Se presenta como una política para beneficiar a quienes reciben planes sociales con empleo genuino, pero es una forma de subsidiar vía planes los salarios que deberían pagar las empresas.
Alberto Fernández encabezó en la tarde de este jueves, en la sede central de la UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), la firma de un convenio con representantes de cámaras empresarias y sindicatos del sector gastronómico y hotelero.
Asistieron los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; Desarrollo Social, Juan Zabaleta; Turismo y Deportes, Matías Lammens; y Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Suscribieron el acta José Luis Barrionuevo por la Unión de Trabajadores del Turismo y representantes de las cámaras y empresas del sector.
El objetivo, según el discurso oficial, es compatibilizar una serie de programas sociales con empleo registrado en esas áreas. Fernández aseguró que su gobierno está empeñado en “formalizar a la Argentina”.
“Tiene que haber sido el turismo el sector que más ha padecido” por la pandemia, aseguró el presidente y celebró los números que arrojó el turismo nacional “este fin de semana largo”.
Cumpliendo deseos patronales
“Estamos buscando un mecanismo por el cual el Estado no lo haga elegir a alguien entre el plan y el empleo por el riesgo a perder una cosa y quedarse sin la otra”, aseguró el presidente. Según dijo, hace poco también firmaron un acuerdo similar con las empresas de la construcción para que le den un cupo a beneficiarios de planes.
La política es la misma que anunció recientemente, en plena campaña electoral, en la localidad de Concordia, Entre Ríos. Allí, la “compatibilización de los planes sociales con el empleo formal”, era algo que pedían a gritos los empresarios del citrus y del arándano, las economías regionales fuertes de esa región.
¿Por qué lo pedían? Según el relato patronal y del mismo Fernández, era difícil conseguir personal para trabajar en las cosechas, porque el trabajo que ofrecen estas empresas es temporal. Los trabajadores se arriesgaban a perder el plan que estaban cobrando por un empleo que no duraría más que lo que dura la cosecha.
En aquella oportunidad, el anuncio estuvo destinado a trabajadores y trabajadoras rurales, a quienes se conoce como “golondrinas”, porque van de un punto a otro del país detrás de las ofertas de trabajo ultra precario y semi esclavo. Algún tiempo en el citrus de Entre Ríos, otro tiempo en los viñedos de Mendoza, otro tiempo en las manzanas del sur… Las escenas de las golondrinas varadas en plena pandemia, lejos de sus casas y familias, sin que los empresarios que se habían servido de su fuerza de trabajo se hicieran cargo de su situación de desolación, fueron una postal que dejaron claro el desprecio que sufren y el nivel de precariedad que reina en el sector.
El Gobierno, lejos de obligar a los empresarios a regularizar su situación, pone a disposición el pago de los planes como parte de los salarios que deberían pagar las empresas. Es decir, lo que se presenta como un beneficio para trabajadores, es un subsidio a las empresas. Esto es lo que Fernández replica ahora con gastronómicos y hoteleros.
Hablan de empleo genuino y formal, pero a la vez sostienen que la compatibilización de los planes sociales tiene que ver con el temor de los trabajadores a quedarse sin una cosa o la otra. Eso es un reconocimiento claro de que el empleo del que tanto hablan no sería para nada estable.
“No creo que nadie que reciba un plan social no lo está necesitando y quiero aclarar que muchos de los que reciben planes sociales en su inmensa mayoría trabajan, en lo que pueden trabajar. (...) Está claro que nadie disfruta de los planes”, se atajó Fernández.En Entre Ríos, sin embargo, había repetido un argumento esgrimido hasta el hartazgo por quienes se oponen a que el Estado asista a la población más pobre: "El problema terminaba siendo que como dice el dicho popular, muchos sentían que más vale pájaro en mano. Entonces decían me quedo con el plan, antes de arriesgarlo e ir a trabajar".
A tono con las IDEAS flexibilizadoras y precarizadoras
“Días atrás estuve en una fábrica de autos que tomó en agosto 700 nuevos empleados y que habilitó un segundo turno como hacía años no había en esa fábrica. Hace un par días estuvimos lanzando el plan de electromovilidad y vi lo que está pasando en todas las automotrices que están moviéndose a un ritmo de producción increíble”.
Alberto pone la industria automotriz como ejemplo, pero no es el único. Este miércoles, la presidenta del Coloquio de IDEA y CEO de Schneider Electric, Paula Altavilla, también sostuvo que lo que se está logrando en esta industria, es lo que hay que replicar “con un traje a medida” para cada sector. Con este eufemismo, pide extender la reforma laboral que avanza de hecho, a través de la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo, sector por sector. Alberto no lo dijo con estas palabras, pero lo que logró Toyota, la empresa a la que hace alusión, es que la producción en la planta no se detenga nunca a fuerza de quitarles a los trabajadores el descanso de los sábados.
En el mismo coloquio de IDEA que reúne a los CEOS y referentes de la política tradicional más importantes, también se escuchó el reclamo de “formalizar a la Argentina” e incorporar al esquema productivo privado a los trabajadores de la economía popular. Los empresarios están deseosos de servirse de la mano de obra barata y con salarios subsidiados vía planes sociales, como acaban de lograr los hoteleros y gastronómicos con el anuncio de este jueves.
¿Década ganada o precarizada?
Veamos la versión que planteó Fernández sobre el período kirchnerista:
“Cuando hacemos campaña mucha gente en los actos nos entrega una cartita, una notita, nos pide algo. Cuando hacíamos campaña con Néstor en el año 2003, eran los años del plan de Jefes y Jefas. (...) Cada vez que recibíamos una cartita, nos pedía era un plan. Nosotros llegamos al gobierno con más desocupados que votos. Néstor sacó el 22 % los votos y había un 24 % de desocupación en Argentina.
Nos pusimos a trabajar y fueron cuatro años y medio de mucho crecimiento en la Argentina. Crecimos a un ritmo del 8 % anual y se crearon casi 4 millones de empleos en ese tiempo. Cuando nos fuimos, la desocupación del 24 % había bajado al 10 % y cuando la gente nos dejaba una cartita en la campaña del 2007, lo que nos pedían era mejorar el trabajo.
A Cristina ya no le demandaban ni planes ni trabajo. ¿Saben qué le demandaban?: no pagar impuesto a las ganancias y el sindicalismo hacía paros para no pagar impuesto a las ganancias”.
Antes que nada, recordemos que cuando el Gobierno criticaba los paros contra el impuesto al salario - mal llamado a las ganancias - decía que los sectores asalariados que tenían un sueldo más o menos digno, debían aportar a quienes menos tenían y necesitaban de asistencia, como la Asignación Universal por Hijo. Un perverso discurso para enfrentar a los trabajadores registrados que veían cómo le sacaban tajadas de su salario, contra aquellos que no podían acceder a un empleo genuino.
Por otra parte, las condiciones económicas a nivel nacional e internacional distan mucho de ser en 2021 las mismas que en 2003. Así lo explicó el candidato a diputado por el Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, en el libro que publicó en 2019, “Rebelde o Precarizada: vida y futuro de la juventud en tiempos del FMI". Su lectura no se basa en opiniones, sino en datos.
En el capítulo titulado “Sinceramente: otra década precarizada”, Del Caño sostiene que “lejos de su relato ‘posneoliberal’, el kirchnerismo mantuvo la mayoría de las conquistas que los empresarios lograron con Menem en la década de 1990”. En esa época avanzó una reforma laboral que profundizó la política neoliberal introducida por la dictadura genocida en los 70. Esa reforma laboral se basó en argumentos muy similares a los que esgrimen los empresarios actualmente.
Tras la crisis del 2001, la devaluación de Duhalde en 2002 bajó el salario real más de un 30 %. Según indica el economista y periodista de este medio, Esteban Mercatante en su libro “La economía argentina en su laberinto”, “el crecimiento del empleo privado fue consecuencia del aprovechamiento que hicieron los empresarios de este abaratamiento de la fuerza de trabajo y a la elevada capacidad ociosa con la que partieron en 2002”.
Sobre las condiciones que habían dejado el menemismo y el duhaldismo, el gobierno de Néstor Kirchner, buscó contener la lucha de clases y las ilusiones obreras de "recuperar lo perdido", dice Del Caño. La política económica y laboral del kirchnerismo se daría en el contexto de una economía internacional que valorizaba la exportación de materias primas, como los productos agropecuarios.
Ese “viento de cola” apuntalaría el crecimiento. La clase trabajadora se empezaba a recomponer, volvía a las fábricas y se animaba a reclamar lo que había perdido durante el menemismo. Como dice el mismo Fernández, durante cuatro años creció el empleo privado —tras una desocupación del 25 %—, se comenzó a recuperar el salario —tras una caída brutal— .
¿Qué pasó con la precarización y flexibilización que había aumentado en los años noventa? Según Del Caño, “si tomamos la tasa de trabajo no registrado, que había llegado al 50 % a mediados de 2003, con la recuperación del empleo fue bajando hasta 2008 pero después esa baja se detuvo”. Al final de las tres gestiones kirchneristas, la tasa de trabajo no registrado quedó clavada en el 32 %. Más alta incluso que en 1990, que era del 28 %.
También aumentó el ejército de contratados, utilizados en muchas ramas, como el comercio, gastronomía, construcción, servicios e incluso en sectores como las automotrices. Los mismos sectores a los que beneficia el Frente de Todos hoy.
Del Caño repasa además los procesos de lucha de los trabajadores que reclamaban esas mejores condiciones laborales de las que habla Fernández. No siempre lo hacían con “cartitas” en los actos de campaña. Lo hacían organizándose y con luchas. Se dio un proceso conocido como “sindicalismo de base” que desafió al Gobierno y a las conducciones burocráticas de los sindicatos. ¿Cuál fue la respuesta de los gobiernos kirchneristas?: La represión. Así lo vivieron los trabajadores ajeros de Mendoza en 2007 y, entre otros ejemplos, los trabajadores de la autopartista Lear en 2014.
El desempleo juvenil bajó entre 2003 y 2007, pero desde ese momento se estancó e incluso subió hasta ubicarse en el 18 % al finalizar la gestión de Cristina.
Un estudio de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), confirma que el trabajo juvenil no registrado bajó del 70 al 60 % entre 2003 y 2005. En 2006 había un 61 % de jóvenes trabajando sin registrar, en 2014 el número seguía en 61 %. En 2018 también seguía en un 61 %. Esto dio un salto enorme con la pandemia.
Desde 2003, el gobierno derogó algunas leyes de flexibilización impuestas en la década anterior. Hizo modificaciones en el régimen laboral y estableció que la discusión de los convenios colectivos se hiciera en oficinas del Ministerio de Trabajo.
Clara Marticorena, socióloga del Conicet especialista en temas de trabajo, sostiene que si bien el Estado dejó de promover la flexibilización laboral en este período, “no se modificaron diversos mecanismos que constituyeron una cristalización del avance del capital sobre los trabajadores operado en los años noventa”.
Según el análisis de Del Caño, un sector que dio el ejemplo en la ratificación de los acuerdos menemistas fue el automotriz. Durante los años noventa, el SMATA y las multinacionales firmaban acuerdos por empresa, siempre flexibles. Esos pactos continuaron después de 2003 y de la asunción de Néstor Kirchner, para sostener el "boom automotriz".
La represión a quienes resistían se complementó con planes que institucionalizaban el desempleo y la precariedad juvenil. En 2008, el gobierno de Cristina Kirchner lanzó el plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y en 2014 el Plan Progresar. Miles de jóvenes fueron incluidos en los Argentina Trabaja, como «cooperativistas», sin convenios y con ingresos de miseria.
