Fue en la conferencia matutina de este 11 de noviembre, cuando trató de componer su regaño previo al secretario de Salud Jorge Alcocer.

“Hay productos chatarra en todos lados, cómo nos vamos a hacer llegar las medicinas, todas, si hay presupuesto suficiente, si ya se resolvió el problema del monopolio que existía, de que no se le podía comprar más que a 10 empresas que vendían 100 mil millones de pesos al año de medicinas al gobierno, eso se terminó, no se podía comprar medicinas en el extranjero”, afirmó AMLO.

Sin embargo, más allá de sus promesas, la realidad es otra. Él mismo reconoció que una mujer lo abordó en su viaje de Nueva York a la Ciudad de México para denunciar que no había medicinas para tratar el cáncer en las unidades de salud. Las protestas de los padres de niños enfermos de cáncer persisten, como se vio en el último bloqueo que realizaron en las cercanías del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque no hay fármacos para sus hijos.

¿Y qué decir de los reclamos de trabajadoras y trabajadores del sector salud que de manera periódica reclaman insumos ‒entre éstos, medicinas‒ y hasta suministro de agua potable, como sucedió en distintos momentos durante la pandemia? ¿O de los más de 2500 despidos en Oaxaca, tras las protestas porque no renovaron el contrato de personal médico, de enfermería, técnicos y afanadores?

La respuesta de la derecha en Twitter ante las declaraciones no puede ser más cínica. Celebran la eficiencia de empresas como Sabritas y FEMSA, que llegan hasta los lugares más alejados en zonas rurales y reprochan “ineficiencia” al gobierno de AMLO.

La crisis sanitaria que estalló durante la pandemia se gestó desde la reforma del IMSS en 1997 y la del ISSSTE en 2007. El desmantelamiento del sistema de salud pública, que incluyó recortes presupuestarios y subrogación de servicios al sector privado, fue obra del PRI y del PAN, cuyos legisladores ahora se rasgan las vestiduras en las discusiones sobre el presupuesto de la federación 2022.

El Morena, al llegar al gobierno, mantuvo los avances de la precarización laboral en el sector salud y ante la pandemia la política gubernamental fue más que cuestionable. Esto último tanto por la reapertura apresurada de la economía, como por la declaratoria de la industria de construcción, la maquiladora y la minería como actividades esenciales, faltaron pruebas masivas para diagnosticar covid-19 y poder establecer cuarentenas de acuerdo con los focos de contagio de la enfermedad faltó equipo de protección personal para las y los trabajadores de los sectores esenciales, como salud, telecomunicaciones, producción de insumos médicos, producción, distribución y venta de alimentos, entre otros sectores.

Todo se compra, todo se vende

AMLO sostiene que hay presupuesto para medicinas y que su objetivo es garantizar el acceso gratuito a fármacos a toda la población. En el presupuesto de la federación se contempla la compra de más vacunas contra covid-19. Sin embargo, el presupuesto para salud no alcanza. Porque hay fondos destinados al área de seguridad (Sedena, Semar y Guardia Nacional, entre otros) y otros al pago de intereses de la fraudulenta deuda del país, que hasta septiembre pasado llegaba al 48.5 % del PIB.

Y más allá de las declaraciones oficiales, en el mundo en que todo se compra y todo se vende, hasta algo tan elemental como la salud, con la pandemia se vio expuesta la irracionalidad capitalista. Las farmacéuticas trasnacionales, que desarrollaron las vacunas contra covid-19 con financiamiento público en distintos países, venden a los gobiernos que más pueden pagar. Las patentes de vacunas y medicamentos están en manos del capital, no fueron liberadas. En los países más pobres, como Haití, apenas se ha vacunado a un ínfimo sector de la población. En otros, como en México, al de 10 de noviembre pasado sólo 49.05% de la población recibió las dosis completas de la vacuna. Y mientras tanto, el virus muta una y otra vez, llega la temporada invernal y el fin de la pandemia no se avizora.

Sabritas y FEMSA llegan a todos lados, sí. Porque la producción de comida y bebida chatarra, fabricadas con base en la explotación de las y los trabajadores de la industria de los alimentos y de las refresqueras, resulta muy rentable para los empresarios. El desarrollo en México de la producción a gran escala de medicamentos y vacunas para la mayoría de la población no entra en el actual esquema de división internacional del trabajo. El costo de subordinar la economía a los designios del imperialismo estadounidense y las trasnacionales, ayer con el TLCAN, hoy con el T-MEC, lo pagan las mayorías.

Aunque AMLO mantiene su discurso contra el neoliberalismo, cuyos planes fueron aplicados en México por el PRI y el PAN, las medidas gubernamentales ponen de manifiesto que prioriza el interés empresarial. Romper con la subordinación al imperialismo y el gran capital no está en su agenda.

Sólo la movilización obrera y popular puede imponer medidas de defensa nacional y de resguardo de los recursos, que frenen los golpes de las compañías extranjeras y el capital financiero. La perspectiva de la lucha por una sociedad organizada y planificada en función de las necesidades de la mayoría de la sociedad, como infraestructura, salud, educación y vivienda, exige que la clase trabajadora tome conciencia de la necesidad de un partido propio con una política independiente de los empresarios y el imperialismo, que corra a la burocracia de los sindicatos, y dé pasos hacia la meta de conquistar un gobierno de los trabajadores y el pueblo en ruptura con el capitalismo, que redujo la vida humana a un objeto de lucro.