La comparecencia de Ricardo Anaya prevista para este lunes ha quedado aplazada hasta el 31 de enero. Esto luego de que en su primera citación, a finales de agosto, el panista pidió más tiempo para su defensa, que le fue concedido.
En esta ocasión, Anaya ha solicitado de nuevo una prórroga y ni la Fiscalía ni la Unidad de Inteligencia Financiera se han opuesto a ello. Pero la próxima vez, deberá comparecer personalmente, no bastará con una videoconferencia, como ocurrió en agosto. Si no lo hiciera se solicitará su aprehensión.
La diligencia de este lunes estaba programada para que la FGR formulara imputación contra Anaya por supuestamente recibir un soborno de 6.8 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
En el caso Lozoya y Odebrecht, que ha vinculado a diversos políticos priistas y panistas con redes de corrupción en beneficio de grandes empresarios, como Marcelo Odebrecht y otros, y que ahora repercute contra Ricardo Anaya, es sólo una muestra de las práctica habituales de la “clase política” al servicio de los capitalistas.
En un sistema en el que los empresarios, que viven de explotar a los trabajadores, se enfrentan descarnadamente entre sí por prevalecer unos sobre otros para aumentar sus ganancias, la corrupción de sus representantes políticos es la regla, no la excepción. Por eso, más allá del desenlace del caso Anaya, la pretensión de AMLO de acabar con la corrupción, mientras que preserva y defiende las bases del capitalismo semicolonial mexicano, es cuando menos utópica.
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