Para el 24 de octubre, la Secretaría de Salud reportó que en México se habían aplicado 115 millones 185 mil 985 dosis de la vacuna contra el covid 19.
El número de personas mayores de 18 años que han recibido al menos una dosis es de 69 millones 974 mil 180, lo que representa el 78 % de la población en ese rango de edad.
De esa cantidad, el 76 % recibieron un esquema de vacunación completo, es decir, 53 millones 487 mil 503 personas mayores de 18 años.
Tomando en cuenta que la población mayor de 18 años asciende a 89 millones 484 mil 507 personas, el número de adultos que faltan por recibir al menos una dosis es de 19 millones 510 mil 327.
Como es sabido, la población menor de edad no está contemplada en el plan nacional de vacunación, salvo alrededor de un millón de niñas, niños y adolescentes (NNA) que presentan ciertas comorbilidades, más los casos que han comenzado a ser vacunados mediante la interposición de amparos o por convenios con Estados Unidos en estados del norte.
Así, si consideramos una población total en México de 131 millones 492 mil 121 personas, el número de personas inoculadas, al menos con una dosis, representa alrededor del 53% de la población, es decir, poco más de la mitad.
Negligencia gubernamental
Desde que comenzó la pandemia, el gobierno de la 4T se negó a realizar pruebas diagnósticas masivas para controlar la propagación del virus, no garantizó las condiciones de seguridad necesarias en hospitales y clínicas, y mucho menos para otros sectores de trabajadores que siguieron laborando durante el confinamiento.
Por el contrario, en los peores momentos de la pandemia, permitió la reactivación en las maquilas y declaró como esenciales las industrias automotriz, minera y de la construcción.
El resultado es que el grueso de los contagios y los muertos por covid los ha puesto el pueblo trabajador.
Con casi la mitad de la población –incluyendo NNA- sin haber recibido siquiera una sola dosis de la vacuna, en agosto impusieron el regreso a clases presenciales en educación básica y ahora presionan para el regreso en educación superior y media superior, así como por la presencialidad total en básica para este mes de noviembre, además de que no se garantizan otras condiciones de seguridad para la comunidad escolar, como cubrebocas adecuados y medidores de dióxido de carbono en los salones. Todo con tal de terminar de asentar la reapertura económica y la “nueva normalidad”.
Detrás de la negligencia con que el gobierno ha administrado la pandemia desde su inicio, están los intereses empresariales que representa, que priorizan las ganancias sobre la salud y la vida del pueblo trabajador.
En este escenario, es fundamental la movilización de la comunidad escolar en todos los niveles, así como del conjunto de la clase trabajadora, por una aumento al presupuesto para salud y educación basado en el no pago de la deuda externa e impuestos progresivos a las grandes fortunas, por la liberación de las patentes y la vacunación de toda la población, incluyendo menores de edad conforme se aprueben las vacunas adecuadas, y que se garanticen todas las condiciones de seguridad necesarias en los centros de trabajo y estudio.
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