En nuestro caso, queremos revisitar el proceso que dio origen a la Constitución de 1976, pues lo consideramos como un momento clave de la consolidación del régimen político existente hoy en Cuba, más allá que en 2019 se haya sancionado una nueva carta magna [1].
Es importante señalar que, luego de la revolución de 1959, Cuba fue el país de América Latina que tuvo los mayores avances en materia de derechos y conquistas sociales. La erradicación del analfabetismo, la desnutrición infantil, la construcción de una red nacional de hospitales y consultorios para la atención preventiva, el pleno empleo, la reforma agraria que acabó con el latifundio, la nacionalización de todos los medios de producción que, en conjunto, fueron conquistas de las masas obtenidas como resultado de la instauración del primer estado obrero del continente. Esto sin dejar de considerar que existió una planificación burocratizada de la economía, que dependía del subsidio soviético para sostener la política social.
Estas conquistas se desarrollaron en un medio sumamente contradictorio. Socialmente hablando, las nacionalizaciones de todos los medios de producción pusieron las bases para una nueva sociedad, pero, al mismo tiempo, esa propiedad estatal estaba aprisionada por un bajo nivel técnico de la industria y el campo. Esto se cimentó por la política impulsada por la casta gobernante, que había pactado con la burocracia de la URSS. A cambio de la alianza, Cuba aceptó ser monoproductor de azúcar para la exportación al llamado “bloque socialista”. Del mismo modo, la ausencia de organismos de autodeterminación de las masas impidió el desarrollo de una verdadera democracia obrera y socialista, así como un auténtico despegue en la consciencia de la mayoría población cubana, afianzando la idea de que todas las decisiones políticas importantes eran monopolio de un puñado de dirigentes.
Este proceso de burocratización en la isla tuvo uno de sus clímax en la institucionalización de la Revolución con la Constitución de 1976. El resultado es un momento histórico clave, porque al sancionar una Carta Magna al estilo de la legalidad socialista de la URSS, no solamente estaba dotándose al país de una norma máxima en su sentido jurídico, sino que terminó de imponerse una lógica política, institucional e ideológica al estilo de la burocracia soviética.
El Primer Congreso del Partido Comunista Cubano: los Redactores de la Constitución del 76
Para empezar, necesitamos entender el significado del Primer Congreso del Partido Comunista Cubano, no sólo porque fue el momento cuando las cúpulas dirigentes de la revolución institucionalizaron al partido-ejército y el régimen de partido único según el modelo de la burocracia estalinista, sino porque en su sentido jurídico fue la Reunión Constituyente Formal que prescribió una Constitución según los parámetros de la legalidad socialista emanada desde Moscú.
Los documentos que dirigieron la discusión eran conocidos como Lineamientos al I Congreso y fueron diseñados por la Comisión Preparatoria Central del Primer Congreso [2], que a su vez fue nombrada por el Buró Político [3] del Partido Comunista [4]. Es de resaltar que los dirigentes del buró se autoasignaron la responsabilidad de preparar los textos básicos del debate, pues los integrantes de ambos organismos son prácticamente las mismas personas. Como puede apreciarse, los límites y alcances de lo que podía discutirse o no lo estableció el círculo dirigente del 59; lo que no abrió la discusión ampia para que el pueblo trabajador participara de manera decisoria.
Luego, el mismo proyecto establece que “El Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, en consecuencia, da su aprobación al texto perfeccionado del Anteproyecto de Constitución y recomienda que sea publicado oficialmente como Proyecto de Constitución de la República y sometido mediante referendo al voto universal, libre y secreto de los ciudadanos, junto con el Proyecto de Ley de Tránsito Constitucional” [5]. De tal manera, no nos encontramos ante una Asamblea Constituyente o una instancia soberana similar, sino ante un órgano político (el Partido) que impone su voluntad.
Esto estaba contrapuesto, por ejemplo, a impulsar un organismo, con representantes electos democráticamente, con capacidad decisoria para redactar y resolver el texto constitucional.
Recordemos que, cuanto más democráticas son las instituciones obreras, más se expresa la creatividad y el ímpetu de las masas trabajadoras. Es el mejor recurso para contrarrestar las tendencias autoritarias, disminuir y corregir a tiempo los errores; sin embargo, en el accionar de la dirección cubana y el PCC se expresó una orientación, profundamente, burocrática heredada de la concepción guerrillera de la revolución del partido-ejército.
La libertad de prensa, de reunión y asociación son esenciales para que una sociedad basada en la expropiación de los medios de producción –como fue Cuba después de 1959– se desarrolle adecuadamente, pues son las garantías democráticas necesarias para que la mayoría sea dueña de su destino, avanzando en el camino de una construcción social consciente protagonizada realmente por las masas. En el caso cubano, el proyecto revolucionario, al menos para los primeros quince años de la Revolución, había conquistado la mente y corazones de la inmensa mayoría de la población; no obstante, también se sofocó la vida pública entorpeciendo la experiencia política y el desarrollo del poder obrero y campesino.
En relación con lo anterior, en el Primer Congreso no se demostró la disposición por romper con la dependencia económica que tenía el país con la Unión Soviética desde los primeros años de la década de 1960. Por el contrario, La Isla se concentró en la industria ligera y en la extracción de los pocos recursos naturales con lo que contaba el país, tal como quedó establecido en las Directivas para el desarrollo económico y social en el quinquenio 1976-1980 [6] abandonando, en los hechos, la creación y consolidación de la industria pesada nacional, fundamental para la generación de bienes de capital que, a su vez, son imprescindibles para desplegar la industrialización, tan necesaria para Cuba [7]. Esta política fue así porque el gobierno de Castro aceptó la “división socialista internacional del trabajo”, que le impuso la URSS a cambio de su ayuda económica y política; tal como quedó constatado en los documentos oficiales cubanos.
La persistencia de elementos de la ley del valor a pequeña escala se combinó de forma contradictoria (producto de la planificación burocrática) con la economía nacionalizada y el control del comercio exterior. En 1968, en la Ofensiva Revolucionaria, la mayoría de pequeños negocios fueron puestos bajo control estatal, resolviendo la contradicción de forma burocrática y debilitando el entramado jurídico en cuanto a las relaciones mercantiles.
Por último, la Constitución y el diseño social y económico de Cuba dispuesto por la burocracia, así como el carácter de la asociación con la camarilla gobernante en la URSS, estaba íntimamente vinculado a la adscripción de que era posible construir el socialismo en un solo país. Esta pseudoteoría de corte estalinista señalaba que el capitalismo se derrumbaría por sus propias contradicciones internas, por tanto, la lucha de clases internacional debía limitarse a la defensa de la URSS y los países del bloque soviético. Esta visión era, a su vez, el aliciente para que los altos burócratas pregonaran la “marcha pacífica al socialismo”, que justificaba la coexistencia pacífica y el colaboracionismo de clase con los estados imperialistas, omitiendo los postulados básicos del marxismo de que sólo puede acabarse con el capitalismo tomando el poder político por la acción insurreccional de las masas obreras y populares, expropiando a la burguesía y planificando democráticamente la economía.
La Constitución de 1976: La institucionalización del burocratismo
El constitucionalismo basado en la legalidad socialista, como ya hemos argumentado, siguió el camino que negaba: el del normativista positivista liberal. La Constitución no tenía un carácter vinculante; es decir, no podía ser reclamado en los tribunales o en otras instancias para su cumplimiento. En Cuba, los derechos sociales fueron ampliamente garantizados, lo que colocaba a La Isla muy por encima de los sistemas de seguridad social de los países de América Latina o Estados Unidos. No obstante, los derechos políticos eran limitados, esto incluyó a las distintas corrientes revolucionarias que defendían la revolución y eran críticos al gobierno de Fidel Castro [8].
La legalidad socialista fue el eje jurídico rector de la Unión Soviética desde 1936, pero fue hasta 1977 que se le dio un estatus constitucional [9]. ¿Por qué se llegó a eso? Nos parece que fue porque la URSS, bajo dominio de la burocracia estalinista, empezaba a mostrar contradicciones internas más profundas, que harían eclosión en los años posteriores. Además, el nivel de los privilegios de los altos jerarcas se volvía inocultable para la mayoría de la población. Para disimular esta arbitrariedad fue necesario presentar un nuevo “pacto” escrito en una Constitución.
A estas alturas, el poder de las altas esferas de dirigentes estaría controlado por una norma impersonal, que supuestamente representaba a la clase trabajadora. Si antes lo que legitimaba a los burócratas soviéticos era un discurso revolucionario y la promesa de la “marcha pacífica al comunismo”, luego, el discurso legitimador empezó a basarse en el derecho.
En Cuba, se convocó a un referéndum para dar el “sí” o “no” a la Constitución; previamente a la votación, se impulsaron discusiones colectivas sobre el contenido y se hicieron algunas modificaciones menores al texto, pero, en lo esencial, la Constitución no se modificó. Así sucedió porque los espacios de discusión eran organizados y dirigidos por el PCC, lo que le permitió tener control sobre las discusiones y sus resultados.
El proyecto previamente discutido en el PCC se presentó al grueso de la población que influyó sólo –y muy parcialmente– en algunos temas en un referéndum popular celebrado el 15 de febrero de 1976, por sufragio universal, único, libre, igual y secreto, votó el 97.7 % de los ciudadanos. La victoria del “sí” al documento fue total. Finalmente, la Constitución fue promulgada el 24 de febrero de 1976.
La estructura del documento es tradicional y no ofrece ninguna novedad para quienes conozcan los sistemas legales continentales. Luego del prólogo, venía el Capítulo I sobre “Fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado”; Capítulo II dedicado a la “Ciudadanía”; Capítulo III referente a la “Extranjería”; el IV sobre la “familia”; en el V “Educación y Cultura” los temas son tratados como derechos sociales; el VI sobre la “igualdad”; el VII “Derechos, deberes y garantías fundamentales” que son los derechos políticos y civiles, pero con la salvedad de que “el deber” es entendido como un honor y momento de realización del ser humano [10]; el Capítulo VIII dedicado al “Estado de emergencia”; el IX “Principios de organización y funcionamiento de los órganos estatales”; Capítulo X “Órganos superiores del Poder Popular”; Capítulo XI “La división político-administrativa”; Capítulo XII “Órganos locales del Poder Popular”; Capítulo XIII “Tribunales y Fiscalía”; Capítulo XIV “Sistema electoral”; y el Capítulo XV sobre la “Reforma constitucional.”
Respecto a la idea de que era posible afianzar el socialismo por medio de una Constitución, consideramos importante indicar lo siguiente: mientras no se consiga la construcción de una economía planificada a nivel mundial, a partir de la derrota del capitalismo imperialista, que ponga a disposición de la humanidad el alto desarrollo de la tecnología y de la técnica, no podrá avanzarse, a partir de la conquista que supone la instauración de un estado obrero (incluso de varios), en poner en pie un sistema social cuyo punto de inicio sea superior al alcanzado por las fuerzas productivas bajo el capitalismo, lo cual implica su extensión a nivel internacional.
En Cuba, al vencer las dos espinas del Estado burgués, el ejército y la burocracia gubernamental, efectivamente fue posible iniciar un Estado obrero, aunque burocráticamente deformado. Se trató de un cambio cualitativo y de carácter de la forma jurídico-estatal, que siguió conservando resabios del sistema capitalista; por ejemplo, el salario.
No puede considerarse que la realización del socialismo está concretada por la expropiación y la nacionalización de los medios de producción, ni mucho menos por la afirmación que se hace en la Constitución, pues no basta que haya una ley donde se afirme que los trabajadores son los dueños de los medios de producción. Es necesario que las y los trabajadores tengan el dominio sobre ellos y puedan ejercer una construcción consciente, ya que las leyes pueden “decir” y “asegurar” muchos derechos y conquistas, pero si en la realidad no es así, la ley se vuelve ideología en su sentido peyorativo.
No se trata, solamente, de oponer dos formulaciones jurídicas con signos discursivos opuestos (Capitalismo vs. Socialismo), sino de cómo; mientras se defienden las bases nacionalizadas de la economía en el estado obrero (para lo cual es fundamental la participación y decisión democrática de las masas y la liquidación de la burocracia) se busca la extensión de la revolución, para que las masas sean protagonistas del control sobre la producción y distribución social de los objetos de consumo a nivel internacional.
En ese sentido, la planificación que se dio en Cuba desde el principio de la revolución fue burocrática; es decir, diseñada por un puñado de altos funcionarios que no tomaban en cuenta la opinión de la base trabajadora. La falta de una auténtica democracia obrera que manejara la producción quedó establecida en la Constitución. Se declaraba una igualdad formal entre trabajadores y la alta burocracia con la falsa premisa de la desaparición de contradicciones sociales en la sociedad, pues supuestamente se había arribado al “socialismo”; de esta manera, se ocultaba una serie de privilegios materiales sancionados por la propia ley.
Como decíamos antes, se institucionalizó el régimen de partido único. Esto fue un salto en el control de las masas cubanas de parte del PCC. Sí de por sí nadie podía organizarse por fuera de las estructuras partidarias, en ese momento se legalizó dándole mayor poder a los burócratas.
Ya desde los 70, en lugar de desaparecer, la forma jurídica se fortalecía, mientras que la economía planificada iba debilitándose; aunque no de forma evidente como luego sucedería a partir de la década de los 90.
Para cerrar queremos aclarar que, cuando defendemos a Cuba del imperialismo, defendemos esas conquistas históricas del conjunto del pueblo cubano, puesto que son el logro de la combativa movilización revolucionaria de la clase obrera y el campesinado cubano en el apogeo de la revolución, así como de su heroica capacidad de resistencia ante el constante asedio del imperialismo estadounidense. Lo anterior no niega que muchas de las conquistas históricas de la revolución se han deteriorado en las últimas décadas.
En cambio, no apoyamos al régimen político de una burocracia autoritaria que, históricamente, ha gobernado negando libertades democráticas elementales al pueblo, con groseros privilegios para sí, y desde hace años también enriqueciéndose de manera privada, al calor de las reformas procapitalistas que vienen implementándose; sobre todo, en la última década. De hecho, esa misma burocracia autoritaria viene desmontando esas conquistas y abre las puertas a la restauración del capitalismo, siguiendo el modelo chino o vietnamita y pretendiendo, en muchos casos, convertirse ellos mismos en nuevos capitalistas [11].
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