Tras la renuncia del anterior primer ministro Guido Bellido a principios de este mes, el presidente Pedro Castillo dio un mensaje tranquilizador al empresariado peruano y reafirmando su llamado a los grandes inversionistas extranjeros.
La renuncia de Bellido automáticamente hace caer al gabinete que debe ser reemplazado por uno nuevo. Al día siguiente Castillo tomó juramento a los nuevos ministros, un equipo al gusto de la derecha.
La nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se presentó este lunes 25 de octubre ante el Pleno del Congreso para exponer la política general de su gestión y solicitar el voto de confianza al legislativo. Su discurso insistió en el llamado a las bancadas de derecha a la unidad nacional. Su intervención estuvo dividida en 10 ejes y tuvo una duración de una hora y 45 minutos. Por el fallecimiento intempestivo de un congresista de Perú Libre la votación para la aprobación del gabinete Vázquez se postergó hasta el jueves 04 de noviembre.
Vásquez partió señalando que hace falta un “pacto por la gobernabilidad” frente a la “crispación política” que ha vivido el país en los últimos años. En esa línea, instó a las bancadas del Congreso a “ser capaces de construir en conjunto y encaminar al país hacia la gobernabilidad”. Esto empalma con la visión conciliadora que el gobierno de Castillo ha tenido desde los primeros días de su mandato y que se sostiene en la idea que se pueden hacer “cambios” actuando de común acuerdo con los representantes políticos directos del gran empresariado nacional y extranjero.
Dijo confiar “en la buena fe” de los distintos partidos políticos y propuso un “un pacto que beneficie a todos los peruanos, un nuevo contrato social, por la estabilidad, la democracia y los cambios que nos demandan”.
Para que no queden dudas en la derecha y en el empresariado sobre su respeto y sumisión absoluta a la constitución de 1993 y al régimen económico neoliberal que esta promueve, la presidenta del Consejo de Ministros dijo que la propuesta a la que hace referencia no es otra cosa que “un renovado pacto, en el marco constitucional, que se sustenta en objetivos comunes a favor de la igualdad, de la lucha contra la corrupción, de reducción de la pobreza y de la reactivación económica con justicia”.
En relación al tema de salud y la lucha contra la pandemia, Mirtha Vásquez dijo que el Estado seguirá promoviendo la vacunación de la población y una óptima atención hospitalaria. La ministra dijo además que presentarán “la propuesta de ley de Unificación del Sistema Nacional de Salud desde dos perspectivas: la prestación del servicio y el financiamiento”. Según dijo, será una “propuesta progresiva y coordinada”. Esto solo afectará a los sistemas de salud que dependen del estado, más no incluirá al sector privado, lo cual, una vez mas, deja sin regulación alguna a las grandes empresas privadas vinculadas al negocio sanitario (clínicas, cadenas farmacéuticas, centros de producción y expendio de oxigeno medicinal, etc.) que fueron las que se beneficiaron y lucraron escandalosamente con la vida y la salud de miles de contagiados de la COVID-19 durante las denominadas primera y segunda ola de contagios.
La premier se refirió de manera general a las y los trabajadores del sector salud y señaló que tendrán “un proceso de homologación de salarios” y se igualará “las entregas económicas al personal contratado bajo distintas modalidades.” Sin embargo, no se establecieron fechas claras y exactas de cuándo se iniciaría el proceso de nombramiento de quienes quienes trabajan de manera informal.
Sobre la denominada segunda reforma agraria y los programas sociales, la premier anunció que “a partir del 2022 se ejecutarán en 14 regiones de la sierra del país, la construcción de reservorios y de infraestructura de riego parcelario, recuperación y manejo de praderas”. Sin embargo, Vázquez no dijo absolutamente nada sobre la precarización laboral y la sobre explotación que padecen miles de trabajadores del campo, sobre todo los vinculados a las grandes empresas agro exportadoras quienes a fines del año 2020 y principios del 2021 protagonizaron una importante lucha social que costó la vida de 3 obreros y obligó al congreso de ese entonces y al gobierno de Sagasti a derogar la ley que favorecía únicamente a los empresarios agro exportadores.
Como medida compensatoria, anunció que el Estado otorgará un subsidio de $70 nuevos soles mensuales por empleado formal, para trabajadores con sueldos de hasta $ 2,000. Este subsidio es irrelevante ya que no alcanza ni a los 20 dólares en un momento donde el incremento del costo de la canasta básica familiar es constante, lo cual encarece el costo de vida sobre todo de los trabajadores y los sectores más empobrecidos. Además, tiene un alcance muy limitado ya que según datos oficiales alrededor del 70% de los trabajadores peruanos son informales.
Por otro lado Vázquez indicó que la meta del Ejecutivo es que para marzo del 2022 se retorne a la presencialidad y que para julio del 2022, “el 99% de instituciones educativas atiendan plenamente”. Más allá del requerimiento de vacunación de los docentes, no dijo nada sobre la adecuación de los centros de enseñanza. Además, habló de un aumento de sueldo pero tampoco dio precisiones
No dijo ni una sola palabra sobre la educación privada, las precarias condiciones de las y los docentes ni sobre los enormes privilegios de los que gozan los empresarios de la educación. Durante la pandemia se incrementaron escandalosamente los niveles de sobre explotación de los docentes reduciendo significativamente sus salarios.
Sobre otras cuestiones candentes como la contaminación ambiental provocada fundamentalmente por las grandes empresas mineras, la cual se ha convertido en una de las causas más relevantes de la conflictividad social en las zonas donde se realizan actividades agrarias, tampoco dijo nada concreto.
Ni sobre la violencia hacia las mujeres y la diversidad sexual o los abusos policiales que, como se sabe, cobraron la vida de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de los tres obreros del campo en las huelgas de noviembre y enero del 2020 y del 2021 respectivamente. Tampoco se pronunció sobre el emblemático caso de las jóvenes Judith y Noemy asesinadas en Tacna por efectivos policiales, a pesar que la actual Ministra de la Mujer Anahí Durand estuvo en Tacna y se comprometió con los familiares de las víctimas y con las organizaciones de defensa de los derechos humanos a sancionar a los responsables.
Así como en su momento el ex Premier Guido Bellido cuando se presentó ante el Congreso para pedir el voto de confianza omitió hablar de la necesidad de cambiar la constitución de 1993 a través de una Asamblea Constituyente, en esta oportunidad, Mirtha Vázquez hizo lo propio dejando una vez más esta demanda en el cajón de los recuerdos como muchas de las promesas de campaña de Pedro Castillo cuyo gobierno, para hacerse más digerible ante los grandes empresarios, sus medios de comunicación y la derecha parlamentaria, ha optado por la ruta del transformismo político propio de Ollanta Humala quien solía decir, para justificar su traición a sus promesas electorales, que “una cosa es con guitarra y otra cosa con cajón” | 
