El fiscal Fabián Canda pidió a los jueces federales que suspendan lo antes posible la aprobación del trigo transgénico en la Argentina, llevada a cabo el año pasado por el Ministerio de Agricultura de la Nación. En un dictamen dado a conocer esta semana, el fiscal afirma que la aprobación no es válida porque no respeta el artículo 41 de la Constitución Nacional -que garantiza el derecho a un ambiente sano- ni el principio precautorio dispuesto por la Ley General del Ambiente. Este principio establece: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
El trigo HB4 es promocionado como tolerante a la sequía y al glufosinato de amonio -un herbicida más tóxico que el glifosato-. Es un transgénico de la empresa Bioceres, desarrollado por científicos de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet. Es el primer trigo transgénico que se aprueba en el mundo. Otras empresas, como Monsanto, habían intentado años atrás aprobar trigos transgénicos en países como Estados Unidos, pero no lo consiguieron.
Fue Marcelo Alos, titular de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, quien en octubre de 2020 autorizó la comercialización del trigo HB4 mediante al Resolución 41/2020. Pero estableció una condición: que sea aprobado por Brasil, principal importador del trigo argentino. Hasta ahora, ese país no lo autorizó. Sin embargo, Bioceres y sus clientes ya sembraron por segundo año consecutivo el trigo HB4 en al menos cinco provincias argentinas y lo mantienen acopiado a la espera del visto bueno brasileño.
Para el fiscal, la aprobación del transgénico viola la ley porque se decidió pese a la incertidumbre acerca de los efectos en la salud y el ambiente. “La resolución de autorización desconoce el objetivo primario de la tutela ambiental consistente en el aseguramiento de la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales”, advierte Canda, titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 8.
Al referirse a los riesgos, el fiscal Canda cita un cuestionamiento realizado por más de mil investigadores del Conicet y una treintena de universidades públicas de todo el país, que advirtieron sobre los daños a la salud pública y al interés común que generaría la aprobación del trigo HB4.
Además, reitera los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal ante un pedido anterior de suspensión de semillas transgénicas de soja, maíz, arroz y algodón. En esa oportunidad, la Fiscalía advirtió que esos transgénicos están ineludiblemente unidos a las fumigaciones con agrotóxicos. “Considerando que el uso exorbitante de agrotóxicos, que ubica a la Argentina en el segundo lugar mundial de mayor utilización de herbicidas por hectárea en su sistema productivo, ha generado – por sus consecuencias- reacciones en el mundo científico, académico, en el plano de la salud y del medio ambiente, este Ministerio Público centrará su análisis en la cuestión que con mayor urgencia y evidencia preocupa al interés general (…), esto es la situación de amenaza grave sobre dos de los derechos más preciados que desde el punto de vista individual y social interesan: la salud, en tanto requisito para la vida, y el medio ambiente, en tanto condición indispensable para la vida digna de las generaciones presentes y futuras”.
Otros defectos de la aprobación
El fiscal también afirma que la autorización del trigo HB4 presenta otros dos “defectos insuperables”: la secretaría Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional (que conduce Marcelo Alos) no puede aprobar transgénicos y, además, la decisión no está fundamentada de manera correcta.
Según la normativa nacional, la Secretaría de Agricultura es la única autorizada para aprobar la liberación comercial de transgénicos. Sin embargo, el trigo de Bioceres fue aprobado por la Secretaría de Alimentos. “Este defecto se potencia aún más si se considera que la Resolución Nº 41/20 constituye un acto estatal que debe ser dictado por un organismo altamente especializado”, señala el fiscal Canda en su dictamen.
En cuanto a los fundamentos para aprobar el transgénico, que figuran en los considerandos de la resolución oficial, el fiscal señala que son insuficientes. “Se limitó a transcribir las conclusiones de los tres dictámenes técnicos exigidos (del Senasa, de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia- y de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios )”, señaló. “La mera transcripción de las conclusiones de las evaluaciones formuladas por los organismos intervinientes no satisface el estándar de motivación suficiente exigido.” Y advirtió, en especial, una omisión. Al transcribir el dictamen de la Conabia, no se incluyeron “importantes recomendaciones efectuadas por el organismo”. Entre ellas, pautas para retrasar el hecho inevitable de que las malezas se hagan resistentes al herbicida glufosinato de amonio.
Megacausa contra los transgénicos
Este dictamen del fiscal Canda se enmarca en una causa judicial conocida como «Alicia Fany Giménez y otros contra el Ministerio de Agroindustria», que comenzó en 2012. En ella, grupos de vecinos y organizaciones de la sociedad civil piden al Poder Judicial que ordene la suspensión definitiva de todos los cultivos transgénicos y que sea obligatorio el etiquetado de los alimentos que contengan transgénicos, entre otras exigencias vinculadas a la salud y el ambiente. Mientras tanto, se pide a los jueces que ordenen una medida cautelar de suspender la comercialización y cultivo de transgénicos y el uso de agrotóxicos, así como el etiquetado.
La causa lleva años de idas y vueltas sin que se concrete ninguna de esas medidas. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Defensoría General de la Nación se expresaron a favor de aplicar el principio precautorio y hacer lugar a la medida cautelar de suspender los transgénicos y agrotóxicos. En este momento, la causa está en la Corte Suprema de Justicia.
n octubre de 2020, los denunciantes agregaron el pedido de suspensión del trigo transgénico. Éste se encuentra en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, que fue el que solicitó la Fiscalía el dictamen.
Días atrás, el colectivo Trigo Limpio, integrado por científicos, académicos y activistas por la salud y el ambiente, hizo un llamado a las autoridades para que se aplique el principio precautorio y se suspenda el trigo transgénico.
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