Desde el año 2010 nuestro país cuenta con la ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Pero esto no es suficiente ya que esta ley habla de oportunidades sociales e inclusión, pero no asegura los costos de tratamiento del autismo, el cual es muy elevado y no se encuentra cubierto por el sistema de salud pública. lo que hace sumamente complejo que las familias populares puedan seguir los tratamientos que los niño y niñas con autismo necesitan, también hay que sumarle los costos elevados de los exámenes para diagnosticar este síndrome.

Antofagasta es una de las regiones con los índices mas altos del autismo en el país, lo cual ha ido incrementando en los últimos años, por dar un ejemplo años atrás en los controles de niño sano de los CESFAM 1 de cada 100 niños tenia autismo, en la actualidad 1 de cada 10 niños tiene autismo, datos entregados por la jefa de carrera de enfermería de la universidad Santo Tomas Janet Ramos.
También cabe mencionar que en los CESFAM no se encuentra el personal suficiente para poder hacer un seguimiento de estas situaciones, en Antofagasta solo en el CESFAM Valdivieso, del sector norte, se encuentra una sala llamada Nanea la cual cuenta con una lista de espera enorme, por lo que hay niños que llevan un años diagnosticados con autismo y aun no han podido ser atendidos, los terapeutas son otro costo más los cuales deben salir del bolsillo de las familias porque Fonasa no cubre estos especialista.

A nivel educacional si es cierto que se impulsa una política de integración, pero el autismo aun sigue siendo complejo ya que no todos los profesionales del área de educación están capacitados para trabajar con niñas y niños con autismo, lo que dificulta muchas veces su integración, esto es más complejo aun en la edad preescolar, porque los jardines infantiles no cuentan con la infraestructura y el personal capacitado para trabajar con los niños en dichos establecimientos.

Los índices elevados de autismo en la región en los últimos años están ligados a la alta concentración de plomo que hay en la cuidad, según algunos neurólogos infantiles de la región. Es por lo que estas empresas contaminantes que tienen responsabilidad en esta problemática y que se llenan los bolsillos de dinero mientras nuestros niños y niñas no reciben un tratamiento como corresponde, sus familias se endeudan para poder costear estos tratamientos y darles una mejor calidad vida. Son empresas como la ATI y FCAB, de Luksic las grandes responsables de la concentración de plomo en la ciudad por lo cual es a ellos a quienes les debiesen cobrar impuestos para financiar el costo médico y reparar los gastos ya realizados por las familias.

Pero además es urgente un plan de descontaminación que sea financiado por estos mismos impuestos a las empresas para terminar con las altas concentraciones de metales pesados como el plomo en la ciudad, que sea gestionado por los trabajadores, expertos y científicos en coordinación con las comunidades, desplegando todos los recursos que hagan falta, esto solo lo lograremos con la fuerza de la movilización, de las familias y de las y los trabajadores.