El resultado electoral del domingo pasado hizo estallar una idea: que era posible reconstruir la situación social, mejorar la vida de las mayorías, bajo el régimen del FMI. Mientras el poder de compra del salario cayó, la jubilación cayó, el gasto social cayó, los bancos y los grandes capitalistas siguen obteniendo importantes ganancias. Y la deuda sigue insumiendo dólares que se necesitan para atender las necesidades sociales.
El nuevo jefe de Gabinete, el misógino Juan Manzur, fue una pieza clave para que Mauricio Macri lograra avanzar con el pacto fiscal en 2017: constituyó uno de los famosos “dadores voluntarios de gobernabilidad”. Aquel pacto fiscal habilitó la reducción de impuestos a las patronales a lo largo y ancho del país, como así también fue el puntapié inicial para la reforma previsional que les robó a los adultos mayores un 20 % de su degradado poder de compra. El famoso “hay 2019” fue central en la desmovilización del diciembre de 2017. Aquellas jornadas no lograron impedir la aprobación de la nueva movilidad jubilatoria con la que colaboró Manzur, pero lo dejaron a Mauricio Macri con un triunfo pírrico en las manos. Así se vio obligado a retroceder de su plan de “reformismo permanente”: contemplaba avanzar con una contrarreforma laboral (que tenía aval de la CGT) y otra reforma tributaria más amplia para otorgar beneficios impositivos adicionales al gran empresariado. La votación de 2019 fue un contundente testimonio contra el ajuste, contra el macrismo que rompía todo.
El endeudamiento vertiginoso del Gobierno de Cambiemos con los lobos de Wall Street está plagado de capítulos fraudulentos por la connivencia non sancta de funcionarios, como el exministro, el “Messi” de las Finanzas, Luis Caputo, con la J.P. Morgan, con los fondos Templeton y PIMCO, entre varios otros. El actual ministro Guzmán convalidó los fraudes macristas con la reestructuración de deuda con acreedores privados. No solo eso: además, autorizado por el Congreso, emitió un bono de deuda especial para que Templeton y PIMCO puedan comprar y llevarse millones de dólares del país, un privilegio vetado para el pequeño ahorrista al que se le aplica el cepo. Este tipo de prebendas en favor de los especuladores financieros no escandalizan a los libertarios tan atentos a los “derroches” del Estado en planes sociales. Ahora Guzmán se encamina hacia un acuerdo de facilidades extendidas, el más duro dentro del “menú” que ofrece el Fondo en término de condicionalidades. Lejos quedaron las denuncias oficialistas acerca de que el préstamo más grande de la historia del FMI implicó un apoyo político de Donald Trump a Macri o que la mayoría del endeudamiento macrista se destinó a financiar la fuga de capitales a guaridas fiscales, tal como estableció un informe del Banco Central el año pasado [1].
El cambió de piezas en el gabinete dejó en su sillón al señor Miyagi de la deuda. Alberto lo defendió. CFK lo llamó para aclarar que ella no quería su renuncia. Esto ocurre mientras la economía no experimenta más que una tímida recuperación y la inflación incinera el poder de compra del salario. Por eso es válida la pregunta que se hizo la diputada Fernanda Vallejos: “¿O a Guzmán lo puso (Kristalina) Georgieva?”. No hay dudas que el ministro es el niño mimado del Fondo a través de su mentor Joseph Stiglitz, quien también le habilitó el vínculo con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen. En el medio de la crisis, el Fondo preservó a su alfil al mando de la economía. El próximo paso será que el Congreso vote el acuerdo al que llegue Guzmán: todas las fuerzas del régimen capitalista, desde el oficialismo al excéntrico Javier Milei, pasando por Juntos por el Cambio, anticiparon que darán el visto bueno.
La sorpresa por el resultado electoral podría advertirse de antemano en la catástrofe social. Las elecciones del último domingo se desarrollaron en el peor escenario social de todas las votaciones desde el período 2001-2003 hasta la actualidad. Ese escenario no es un producto natural de la herencia macrista y del impacto del Covid. Las decisiones de Alberto Fernández contribuyeron a alcanzar el 42 % de la pobreza en el segundo semestre de 2020. El jueves 30/9 se conocerán los índices de pobreza del primer semestre de este año. Todo indica que la cifra rondará el 40 %. No cede porque las decisiones gubernamentales están filtradas por lo que exigen desde Washington.
En 1975, antes de la dictadura, la deuda ascendía a U$S 8.000 millones. Actualmente, llega a U$S 336 mil millones. Creció 42 veces. Se paga, se paga y la deuda no para de crecer. En eso son responsables todos los gobiernos posteriores a la dictadura: todos se encargaron de reciclar los fraudes del endeudamiento [2]. Sobran los motivos para calificar al último proceso de endeudamiento macrista como una deuda odiosa [3]. El Frente de Izquierda ganó autoridad denunciando las consecuencias de arrodillarse a los mandatos fondomonetaristas y del imperialismo financiero. El planteo de un desconocimiento soberano de la deuda y la ruptura de relaciones con el FMI basado en la movilización masiva de la clase trabajadora y el pueblo pobre, llamando a la solidaridad de trabajadoras y trabajadores de América Latina y el resto del mundo, es una necesidad para terminar con esa hipoteca presente y futura. No hacerlo es convalidar una deuda odiosa que empobrece a las mayorías.
Somos cómplices los dos
Argentina fue uno de los países que menos gasto público realizó para atender la emergencia del Covid. Ese balance lapidario surge de la comparación no solo con las potencias económicas, sino también con países vecinos con gobiernos derechistas, como Brasil y Chile. Además, el austero Guzmán estableció en el Presupuesto 2021 un ajuste que, entre varios recortes, incluía la eliminación del IFE. Más ofrendas a los “mercados” y a los principios fondomonetaristas. La vicepresidenta hizo público en su carta [4], a ocho meses de ejecutado el presupuesto, que en privado le advirtió al presidente que se estaba llevando a “cabo una política de ajuste fiscal equivocada”. CFK califica de ajuste al sobrecumplimiento de la meta fiscal. Pero, con o sin sobrecumplimiento, el Presupuesto 2021 es de ajuste: “sinceramente” fueron ella, en condición de presidenta del Senado, y su hijo, quien dirige la bancada oficialista en diputados, quienes garantizaron los votos para el presupuesto en curso.
Este martes 14/9 la Oficina de Presupuesto del Congreso publicó un informe sobre la ejecución presupuestaria nacional hasta agosto [5]. En el acumulado de ocho meses, los gastos corrientes retrocedieron 10,6 % en términos reales (es decir, descontada la inflación). Recién el dato puntual de agosto mostró, luego de muchos meses, un aumento del gasto primario en términos reales (el aumento previo había sido en febrero). Pero no cambió la tendencia general. En el acumulado del año, las prestaciones sociales sufrieron un recorte del 16,8 % (en términos reales). Allí se contabilizan lo que perdieron las jubilaciones, las pensiones y los programas sociales, entre otros ítems. Este es el ajuste que meses atrás fue celebrado por el ignífugo Domingo Cavallo. Es un ajuste que tiene lugar mientras en lo que va del año los ingresos corrientes mejoraron 19,3 % (en términos reales). La recaudación crece por la mejora de la actividad económica, pero también por el aumento de los ingresos por derechos de exportación gracias al alza de los precios internacionales de las materias primas. Esto indica que existía cierto margen para que el gobierno atienda las urgencias sociales. Pero la decisión fue buscar achicar el déficit fiscal en miras de un futuro acuerdo con el FMI. Por eso los números fiscales mejoran, pero los indicadores sociales siguen en niveles alarmantes.
El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso señala que, hasta agosto, de la recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario se ejecutó un 88 % de lo presupuestado para equipamiento médico, fundamentalmente para la compra de vacunas. Pero, además, se ejecutó un 59 % de los subsidios a las MiPyMES, principalmente por el REPRO II: U$S 26.500 millones hasta agosto. La categoría MiPyMES es engañosa. Por lo general, encubre a empresas con facturaciones millonarias. La categorización del Ministerio de Desarrollo Productivo aclara el punto: considera MiPyMES de la construcción a empresas que facturan hasta $ 1.241 millones, de los servicios hasta $ 940 millones, del comercio hasta $ 3.698 millones, de industria y minería hasta $ 3.955 millones y agropecuarias hasta $ 1.099 millones. Estos subsidios, evidentemente, no van al kiosquero ni al panadero. Esos desembolsos de REPRO II contrastan con que del Aporte Solidario y Extraordinario se ejecutó la fantástica cifra de cero pesos de los recursos previstos para las Becas Progresar y para la urbanización de barrios populares. Lo llamativo es que el 31 de mayo el Ministerio de Economía anunciaba que esos recursos ya se estaban ejecutando ¿Funcionarios que no funcionan, que mienten o que usan los recursos para otros fines? Un misterio.
Existen otras decisiones donde se sacrificaron las urgencias sociales en favor del organismo que preside Kristalina Georgieva. El 24 de julio, en el acto de lanzamiento de candidatos del Frente de Todos en Garín, CFK sorprendió con una definición: “no vamos a poder destinar los USD4.300 millones que recibiremos del FMI a recuperar la economía”. El desaire, como en aquella famosa escucha telefónica, fue para Oscar Parrilli, quien había impulsado una declaración del Senado para utilizar esos fondos para “resolver los graves problemas derivados de la pandemia”. Anunciado el cambio de gabinete, a última hora de este viernes, se conoció un DNU que consagra la utilización de reservas del Banco Central para pagarle al Fondo [6]. En lo que va del mandato de los Fernández se fueron alrededor de U$S 7.000 millones en pagos a organismos internacionales, entre ellos el FMI. Y se irán otros U$S 4.000 millones hasta fin de año.
Falsas promesas
En julio del 2019, en un acto en La Matanza, Alberto Fernández (más fresco y sin las marcas de la crisis en su rostro), afirmó que “entre los bancos y los jubilados me quedo con los jubilados". El entonces candidato prometió que iba a aumentar un 20 % a los jubilados y que la financiación la iba a obtener poniendo fin al curro de las Leliq. Su política fue la contraria. No hizo falta esperar a la pandemia. La opción de ajustar a los adultos mayores la ejecutó desde diciembre de 2019 cuando se suspendió la mala fórmula de actualización jubilatoria macrista que, en 2020, por primera vez, hubiera permitido una recomposición de los haberes. Se trató de la primera ofrenda del ministro Guzmán al altar de los lobos de Wall Street y el FMI.
Con la pandemia en curso, en diciembre de 2020, el oficialismo impulsó la votación de una nueva fórmula jubilatoria que continúo el ajuste sobre los adultos mayores. El Frente de Izquierda denunció oportunamente de qué se trataba la nueva fórmula. Además, presentó un proyecto de ley para que el haber inicial sea igual al 82 % móvil del mejor salario en actividad para todas las jubiladas y jubilados y pensionados. También proponía que el haber mínimo no pueda estar por debajo de la canasta de los jubilados: en la última medición de abril de este año, el costo se ubicaba en $ 64.039, muy por encima del haber mínimo de entonces y del actual ($ 25.922 desde el 1 de septiembre). Para que los fondos alcancen se planteaba restituir las contribuciones patronales al 33 %, aplicar verdaderos impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago de la fraudulenta deuda externa. El oficialismo incluso rechazó establecer un piso de aumento en función de la inflación. Fernanda Vallejos que es una economista inteligente, virtud que en los audios filtrados le reconoce al ministro Guzmán, podría haber denunciado a tiempo que se trataba de “una fórmula de mierda”. No sucedió. En esa ocasión festejó en Twitter.
Hay que reconocer a Alberto Fernández la virtud de haber formulado una disyuntiva que sigue vigente, aunque no solo entre los bancos y los jubilados, sino entre los bancos y las mayorías de la población. El curro de las Leliq se multiplicó con el Gobierno del Frente de Todos. Juan Manuel Barca explicaba días atrás en el diario Clarín que, entre enero y agosto, los pagos de intereses por Leliq y otros pasivos remunerados del Banco Central implicaron para los bancos ingresos por casi $ 800 mil millones: esto implica que la “paritaria de los bancos” aumentó un extraordinario de 91 % interanual, casi el triple que lo que recibieron los jubilados por la movilidad jubilatoria. Es el negocio más fácil del mundo porque los bancos le prestan al Central la plata de sus clientes. No solo eso. El curro de las Leliq es un atentado contra el desarrollo del crédito: se trata de un mecanismo utilizado para sacar dinero de circulación.
El sistema bancario y financiero argentino, tal como demostró una investigación del Congreso sobre el accionar en el 2001 [7], lo mismo que el informe del Banco Central del año pasado, actúa como el principal instrumento de la fuga de capitales y de las maniobras devaluatorias [8]. La nacionalización de la banca mediante la expropiación de los bancos privados, la conformación de un banco público único bajo gestión de los trabajadores, es una necesidad para terminar con el vaciamiento del país, cuidar el ahorro nacional y reconstituir el crédito: sería una herramienta para financiar la obra pública (escuelas, hospitales, viviendas), otorgar créditos accesibles para que los sectores populares puedan acceder a la vivienda y a otros consumos, como los vacacionales; también para canalizar recursos hacia los pequeños comerciantes o productores arruinados por la crisis.
Cuando no tengas ni fe
Guzmán parece ir un paso adelante. Antes que CFK difunda su carta con la denuncia del ajuste en curso, el ministro presentó el Presupuesto 2022 con el ajuste futuro. Allí se proyecta un crecimiento del PBI del 4 % y una inflación del 33 %. En relación al tipo de cambio mayorista a diciembre del año próximo se espera una cotización de $ 131,1 por dólar. El ministro estableció una meta de déficit fiscal del 3,3 %, menor que la del año en curso. No solo eso. El presupuesto también proyecta una suba segmentada de tarifas. Y, la frutilla del postre, como era de esperar, anticipa un acuerdo con el FMI. A esta altura de la crisis, el Presupuesto 2022, como todos los presupuestos, es papel mojado. Pero exhibe una férrea voluntad para sostener el rumbo ajustador.
En lo inmediato, el oficialismo tiene otras urgencias que deberá conjugar con la austeridad presente y futura. El tiempo hasta noviembre es corto. El jueves era el día en el que se esperaban los anuncios que el gobierno prepara para intentar recomponer las expectativas sociales. No sucedió. La crisis de la coalición de gobierno postergó todo. No obstante, empezaron a conocerse algunas decisiones y trascendieron otras posibles iniciativas que tomará el Ejecutivo.
Entre las decisiones se destaca el adelanto de la convocatoria para el próximo martes del Consejo del Salario (originalmente estaba previsto para el 30 de septiembre). Actualmente el salario Mínimo, Vital y Móvil se encuentra en $ 29.160. De este modo, se ubica por debajo de la canasta de indigencia y cubre menos de la mitad de la canasta de pobreza. Habrá que ver qué decisión toma el Consejo del Salario cuando se reúna. Allí participan las principales cámaras empresarias y las centrales sindicales, la CGT y las CTA, que vienen avalando la miseria salarial. Todo indica que al 35 % de aumento ejecutado hasta septiembre se le sumaría un 10 % adicional. Incluso, la “generosidad” oficial podría agregar algún punto más. Es decir, el anuncio no iría mucho más allá que lo que estaba previsto antes de las elecciones. Así, el aumento anual rondaría el 45 %. De este modo, el incremento del salario mínimo seguiría por detrás de la inflación proyectada para este año en alrededor del 50 %, o a lo sumo la empatará. El aumento del salario mínimo impacta en los programas sociales, como el Potenciar Trabajo (que percibe la mitad del mínimo), en el Programa Acompañar y en las becas Progresar.
Otro de los anuncios que tendría lugar en lo inmediato es el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias aplicado al salario: pasará de $ 150 mil a $ 175 mil. Y una incógnita está abierta en relación a una nueva ronda del IFE. Desde el kirchnerismo se venía reclamando su implementación (quizás con otro nombre y con más plata). Podría beneficiar a entre 2 y 3 millones de personas, muy por detrás de los 8,8 millones que lo recibieron del año pasado. Sobre esta iniciativa habrá que esperar y ver. También se espera un anuncio de un bono para jubilados que cobran el haber mínimo: podría ser de $ 6 mil a pagar en octubre.
La meta del déficit fiscal que se aprobó en el Presupuesto 2021 fue establecida en 4,5 %. Como observó CFK en su carta, la meta está sobrecumplida porque Guzmán gasta poco: llegaba al 2,1 % en el octavo mes del año. En diario Ámbito, Liliana Franco explica que un IFE de $ 15 mil, en sintonía con lo que reclama el kirchnerismo, para los beneficiarios de la AUH por tres meses agregaría 0,45 % del PIB al déficit. Es decir, le permitiría al ministro seguir sobrecumpliendo la meta del déficit aún con el “esfuerzo” fiscal adicional para intentar mejorar las chances electorales oficialistas. Música para los oídos del FMI.
El costo fiscal de los anuncios que hizo Macri cuando se despertó de la pesadilla de las PASO de 2019 fue calculado en $ 40.000 millones: un 0,18 % del PIB de 2019 [9]. El periodista Ignacio Fidanza calificó aquellas medidas macristas como “populismo de emergencia”. Unas décimas más, unas décimas menos, en el gasto en relación al PIB, todo indica que el Frente de Todos transitará por los mismos andariveles que le permitieron al macrismo amortiguar la derrota, pero no evitarla.
¿Quién impone su salida a la crisis?
En términos macroeconómicos la perspectiva no es la peor: el ajuste de los últimos años arrojó un déficit fiscal que se redujo en los primeros meses del año y que Guzmán defiende con uñas y dientes; el superávit comercial es elevado gracias a los precios internacionales de los productos que el país exporta y a la retracción en las condiciones de vida que permitieron contraer las importaciones. Pero la recuperación económica es débil y desigual. No permitirá durante el corriente año recuperar el hundimiento del año pasado por el Covid. El nivel de actividad todavía está lejos de alcanzar lo que se producía hace diez años. Desde 2011 el país creció por debajo del 3 % solo en los años 2013, 2015 y 2017. El resto de los años retrocedió. Este 2021 el país concluirá una nueva “década pérdida” de la economía. En términos de producto per cápita el país atrasa incluso más de una década.
Desde octubre de 2015 hasta junio de 2021, el poder de compra del salario retrocedió 22,5 % en el sector privado registrado, 31,2 % en el sector público registrado y 29,4 % entre los informales (en este caso, comparado contra octubre de 2016). La mayor pérdida se ejecutó con Cambiemos. No obstante, en todos los segmentos, en junio de 2021, el poder de compra era menor que hace un año atrás y menor que cuando asumió Fernández. Este año, se cristalizaría como el cuarto consecutivo de pérdida salarial. No es casual que desde 2017 a la fecha la pobreza trepó quince puntos porcentuales. La débil recuperación económica en curso no es con todos. Por el contrario, reproduce la desigualdad. El retroceso del salario se refleja en las ganancias de la clase capitalista. A partir de la Cuenta de generación del ingreso del INDEC, se puede estimar que, durante el primer trimestre del año, la clase capitalista obtuvo, por cada $ 1 pagado por salario, una ganancia de $ 1,24: se podría asociar a una tasa de explotación del 124 % [10]. Se trata del guarismo más alto desde 2016, cuando comienza la serie de datos. Para que quede claro: con Alberto Fernández la clase capitalista le roba más tiempo de trabajo al asalariado que con Macri.
No solo los bancos, antes mencionados, siguieron ganando con Alberto Fernández. Los laboratorios, de los cuales Manzur es “socio” a partir de su amistad con Hugo Sigman, aumentaron su facturación al mercado interno un 59 % durante el primer trimestre del año [11]. Sigman es dueño de Insud, la empresa que cobró por adelantado de parte del Estado las vacunas de AstraZeneca que tardaron en llegar al país. Sigman junto con su esposa Silvia Gold constituye una de las familias de megamillonarios argentinos. Los negocios de los laboratorios con el Estado son fructíferos: eso lo sabe Marcelo Figueiras, el dueño de Richmond, que también fue abastecido con fondos públicos para producir la Sputnik V.
Marcos Galperin, el dueño de Mercado Libre, se convirtió en la persona más rica del país al calor de la pandemia. Esto no privó al oficialismo y la oposición de derecha incluir a Mercado Pago en la Ley de Software, una normativa impulsada por el primer kirchnerismo y reformada en el Congreso el año pasado con el nombre de Ley de Economía del Conocimiento ¿Qué beneficios otorga esa ley? Reducciones muy importantes en las contribuciones patronales y en el impuesto a las ganancias. La industria manufacturera, a pesar de las tensiones de la UIA con el oficialismo a partir de la asunción de Daniel Funes de Rioja en su conducción, experimenta, con desigualdades por rama, una recuperación que ubica la producción un 4,5 % por encima del nivel de 2019. El complejo agroexportador, dominado por un puñado de multinacionales y empresas argentinas que ejercen una suerte de monopolio privado del comercio exterior agrario se beneficiaron de los altos precios de las materias primas que les permitieron incrementear sus ingresos notablemente durante el corriente año [12].
La clase capitalista busca consolidar el ataque a las condiciones de vida, al salario en particular, que sufrió la clase trabajadora en los últimos años. Es más. Quiere conseguir mayores niveles de explotación, quitar más derechos a las mayorías. Como se dijo, las jornadas de diciembre de 2017, si bien no lograron impedir el cambio regresivo en la movilidad jubilatoria, impusieron un límite a la agenda derechista más amplia del macrismo, que contemplaba una reforma laboral para la que había recibido el visto bueno de las cúpulas sindicales de la CGT en varios aspectos.
Esa agenda se está reinstalando. Horacio Rodríguez Larreta hacia el final de la campaña habló de la eliminación de las indemnizaciones por despido. Un régimen de este estilo, sin indemnizaciones, existe en nuestro país en el sector de la construcción donde los índices de informalidad (no registro) son altísimos y los trabajadores en cada crisis quedan desamparados y sin trabajo. Esta semana, Martín Lousteau (Juntos) presentó en el Senado un proyecto con ese contenido. El abaratar los despidos, obviamente que no es para que sea más fácil cambiar ministros, sino que es una idea que está inscripta en la perspectiva de una reforma laboral más amplia. Es el sueño eterno de los mal llamados libertarios, como José Luis Espert y Javier Milei: que los capitalistas tengan total libertad para robarle al obrero hasta el último minuto de trabajo; que sean descartables en función de la necesidad de agrandar sus ganancias. Buscan que avance el modelo de relaciones laborales que ya se implementó en las aplicaciones de pedidos o en la uberización de los asalariados. Para la juventud significa un presente y un futuro de miseria. El ataque de los sectores extremos del liberalismo contra los burócratas sindicales, en realidad, se orienta menos a las personas y más a debilitar la organización de los trabajadores para realizar una nueva ofensiva contra las condiciones laborales.
En sentido opuesto a la agenda del régimen capitalista, la propuesta de la izquierda, de una reducción de la jornada legal de trabajo a 6 horas y 5 días a la semana (30 horas semanales) sin rebaja salarial implica, en los hechos, una recuperación del 33 % en el salario por hora trabajada para todos los que actualmente tienen una jornada de ocho horas diarias. Para la izquierda, la propuesta de la reducción de la jornada laboral es inseparable de la lucha por absorber a todas las trabajadoras y trabajadores desocupados en la perspectiva de imponer el reparto de las horas de trabajo. Se podría crear una gran cantidad de nuevos puestos para terminar con la desocupación y garantizar trabajo genuino a quienes hoy no tienen más alternativa que recurrir a los planes sociales como forma de supervivencia [13]. Esta iniciativa está asociada también al impulso de un plan de obras públicas para generar, no solo empleo, sino también para construir las viviendas que se necesitan para terminar con el déficit habitacional que sufren tres millones y medio de familias en nuestro país desde hace años. Al mismo tiempo, un plan de obras públicas permitiría desarrollar las obras de extensión de las redes de agua, cloacas, electricidad y gas, o las escuelas y hospitales necesarios, en función de una planificación urbana racional orientada a atender las necesidades sociales.
No se puede aceptar la generación de un ejército de desocupados crónicos e indigentes, una suerte de amenaza latente que las empresas utilizan como extorsión para que los que sí tienen empleo se vean obligados a agachar la cabeza frente a las rebajas salariales, jornadas extenuantes, mayor intensidad en el ritmo de producción u otros cambios regresivos en las condiciones laborales. No solo eso. El reparto de las horas de trabajo, incluso, permitiría incorporar en buen número a todos aquellos que, desalentados por años de retroceso económico, dejaron de buscar trabajo.
Esta iniciativa va indisolublemente ligada a otras exigencias: que nadie gane menos que lo que cuesta la canasta familiar (ATE Indec la estimó en $ 109 mil en agosto), la obligatoriedad de registración de los trabajadores, la estabilidad laboral con la incorporación a la planta permanente bajo el convenio más favorable de cada rama para terminar con toda forma de precarización y que no se impongan mayores ritmos de producción. Bajo estos requisitos, la reducción de la jornada laboral exige no solo, obviamente, una lucha organizada de la clase trabajadora, sino que incluso su conquista parcial, hará necesario un control de los trabajadores en los lugares de trabajo para evitar las previsibles maniobras patronales. La conquista duradera y generalizada de la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, necesariamente, planteará la lucha por un gobierno de trabajadores.
La decadencia económica y social que impone la clase capitalista solo puede revertirse dando vuelta todo. Medidas como la reducción de la jornada laboral –en la perspectiva terminar con la desocupación y establecer el reparto de las horas de trabajo–, el desconocimiento soberano de la deuda, la ruptura con el FMI, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, integradas en un programa de conjunto, permitirían reorganizar la economía sobre nuevas bases a favor de los intereses de las grandes mayorías.
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