En un intento de mostrar una nueva impronta en la cartera de seguridad y con miras a las elecciones generales de noviembre, el flamante Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández anunció junto al gobernador de Santa Fe Omar Perotti, el desembarco de más de 500 efectivos federales y prometió mil más pertenecientes a la gendarmería para marzo del año entrante.
La creciente ola de asesinatos en Santa Fe ligados al crimen organizado, como balaceras y ataques dirigidos, concentrados fundamentalmente en Rosario, continúa siendo un problema para Perotti. La prensa, la oposición, así como los gobiernos nacionales y provinciales, utilizan la conmoción que implican las balaceras para fomentar una agenda de militarización que soslaya que el conjunto de las fuerzas estatales están involucradas de una forma u otra con el crimen organizado.
Es en este marco que llegan los anuncios nacionales con pretendidos aires de renovación pero este no es el primer desembarco de fuerzas federales u operativos de saturación. Tal como dice el periodista Germán de los Santos en el 2014 con el Ministro de Seguridad Berni bajo la presidencia de Cristina Kirchner y el gobierno del Frente Progresista en la provincia se realizó el primer operativo de saturación. A ese le siguieron otros 6. Cristina, Macri y ahora Alberto, en la nación, y Lifschitz y Perotti en la provincia: todos aplicaron la misma receta.
Ninguno de estos operativos pudo mostrar una cifra que indique que haya bajado el índice de criminalidad. Es más: esas mismas fuerzas terminaron involucradas en el crimen organizado; como es el caso del ex jefe de la Policía Federal de Santa Fe, Mariano Valdés, quien enfrenta un juicio por tráfico de estupefacientes, junto al ex policía, Higinio Bellaggio. El resultado siempre es el mismo: los jóvenes de los barrios populares sufren la violencia institucional y pasan a engrosar las cifras de gatillo fácil.
En Santa Fe el problema del narcotráfico y del crimen organizado es profundo y el involucramiento de todas las esferas estatales y de la política no es una hipótesis, es un hecho. Los garantes del crimen organizado tienen rostro, tienen nombres, afiliación política y hasta bancas parlamentarias.
El caso del senador Traferri, señalado por el arrepentido Peiti por la causa del juego clandestino, muestra el nivel de penetración estatal y político en el crimen organizado. Traferri contó con la protección del propio senado santafesino que votó contra su desafuero evitando que vaya a la justicia. No corró la misma suerte el fiscal Serjal que espera en prisión el juicio por su rol en este entramado ilegal. Mientras este miércoles Ponce Asahad debido a la ampliación de declaración como arrepentido le redujeron la condena a la mitad y quedó en libertad condicional.
Así es como el gobernador Perotti, quien llegó a la Casa Gris con una campaña manodurista de “paz y orden” junto a Anibal Fernandez, bajo el cálculo electoral de recuperar votos perdidos en manos de Juntos por el Cambio, incrementan la capacidad represiva del Estado en un momento donde la desocupación y la pobreza crecen en Santa Fe.
Esta política represiva ante el conflicto social no es una sorpresa. El propio Perotti dijo en el acto de asunción del 2019 que las fuerzas de seguridad debían dirimir en los conflictos sociales. Pegado a la letra de su discurso vimos como en Reconquista, en el barrio Cabin 9 de Pérez y en Capitán Bermúdezcomo la policía de Santa Fe desalojaba a mujeres, niños y familias que ocuparon tierras abandonadas para tener un techo donde pasar la noche.
En Santa Fe la desocupación es del 11,8% y la pobreza alcanza uno de los mayores índices del país. A pesar de que el trabajo, la vivienda, el acceso a los servicios en los barrios o la educación son un derecho privado para gran parte de la población no se realizó ningún anuncio que traiga alivio al bolsillo de los santafecinos, como se los escuchó prometer. Los que ganan son los mismos de siempre. Empresarios y especuladores, muchos de ellos ladrones de traje que comercian la soja en negro, que administran el juego clandestino y que disponen de los puertos, que están privatizados, para todo tipo de negocios ilícitos. Para los demás, pobreza, bajos salarios y militarización de los barrios. | 
