"Disfrutemos un mes más porque no sabemos si el mes que viene vamos a poder seguir aquí”, le dice Ana a sus dos hijos cada vez que va a pagar el alquiler. Es jefa de familia y hace más de cinco años no consigue un trabajo estable. Lo dice lo dice un poco en serio y un poco en broma, pero la incertidumbre es la realidad que hoy están obligados a vivir.
Las tomas de tierras dejaron al desnudo que la falta de acceso a la vivienda en pleno Siglo XXI, es una realidad que afecta a casi 4 millones de familias. Para las y los más jóvenes que son quienes más sufren la desocupación y los trabajos precarios, independizarse es un deseo inalcanzable. No es casual que el 67 % de las personas que viven en barrios precarios sin acceso a gas natural o red cloacal, sean menores de 29 años.
Según los propios datos del INDEC, para el primer trimestre del año, el 80 % de la población asalariada contaba con salarios menores a $60.000, cuando la canasta básica para no ser pobre para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores al mes de julio, es de $67.577. Es decir que el 80 % de las y los trabajadores del país tienen salarios por debajo de la línea de pobreza.
Con la crisis sanitaria, la cuarentena, y los pocos, casi nulos controles estatales, crecieron los despidos, suspensiones, rebajas salariales. Las paritarias fueron acordadas bastante por debajo de la inflación. Uno de los sectores más golpeados durante la pandemia es la juventud, que con la complicidad de la burocracia sindical es sometida a condiciones de extrema precariedad.
Muchos no consiguen un trabajo fijo y tienen que subsistir con changas, otros reciben salarios paupérrimos, por lo que se ven obligados a trabajar más de 12 horas diarias para - con suerte - llegar a fin de mes. Aproximadamente un 65 % de los y las jóvenes de la Argentina tiene trabajos precarios y no goza de derechos. Un 27,6 % está desempleado según el último estudio realizado por Flacso. En la provincia gobernada por Axel Kicillof, la precariedad extrema afecta al 79 % de las jóvenes.
El monotributo es uno de los mecanismos que utilizan las empresas y hasta el Estado, para ocultar la relación laboral y no registrar correctamente a los trabajadores. Algo similar sucede con los trabajadores tercerizados que no tienen los mismos derechos que los empleados en planta permanente, incluso recibiendo un salario inferior por las mismas horas de trabajo.
Por eso urge que se debata y apruebe un proyecto de registración laboral, para que el trabajador o la trabajadora irregular pueda solicitar el pase a planta permanente al Ministerio de Trabajo. Este último, para evitar que sea sancionado debe dar fueros de manera inmediata a quien solicite la registración, e intimar a la patronal a hacerlo respetando los derechos gremiales.
Independizarse, misión imposible
El año pasado se sancionó la ley de alquileres que permite que el aumento de precios sea anual y en base al índice para Contratos de Locación (ICL) que elabora el Banco Central, contemplando por partes iguales la variación de la inflación (INDEC) y de los salarios (BCRA). A principios de mes se actualizaron los contratos firmados en septiembre del año pasado. El aumento fue del 47 %.
Según especialistas, el índice pasó de 1 a 1,50. El aumento anual se encuentra apenas por debajo de la inflación -que acumula 51,8 % según el último relevamiento del Indec- pero por encima del aumento de los salarios. En el caso de las paritarias de los trabajadores y las trabajadoras en blanco, la suba salarial puede variar del 35 al 45 %. En el caso de quienes son informales no llega ni al 30 %.
En lo que va del año los alquileres subieron un 22,5 %, según indica el portal de Zonaprop. Alquilar un dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires cuesta actualmente $ 40.364 en promedio. Lo más alarmante es que en los últimos meses la suba fue superior al 70 %.
Las organizaciones de inquilinos vienen criticando que se prioricen los intereses de las inmobiliarias. Denuncian que muchas veces se niegan incluso a respetar la Ley de Alquileres, al tiempo que faltan políticas de Estado que garanticen el derecho a la vivienda.
La crisis habitacional es un problema estructural en nuestro país, y son cada vez menos las personas que tienen acceso a una vivienda digna. Las familias deben destinar una mayor parte de sus ingresos para alquilar algo cada vez más chico, lo que implica vivir hacinados o terminan directamente en la calle.
En los jóvenes significa que tienen casi negada la posibilidad de irse de la casa de sus familias e independizarse. Como se dijo, en su mayoría están desocupados o con trabajos precarios, y otros tantos deben ayudar en ese hogar.
Solo en la CABA, la ciudad más rica del país, más de 500.000 personas viven hacinadas en viviendas precarias, sin acceso al agua potable y sin cloacas. Mientras, producto del negocio de la especulación inmobiliaria, hay casi 140.000 viviendas ociosas: deben ser puestas a disposición de las familias que viven en estas condiciones.
La misma situación se repite en todo el país, el Gobierno sigue sin aplicar la ley de alquileres que pese a sus limitaciones ponía algún freno al lobby inmobiliario que está desregulado desde la dictadura cívico militar eclesiástica.
Durante el mandato de Alberto Fernández solo se entregaron 11.000 viviendas y como denuncian Myriam Bregman y Nicolás del Caño no les tembló el pulso para reprimir y dejar en la calle a miles de familias en tomas como la de Guernica.
Como solo plantea el Frente de Izquierda Unidad, se deben prohibir los desalojos para todas aquellas familias que no puedan pagar el alquiler.
Las organizaciones de inquilinos y familias con esta problemática son quienes deben plantear las medidas de emergencia que dejen de priorizar las ganancias de las inmobiliarias.
La juventud no es la única que sufre la falta de acceso a una vivienda
No sólo quienes no tienen trabajo, si no que quienes tienen “la suerte” de tenerlo no llegan a cubrir la canasta básica establecida por las propias estadísticas oficiales. En este contexto, poder garantizar las necesidades elementales, poder acceder a un alquiler, resulta una misión imposible.
Más allá de la demagogia del Gobierno, la realidad muestra que los discursos están lejos de materializar políticas que resuelvan la situación. Con lo que se le pagó al FMI se podrían haber construido 67.000 viviendas.
En diálogo con este diario, una de las tantas mujeres que son sostén de hogar en la provincia de Buenos Aires, relata su experiencia que identifica a la de muchas. Ana vino desde Santiago del Estero a Buenos Aires hace 16 años buscando una mejor oportunidad para vivir.
Tiene 39 años, dos hijos menores de edad a cargo y vive de changas, trabaja por hora en casas particulares y a veces cuida a personas mayores. “Donde vivo no es mi casa, alquilo. Hubo una época en que trabajé en un restaurante, pero en 2016 me quedé sin trabajo. Fue en octubre de ese año más precisamente, porque una no se olvida del día en que se queda sin trabajo y esa vez fue justo un día antes del cumpleaños de mi hijo. En ese trabajo estaba en blanco, tenía obra social y de ahí para acá no puedo conseguir nada que sea fijo, son todas changas que me salen de semana a semana y hay veces que no sale nada”.
Ana relata cómo se tiene que rebuscar el día a día para sobrevivir junto a sus dos hijos: “Soy costurera, antes de la pandemia trabajaba bien de costura, pero fue muy difícil transitar la cuarentena porque no contaba con nada para poder garantizar para mis hijos y para mí lo más básico. Ese año se me venció el contrato de alquiler y otra vez tuve que buscar otra cosa y actualmente estoy pagando de alquiler $18000 que con los servicios se me va como a $25.000 y encima ahora ya tengo un aumento del 15 % en octubre. No puedo acceder tampoco a internet porque no me da para pagarlo, a veces me quedo un rato más en una de las casas en las que trabajo para tener un rato de conexión. No puedo tener ni siquiera las cosas básicas y mes a mes es cada vez más difícil pagar el alquiler, es muy difícil llegar a cubrir el alquiler todos los meses”.
Escuchar a Ana eriza la piel y presenta inmediatamente la imagen de las casi 4 millones de familias que están en su situación: “Un dicho que yo les digo a mis hijos cada vez que voy a pagar el alquiler, disfrutemos un mes más porque no sabemos si el mes que viene vamos a poder seguir aquí, lo digo entre en serio y en broma pero la realidad es esa. Una quiere salir adelante pero la realidad es que es muy difícil”.
Transformemos la decepción en lucha
Ni el Gobierno, ni la oposición burguesa cuestionan a los grandes empresarios que suben los precios casi sin control. Solo el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad exige que el salario mínimo no pueda ser menor a la canasta familiar y aumente automáticamente a la par de la inflación y un IFE de $ 50000 para quienes lo necesiten.
A su vez, plantea reducción de la jornada laboral, sin afectar el salario, y reparto de las horas de trabajo para que trabajemos todos menos horas y la juventud pueda estudiar además de divertirse.
Cómo explicó Nicolás del Caño en una entrevista televisiva el FIT-U es “una fuerza que crece desde abajo, somos una lista llena de trabajadoras y trabajadores de todo el país, de activistas del movimiento de lucha de las mujeres que impuso el derecho al aborto legal, del movimiento socio ambiental, con quienes compartimos movilizaciones permanentemente contra el extractivismo y la megaminería, contra el uso de los agrotóxicos”.
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