El Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio a conocer la cifra del déficit habitacional en la región de Arica y Parinacota llegando a faltar 8.236 viviendas. Estas cifras fácilmente podrían aumentar considerando los estragos que ha dejado la pandemia, el hacinamiento que tienen que vivir familias migrantes y el negocio de las empresas inmobiliarias que devalúan los costos para la construcción de viviendas, lo que a lo largo de los años traen consigo viviendas que se caen a pedazos.

Además, la región presenta un grado importante de hacinamiento, como una de las consecuencias del problema de la vivienda. Esto de acuerdo con la encuesta CASEN, situación que se acentúa en las regiones del norte del país.

A lo anterior se suma que ante la vulnerabilidad habitacional y económica, profundizada por la pandemia, aumentaron las personas y familias sin un techo digno para vivir. Como consecuencia, también crecieron las tomas y campamentos. Según el Catastro de Campamentos 2020-2021, realizado en marzo de este año, el que arrojó preocupantes cifras sobre la situación actual de los campamentos en nuestro país. Hoy, 81.643 familias viven en 969 campamentos en Chile, la cifra más alta desde 1996. Un peak histórico, que se desarrolla luego del estallido social y en medio de la crisis sanitaria. A nivel regional destacan en aumento: Araucanía, RM, Arica y Parinacota y Valparaíso. En la región del norte en total existen 10 campamentos en los que habitan 1.119 familias, según los datos entregados por Fundación TECHO-Chile y Fundación Vivienda.

Estas cifras dejan al descubierto que esta problemática se agravó a raíz del mal manejo de la pandemia por parte del gobierno, donde el desempleo alcanzó un máximo histórico de 13,1%, lo que implica además la supresión y reducción de sueldos. Lo que se tradujo en que un sector importante de la población no pudo seguir pagando arriendos, ahorrar para optar por subsidios o comprar inmuebles mediante créditos.

Un panorama complejo para una de las regiones que lidera el crecimiento del trabajo informal, es decir, aumenta la precarización laboral aunque el Gobierno lo disfrace de “crecimiento del empleo” y donde el 20% de los habitantes tiene el IFE como único ingreso. Mientras que el costo de vida es alto partiendo por los arriendos, según el balance trimestral de Yapo Propiedades realizado en mayo, la zona Norte es por hoy uno de los lugares más caros para vivir de todo el país. La región de Arica y Parinacota aparece entre las que tienen un mayor costo de arriendo de departamentos, con un valor que bordea los $350.000 como promedio mensual, al igual que Valparaíso. Ambas son superadas en este ítem por Tarapacá y Antofagasta, que se posicionan como los lugares más caros en este aspecto.

Mientras que el acceso a la vivienda es casi imposible. De acuerdo al informe Arica está en segundo lugar con el precio promedio más alto del país en lo que respecta a la venta de casas, bordeando los $108 millones, siendo superada sólo por Antofagasta, donde el valor llega a los $120 millones. A lo anterior se suman otros factores que complejizan el acceso a la vivienda, hace solo unos días el Banco Central evidenció en su último informe financiero, que las condiciones para acceder a un crédito hipotecario se han vuelto más restrictivas, retrocediendo en 20 años. Crisis que empuja al sobreendeudamiento para poder optar a un hogar, pone a la vivienda como un bien de consumo y niega el acceso a esta como un derecho, lógica que sustenta parte de la existencia del mercado inmobiliario.

La pesadilla de la casa propia

Arica, es una ciudad que históricamente ha tenido problemas con las construcciones de las viviendas. Uno de estas situaciones vivieron los habitantes del Cerro Chuño, quienes además de vivir en una zona contaminada por polimetales vieron cómo las paredes de sus casas comenzaron a agrietarse. Fue una población entera que se tuvo que desalojar y que su caso se conoció a nivel mundial. Todo comenzó el año 1984, cuando el dictador Augusto Pinochet aprobó el envío desde Suiza de más de 20 mil toneladas de residuos tóxicos a la ciudad por parte de la empresa Boliden. Los residuos contenían arsénico, plomo y mercurio, donde la empresa PROMEL quedó a cargo de procesarlos, lo cual nunca ocurrió. Esto tuvo como consecuencia, que los pobladores de Los industriales y El Cerro Chuño, aumentaran los índices de cáncer, los bebés tuvieron malformaciones congénitas al nacer y un importante número de la población tiene que seguir lidiando con problemas de salud.

Hasta el momento las empresas involucradas tanto de Chile como de Francia, no se han hecho cargo de todas sus responsabilidades.

Otro caso conocido en la ciudad, es el de los pobladores del sector Tucapel 2, donde el 2018 apareció un socavón en plena calle Eugenio Guerra. El gran agujero, revivió el problema que tiene sus inicios en los años 90, cuando recibieron sus viviendas, construidas en suelos salinos y no en las mejores condiciones. Para estas familias el sueño de la casa propia se transformó en una larga pesadilla, viviendo con grietas en paredes y suelos, desniveles de pisos y techos, roturas de cañerías, desajustes de puertas y ventanas y los temidos e inesperados socavones, como sucedió el año 2014 cuando un socavón apareció debajo de una vivienda que amenazaba con “tragarse” la casa completa.

Hasta la fecha el SERVIU sigue sin responder al total de los pobladores, donde muchos continúan viviendo en el sector por no tener otro lugar donde llegar, y donde corren el riesgo de cualquier desprendimiento que podría afectar a las familias. Una de sus pobladoras, Patricia Valdivia comentó que, ”El SERVIU a través de proyectos ha reparado superficialmente algunas casas y los arreglos no duran seis meses y nuevamente se rompen las cañerías, pasa el agua y vuelve a ceder el terreno y se forman más socavones, tenemos niños pequeños en riesgo ya que en cualquier momento puede caer un muro sobre ellos”.

La desidia empresarial ha profundizado el problema habitacional en la ciudad, donde el sueño de la casa propia se transformó en una pesadilla de la que aún no han podido despertar.

Ante el negocio empresarial necesitamos medidas anticapitalistas

Del problema de la vivienda que afecta a las familias trabajadoras de la región, se han beneficiado empresas privadas a través de concesiones que ha otorgado el Estado, donde el precio de cada vivienda supera en gran escala a los bajos salarios.

Si lo más costoso afirman es el suelo, surge la necesidad de expropiar a quienes especulan con el suelo y las viviendas. Para que no se vuelvan a repetir los problemas ocurridos en el Cerro Chuño o la Población Guañacagua, los pobladores deben poder contar con estudios del suelo, para la construcción de casas y departamentos, adelantándose a las catástrofes ya conocidas, levantando planes de construcción de viviendas y de obras públicas, financiadas por el Estado y bajo la gestión de las y los trabajadores.

En la ciudad dinero si hay, pero se lo llevan los grandes empresarios, por ejemplo, las ganancias del puerto que quedan en manos de la familia Von Appen, que durante el 2019 alcanzaron los 1.224.670 millones, lo cual corresponde a más de 16 mil viviendas si evaluamos su costo a 75 millones, es decir, duplicaríamos el número de viviendas que actualmente se necesitan para acabar con el déficit habitacional.

Si pusiéramos las ganancias que se llevan los grandes empresarios al servicio de la población, fácilmente se podrían resolver problemas históricos en la región, como lo es la vivienda. Al mismo tiempo de ponerle fin al negocio que llevan adelante las inmobiliarias que se han enriquecido con los ahorros de las familias trabajadoras. Esto solo será posible conseguirlo a través del fortalecimiento de la movilización y organización de los trabajadores, sobre todo de la alianza con sectores tan importantes como lo son los portuarios, que son parte de un sector clave para la economía de la ciudad. El derecho a la vivienda sigue siendo una necesidad para los habitantes de la región, demanda que utilizan los candidatos de los partidos de los 30 años para hacer sus campañas electorales, pero sin proponer medidas de fondo. Medidas anticapitalistas.

Para llevar adelante esta lucha es que nos organizamos desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios en la región e impulsamos candidaturas, porque sabemos que es necesario una política que se proponga enfrentar a los grandes grupos económicos que saquean los recursos y explotan. Buscando la unidad y organización de la clase trabajadora y sectores populares, ese es el camino para conquistar este derecho.