línea represiva de las autoridades educativas va en aumento, -amenazando incluso con sanciones a los docentes que avisan a las madres y padres sobre los posibles contagios-, no hay quien supervise el actuar de las autoridades frente a la situación y los riesgos de salud a los que someten a los alumnos y maestros, condenándolos a padecer en silencio lo que sucede al interior de las escuelas.
¿Y los Comités Participativos de Salud Escolar?
Dentro de las disposiciones que emitió la Secretaría de Educación Pública para el regreso a clases presenciales estableció la activación de los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE), que debían integrarse por docentes, padres y madres de familia de la comunidad y las autoridades de cada escuela.
Estos comités debían encargarse, entre otras cosas de “coadyuvar en la higiene y limpieza escolar, apoyar en la implementación y en los protocolos de higiene de la escuela, de promover la participación de las madres, padres de familia o tutores en las actividades que se organicen en el plantel para mantener la sana distancia, de comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias que correspondan, de promover la capacitación en las medidas sanitarias que busquen la concientización y formación de hábitos sobre las medidas de higiene”.
Esto prácticamente en ningún lugar se ha llevado adelante seria y consecuentemente, a excepción de las jornadas de limpieza escolar, pues las autoridades no han querido involucrar a las madres y padres de familia. Esto, porque saben que son quienes, junto a los docentes, pueden exigir condiciones seguras en las escuelas y medidas para la atención a los alumnos y alumnas de forma virtual para quienes decidan no enviar a sus hijos a la escuela por el riesgo que representa.
Ya la lucha contra la reforma educativa en el sexenio pasado mostró la potencialidad que tiene la unidad entre los docentes y las madre y padres. Es por ello que se niegan a que los CPSE funcionen realmente.
Frente a la negligencia, pongamos en pie comisiones de seguridad e higiene
Somos nosotros, los docentes y las familias a quienes realmente nos preocupa el bienestar de nuestros niños y niñas. Para el gobierno y las autoridades educativas son solo cifras y la vulnerabilidad de su salud son “riesgos que hay que correr”.
Queda claro que el supuesto interés superior de la niñez era solo un discurso para reabrir las escuelas forzando un regreso a todas luces inseguro.
Es por lo que urge que docentes y madres y padres de familia, que somos quienes conocemos la situación real de cada escuela y los riesgos a los que nos enfrentamos, de no funcionar los CPSE, pongamos en pie comisiones de salud e higiene que puedan generar protocolos adecuados para cada escuela.
Se deben tomar en cuenta las necesidades de cada escuela para la organización al interior de la misma, así como las condiciones pedagógicas, laborales y la realidad socioeconómica de cada familia. Los supuestos protocolos establecidos desde arriba de forma autoritaria no toman en cuenta ninguna de estas necesidades.
Para implementar cualquier medida de prevención y mitigación, es importante partir de una evaluación concreta en cada lugar, tomando en consideración también la opinión de las y los trabajadores de la salud y especialistas.
Es indispensable que los maestros y trabajadores de cada escuela, así como los alumnos y sus familias -que son los principales afectados y quienes deben llevar a cabo las medidas sanitarias preventivas- sean los primeros en ser consultados. Nadie va a tener más conciencia que ellos de los riesgos a los que se someten todos los días.
Sin comisiones de higiene y salud es imposible tener una valoración real de la situación, y mucho menos tener protocolos y procedimientos seguros para todos.
Desde las comisiones de salud e higiene se pueden exigir los insumos que cada escuela requiere y establecer protocolos claros de actuación, que privilegien la vida frente al riesgo de contagio. Se pueden exigir también vacunas para toda la población e investigación para el desarrollo inmediato de vacunas para los niños.
Porque nuestras vidas y salud importan, no se pueden seguir dejando en manos del gobierno y de las autoridades educativas, pues estas ya demostraron que no les importan. Es vital la puesta en funcionamiento de las comisiones de salud e higiene, avaladas y respaldadas por toda la comunidad escolar, que nos permitan actuar a favor de nuestra seguridad y nuestra vida. | 
