El expresidente Peña Nieto y su secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, son dos de las figuras más relevantes que figuran en el expediente del caso Odebrecht.

El área de delincuencia organizada de la FGR tomará la decisión sobre si se los acusa o no de ese delito, pero lo cierto es que todavía no se los imputó ante ningún juez, aunque desviaron miles de millones de pesos del erario -fondos que recortaron de salud, de educación, del presupuesto de Pemex asignado para mantenimiento de la infraestructura, por citar sólo algunos rubros.

Según la FGR, la investigación en curso se originó con la denuncia penal interpuesta por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex sorprendido hace unos días en un lujoso restaurante de Las Lomas, contra altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto, entre ellos los panistas Jorge Luis Lavalle Maury (detenido) y Ricardo Anaya, quien huyó del país. Este último, según dieron a conocer, próximamente será imputado.

“(Peña y Videgaray) forman parte de una asociación de hecho, cuyos efectos son visibles en la República Mexicana, entre abril de 2013 a agosto del 2014, con el propósito de realizar diversas conductas delictivas”, señala la imputación de la FGR contra Lavalle reproducida en el diario Milenio.

El priista Enrique Peña Nieto y el excanciller Luis Videgaray Caso fueron gratificados por la Constructora Odebrecht con más de 6 millones de dólares en concepto de soborno. A través de Emilio Lozoya, este dinero fue depositado en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. Tiempo después, los retiraron en efectivo para ambos funcionarios.

Los días de la consulta popular

Apenas hace unos meses se llevó a cabo la consulta para enjuiciar a expresidentes impulsada por López Obrador, entre ellos Peña Nieto. Sólo 8 % de las personas inscriptas en el padrón electoral participaron y en su mayoría votaron por sí a la pregunta “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Destacó entonces la ambigüedad de la pregunta y las declaraciones del propio presidente que anunció que, de votar (estaba de gira por Nayarit), lo haría en contra. Su voluntad de cumplir con una de sus promesas de campaña quedó en entredicho y desconcertó a muchos trabajadores, profesionistas y jóvenes que le dieron su voto de confianza. La derecha, encabezada por el PRI y el PAN, con sus voceros del INE pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad de que se juzguen sus estafas.

Corrupción, entrega y represión a la protesta social

Pero estos partidos patronales no sólo son responsables de la legalización de la entrega de recursos vía la reforma energética a la inversión privada -hoy agitada por la iniciativa de reforma eléctrica de AMLO.

Peña es uno de los principales responsables políticos de la violenta represión en San Salvador de Atenco, donde la comunidad se había movilizado en contra de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, aún impune.

También es uno de los responsables centrales de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de Iguala de 2014. Dio continuidad a la militarización y la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el panista Felipe Calderón, y que dejó el funesto saldo de cientos de miles de muertos, desapariciones y desplazamientos forzados. Y la lista puede seguir.

El caso Odebrecht no es un caso aislado. La corrupción es intrínseca a los negocios capitalistas: los altos funcionarios administran el Estado de acuerdo con las necesidades de empresarios y trasnacionales, y a cambio, reciben millonarias recompensas.

Para obtener justicia ante la rapiña de estos ex altos funcionarios y de sus jefes, el imperialismo estadounidense y las trasnacionales, no se puede esperar que el poder judicial, vinculado a ellos, los condene. Hace falta la más amplia movilización popular en las calles, independiente del gobierno y de todos los partidos del congreso.

Una lucha consecuente contra la corrupción implica sostener una perspectiva anticapitalista y socialista que ataque los intereses de las trasnacionales y de los políticos a su servicio, al tiempo que, en cada oportunidad, se propone que todos los altos funcionarios ganen como una enfermera o una maestra, y que sean revocables.