El espionaje ilegal recorre la historia política de Mauricio Macri. Desde su gestión como jefe de Gobierno porteño hasta su paso por la presidencia, no se privó de usar los recursos del Estado para espiar y perseguir a organizaciones, a familiares de víctimas, a la izquierda, a políticos opositores y hasta referentes de su propio espacio. Pero el espionaje ilegal está en los cimientos de esta “democracia”. Macri sólo hizo uso de él, como todos los gobiernos.
En los Tribunales de Dolores tramita una causa que tiene a Mauricio Macri como uno de los imputados. Los querellantes son familiares de las víctimas del ARA San Juan. Denuncian haber sido espiados mientras reclamaban que se buscara a los 44 tripulantes del submarino, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 y encontrado por una empresa privada un año y dos días después en las profundidades del Mar Argentino. Naturalmente, toda su tripulación fue dada por muerta.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se infiltró, tomó fotografías e hizo ciberpatrullaje sobre los familiares, con los que luego Macri y otros funcionarios se reunían y a quienes les transmitían su “compromiso” y “solidaridad”.
El juez federal Martín Bava dictó el procesamiento de los exdirectivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, al funcionario encargado de recabar información de todas las provincias, al jefe de la delegación Mar del Plata y a cinco agentes. Además llamó a declaración indagatoria a Macri, máximo responsable de la agencia mientras fue presidente.
Arribas y Majdalani justificaron el espionaje como parte de la “avanzada presidencial”, tareas de rutina antes de que Macri llegara a un determinado lugar. Pero muchas pruebas presentadas por la querella y relevadas por el Poder Judicial muestran que Macri no estaba cumpliendo ninguna tarea digna de resguardo de “inteligencia” mientras eran espiados.
La defensa de Macri a cargo de Pablo Lanusse y los integrantes de Juntos por el Cambio que bancan al exmandatario hablan de una causa política usada por el Frente de Todos en campaña electoral. ¿Qué duda cabe que el peronismo se trepó a la denuncia de los familiares para hacer su juego? Pero más allá del uso que puede hacer el Gobierno, Macri tiene un largo prontuario en la materia, para hablar sólo de espionaje.
Breve repaso
En junio de 2020 se conoció una lista de espiados por la AFI durante el macrismo. Los principales sospechosos de ordenar el megaespionaje son Macri, Patricia Bullrich y Marcos Peña, a quienes se suman el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la exgobernadora María Eugenia Vidal.
Familiares, periodistas, políticos oficialistas y opositores, dirigentes del PTS y el Frente de Izquierda, movimientos sociales, dirigentes obreros y hasta exfuncionarios detenidos integraban esa larga lista. Entre ellos más de 400 periodistas acreditados para la cumbre del G20 y una treintena de académicos y unos 60 dirigentes anotados en la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio.
En la causa abierta por ese escándalo, llamada “Proyecto AMBA”, están imputados Macri, Arribas, Majdalani y varios espías. Cuando salió a la luz, Myriam Bregman sostuvo que era un error “mirar de forma aislada cada cosa como hechos que no son tan graves en sí mismos, como dicen algunos periodistas, porque era información pública la que recolectaban”. Y afirmaba que, además de estar prohibido que el Estado sistematice y archive información pública, “hay que mirarlo junto con otros hechos paralelos, que la Justicia investiga por separado, pero que son parte de una misma práctica”.
La candidata a diputada por el FITU se refería así al espionaje también realizado a los familiares de Santiago Maldonado y a quienes reclamaban su aparición (como ella misma), por el que se abrió una causa en Comodoro Py, complementaria a la de la desaparición forzada seguida de muerte. “Si se suma la cantidad de fuerzas de espionaje que hay en la Argentina, la verdad es que da escalofríos y sólo tienen como objetivo servir a los gobiernos de turno, controlar la oposición y perseguir a la izquierda y los que luchan”, dijo la dirigente de izquierda, quien también se presentó como querellante en la causa “Proyecto AMBA”.
En 2010, siendo jefe de Gobierno porteño, Macri fue procesado por el juez Norbeto Oyarbide por ordenar escuchas ilegales a su excuñado Néstor Leonardo y también a Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado a la AMIA. La causa se abrió tras una llamada anónima recibida por Burstein en la que le advertían que su teléfono estaba pinchado. En diciembre de 2019, dos semanas después de asumir como presidente, Macri fue sobreseído en la causa por el juez Sebastián Casannello.
Macri no inventó el espionaje. Solo lo usó a destajo. Desde Raúl Alfonsín hasta la actualidad, todos los presidentes usaron los muchas veces llamados “sótanos de la democracia”. Desde 1983 los propios agentes de inteligencia que sirvieron en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica siguieron prestando sus servicios al Estado.
Raúl Gublielmineti, torturador del Centro Clandestino Automotores Orletti y miembro del Batallón 601 de inteligencia del Ejército, en 1983 se convirtió en custodia de Alfonsín. Algunos se reciclaron como burócratas sindicales, como Gerardo “Batallón 601” Martínez, desde hace décadas secretario general de la Uocra. Pero sin dudas el eterno Antonio “Jaime” Stiuso fue el símbolo máximo.
Stiuso entró a la ex SIDE en 1972. Sirvió al gobierno peronista desde 1973, después participó de la dictadura y siguió en funciones con todos los gobiernos constitucionales, desde Alfonsín a Cristina Kirchner. Sólo fue echado por el kirchnerismo en 2014, cuando se le descubrió una “infidelidad” con el gobierno y había pasado a jugar para la oposición.
Algunos de los casos más resonantes de espionaje ilegal en “democracia”: Alfonsín, a través de la SIDE, infiltró sindicatos y realizó provocaciones, como en 1988 en una marcha durante una huelga general de la CGT que terminó con 50 heridos por la represión. El emblema de aquella movilización fue la vidriera de la fenecida Modart, una sastrería saqueada supuestamente por huelguistas pero luego confirmado que se trató de una típica operación de los servicios.
Durante el menemismo, con colaboración de la CIA y el Mosad (servicios de Estados Unidos e Israel, respectivamente), la SIDE organizó el encubrimiento del atentado a la AMIA. Luego, parte de sus fondos fueron usados por la Alianza para pagar coimas a los legisladores que votaran la reforma laboral.
Más tarde, el presidente Eduardo Duhalde diría que los asesinatos de Kosteky y Santillán en la masacre del Puente Pueyrredón fueron por “un enfrentamiento entre piqueteros”, la versión que pretendieron instalar el jefe de la SIDE Carlos Soria (amigo del nazi Erich Priebke y padre del actual ministro de Justicia) y el secretario de la Presidencia Aníbal Fernández (hoy ministro de Seguriad). Luego se supo que las organizaciones de desocupados fueron previamente espiadas.
¿Yo señor? No señor
El caso de Américo Balbuena también es emblemático de la “transversalidad” de los servicios. Tras las jornadas de diciembre de 2001, el espía de la Policía Federal ingresó como “periodista” a la Agencia Rodolfo Walsh. Infiltrado en manifestaciones y reuniones populares, permaneció once años reportando a las gestiones de Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
En mayo de 2013, producto de una interna policial, Balbuena fue descubierto. La entonces ministra de Seguridad Nilda Garré dijo públicamente no saber nada del tema y se comprometió a “investigar”. Pero no aportó nada sustancial en la causa.
Al momento de ser descubierto, Balbuena era “oficial mayor de Inteligencia” de la Federal. Es otro de los ejemplos de que los gobiernos pasan y, más allá de los discursos, los espías quedan, salvo que alguna falla del sistema los termine exponiendo y terminen siendo “jubilados”.
Pero no solo la agencia de inteligencia espía ilegalmente. Hace un década se supo que la Gendarmería tenía a su cargo el Proyecto X, un sistema de almacenamiento de datos filiatorios y de militancia de activistas obreros, miembros de organizaciones y de partidos de izquierda. Una vez descubierto, la ministra Garré hizo malabares (insuficientes) para explicar que el Proyecto X no era espionaje y que su gobierno no tenía nada que ver. Pero con esa información el mismo Estado armó causas judiciales para criminalizar la protesta social.
Diez años después del Proyecto X, bajo el actual gobierno, se conoció un informe de inteligencia sobre actividad sindical y política de mineros de Andacollo confeccionado por el “Centro de Reunión de Información Neuquén” de Gendarmería, el mismo reducto que en 2017, bajo órdenes de Patricia Bullrich, espió a la familia de Santiago Maldonado y organismos de derechos humanos.
En 1990 el médico militar Sergio Berni empezó a militar con el entonces gobernador de Santa Cruz. Venía de participar del levantamiento carapintada de Semana Santa en 1987. En 1994, siendo director del hospital de 28 de Noviembre, fue enviado por Néstor Kirchner a la mina de Río Turbio donde los mineros encaraban una dura huelga. Era la época de las privatizaciones y los duros ataques neoliberales a la clase obrera.
Berni siguió a las órdenes de los Kirchner cuando llegaron a la Casa Rosada. Primero en el Ministerio de Desarrollo Social y luego en el de Seguridad. Siempre en la segunda línea de mando, el autopercibido “gran negociador” se dedicó a desarticular los reclamos sociales, a sangre y fuego si fuera necesario. Así lo recuerda un video de La Izquierda Diario de 2020.
Que se sepa Berni nunca ocupó un cargo en la SIDE ni la AFI, pero jamás dejó de poner su “inteligencia” al servicio de la criminalización de pobres y luchadores. Nunca pudo desmentir las acusaciones sobre su prontuario. Por el contrario, se vanagloria de ser de derecha y hasta se puso del lado de Bullrich en cada represión de Cambiemos.
En 2019, con acuerdo de Cristina Kirchner, Axel Kicillof nombró a Berni ministro de Seguridad bonaerense. Lo primero que hizo al asumir fue prometerle a la Policía Bonaerense total impunidad a cambio de “subordinación y valor”. Especializada en espionaje, causas armadas, carpetazos, gatillo fácil y desapariciones, la fuerza tiene un indiscutido aval político. Mientras, los funcionarios del área de Derechos Humanos acompañan mirando para otro lado.
Facundo Astudillo Castro, Brandon Romero, Lucas Verón, Francisco Cruz, entre otros, fueron las víctimas directas de ese accionar de la Bonaerense durante la cuarentena estricta. En todos los casos, además de apretar gatillos, borrar pruebas y plantar pistas falsas, la Bonaerense espió a activistas, familiares de víctimas, organizaciones sociales y la izquierda.
Hace veinte días Kicillof dijo que “se pide mucho de la Policía pero la pregunta es qué instrumentos se le da”. Y agregó que su gestión está “encarando un cambio de raíz” ya que, cuando asumió, “la Policía tenía muy baja estima. Fue en la escuela Juan Vicetich, durante la jura de 900 cadetes. A su lado, Berni sonreía.
Los referentes de los partidos tradicionales (patronales) suelen decir que los “servicios” son necesarios para la seguridad ciudadana y que los desaguisados cometidos por espías son errores involuntarios que deben castigarse. Ni ellos se lo creen. Los pocos botones de muestra relatados en esta nota demuestran semejante falacia.
Por todo eso, junto a sobrevivientes de la dictadura y familiares de víctimas de la reprsión estatal Myriam Bregman viene exigiendo hace años que se abran los archivos del espionaje estatal. Porque ningún gobierno ordenó la apertura integral de los archivos de la AFI ni de las áreas de inteligencia de las fuerzas federales, de las policías provinciales, de las Fuerzas Armadas y los servicios penitenciarios.
Destinan millonarios recursos para sostener esos “servicios” con la excusa de su necesidad. Lo cierto es que cada inquilino de la Casa Rosada los necesita para la persecución y la represión política y de clase.
Denunciar sin tregua el espionaje ilegal, actuando como querellantes en varias causas, es una política decidida del PTS y el Frente de Izquierda Unidad. Pero la cuestión de fondo pasa por disolver todo aparato de inteligencia montado para perseguir al pueblo trabajador y a los que luchan. En definitiva, la discusión pasa por qué hacer con los cimientos del Estado.
