Este 21 de noviembre se realizarán las elecciones a gobernadores, alcaldes y concejales en todo el país. A diferencia de las últimas elecciones realizadas, como las presidenciales del 2018 o las legislativas del 2020, en éstas participa el grueso de los partidos de la oposición incluyendo al sector de Guaidó, y otros espectros políticos, escenario que no se repetía desde las legislativas del 2015. Esto se explica por los diálogos y pactos que se han venido llevando adelante entre los distintos factores dominantes, Gobierno y los más importantes partidos de la oposición como el llamado G-4. Pero una apatía política reina en el presente escenario, con un muy bajo clima electoral entre la población.
El Gobierno de Maduro ha avanzado en el control férreo de la situación en su conjunto, pero no porque goce de algún tipo de apoyo popular, todo lo contrario, es cada vez más repudiado y aislado de las masas, sino por la correlación política que ha impuesto con el mayor control político, con su autoritarismo y represión mediante. Esta nueva correlación está marcada fundamentalmente, por un lado, por una cuasi derrota o postración del movimiento obrero y popular para hacer frente a una situación de verdadera tragedia nacional, que va conteniendo una de las crisis hiperinflacionarias más largas del capitalismo, destruyendo conquistas y condiciones de vida de las masas venezolanas.
Por otra parte, sus adversarios de la oposición de derecha están bastante debilitados tras sus derrotas en sus tentativas golpistas, el Gobierno consiguió arrinconarlos, luego de que este sector de la derecha proimperialista desarrollara toda una política de sacarlo por la fuerza con intentos golpistas como lo fue durante el 2019 bajo el apoyo directo de Donald Trump. Un sector que apareció como la única otra fuerza en la escena nacional con cierto peso, precisamente ante la ausencia de intervención independiente del movimiento obrero en la situación nacional: ante esa ausencia de la clase trabajadora como sujeto propio en la crisis, el “cualquiera menos Maduro” llevó aguas al molino de esta oposición proimperialista.
No fue a manos del movimiento obrero y de masas que esta derecha proimperialista fue acorralada, sino a manos de un gobierno aislado cada vez de las masas y sostenido en el aparato militar y el poder estatal. Y en los últimos meses el Gobierno de Maduro consiguió hacerla entrar en los esquemas del régimen a través de los pactos y los acuerdos.
Todo esto con el telón de fondo de la catástrofe económica y social de casi ocho años, que está sentada sobre esta impotencia del movimiento obrero por la situación fuertemente de reflujo. Lo que no quiere decir que no haya luchas, como hemos apreciado en los últimos meses, pero no en capacidad, al menos en lo inmediato, de poder cambiar la correlación o revertir los duros golpes recibidos del gobierno y sus políticas hambreadoras.
Toda una situación agravada por las sanciones económicas impuestas por el imperialismo estadounidense, así como de las principales potencias europeas y respaldadas por prácticamente todo el derechismo continental y mundial. Sanciones que la propia derecha local exigía que se impusieran incluso hasta más duras, llegando al extremo de exigir hasta la intervención militar.
En este marco no hay orden de la vida en que las calamidades del pueblo trabajador no han hecho más que acentuarse, desde la salud, la educación, la alimentación, los servicios más esenciales como el agua, electricidad, combustible, comunicación, la vivienda, el transporte, la cultura, etc. No hay país del mundo donde el salario mínimo se haya destruido tanto oficialmente, llegando a niveles inexistentes de menos de dos dólares mensuales.
Un país en colapso completo en todos los sentidos de la palabra, donde un Gobierno en clara descomposición no hace más que acentuar los sufrimientos decretando leyes entreguistas y privatizadoras al mismo tiempo que elimina otras, como lo es prácticamente lo que ha hecho con la Ley del Trabajo. Todo esto a la par de una represión contra quienes reclaman o protestan, encarcelando trabajadores, donde además de la actuación de las fuerzas policiales con sus escuadrones como el de la FAES, los siniestros servicios de inteligencias de Estado actúan contra el pueblo trabajador.
El Gobierno de Maduro es profundamente autoritario y reaccionario, cuasidictatorial, que socaba los más elementales derechos democráticos, y se ha sostenido durante todo este tiempo sobre la base de la represión y del sostén fundamental de las Fuerzas Armadas. Ha recurrido a políticas de proscripción y de birlar la voluntad expresada en los propios votos de su sistema electoral, proscribiendo partidos y legalizando a los que le conviene, impidiendo la asunción de alcaldes o gobernadores que han resultado ganadores, llegando a imponer poderes paralelos “plenipotenciarios” como la Constituyente funcional a los intereses de las camarillas gobernantes, o los llamados “protectores” paralelos a gobernadores y alcaldes opositores, además de realizar elecciones a su medida.
A la par de todas estas políticas avanzó en un profundo giro entreguista, con privatizaciones de por medio y además administrando la crisis descargándola de manera brutal sobre los trabajadores con la destrucción de conquistas laborales, salarios pulverizados, llevando a las grandes mayorías obreras y populares a la pobreza generalizada. Ha sido sobre la base del fracaso de la derecha proimperialista, –y la prácticamente derrota del movimiento obrero y popular–, y de estas políticas económicas, que tiende a haber cierto acuerdo entre el gobierno y los sectores tradicionales de las clases dominantes y sus partidos. Por ello la reubicación de ciertas fuerzas de los sectores patronales empresariales, que históricamente han sido antichavistas, incluso que llegaron a participar abiertamente en golpes de Estado directamente contra Chávez, como Fedecámaras, que vienen llevando adelante más entendimientos en materia económica con el Gobierno.
En tal sentido también en el último año se fueron tejiendo los acuerdos, donde empezaron negociando un nuevo Consejo Nacional Electoral, legalización de partidos de la oposición, movimientos que fueron propiciando los encuentros en México, esta vez con el visto bueno de Estados Unidos y de la Unión Europea que prometían que relajarían las sanciones si avanzaban en los pactos. Por eso es que las presentes elecciones están encuadradas a la imagen de esos pactos. No es casual que esta vez se cuenta con la presencia de la Unión Europea como observador electoral, representantes de las Naciones Unidas, el Centro Carter, y otras instituciones internacionales.
Proscripción con especial énfasis hacia la disidencia del chavismo y las organizaciones ubicadas a izquierda del gobierno
A la par que se fue constituyendo un esquema electoral funcional a ambos bloques, Maduro buscó asegurarse tanto en su propio partido, el PSUV, como en otras fuerzas políticas a su izquierda, que nada le perjudicara, obstaculizando o bloqueando candidatos y hasta partidos. Lo hizo tanto hacia lo interno de su propio partido, el PSUV, donde impuso candidatos que fueron derrotados en unas falsas internas, e incluso varios que ¡ni siquiera habían sido pre-candidatos en las primarias!, en detrimento de los que habían ganado.
En el caso de organizaciones del chavismo que disienten del gobierno o han roto con este, la proscripción ha sido más enconada. Al partido REDES, años atrás lo ilegalizaron al negarle la renovación de legalidad, aun cuando alcanzó la cantidad de adhesiones que en un proceso bastante amañado armó el gobierno. A pesar de que a varios partidos de la derecha que cayeron en la misma situación, ahora el Gobierno los habilitó legalmente, a REDES le sigue negando ese derecho elemental.
En cuanto a la alianza de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), el Gobierno intervino judicialmente todos los partidos que tenían legalidad, buscando evitar que se presentara, cometido que no logró solo porque no pudo llevar a cabo el mismo mecanismo de intervención en el PCV. Sin embargo, se encargado de proscribirla a través de los controles de los entes electorales, inhabilitando sus candidatos con más posibilidad de hacer una buena elección, poniendo al desnudo los niveles de arbitrariedad política. El caso más emblemático de Eduardo Samán que, de “repente” y a horas de la formalidad de la inscripción, apareció inhabilitado políticamente. Pero el descaro de la ilegalidad y el autoritarismo contra la APR no se detuvieron allí, sino que han seguido inhabilitándole candidatos, aún después de estar oficialmente inscritos y aceptados por el CNE, sumando más de una decena de candidatos proscritos por ese mecanismo.
Así, mientras habilitaba a partidos de la oposición de derecha y a personajes que, con la venia gubernamental, retornaban al país para candidatearse, teniendo procesos judiciales abiertos (por la “Justicia” del Gobierno) por causales como intentos de golpe, etc., y hasta con órdenes de detenciones, por otra parte, no autorizaba su legalidad o bloqueaba por doquier a sectores o candidatos, en general, ubicados a su izquierda.
En todo este marco reina la apatía en las presentes elecciones. Recordemos que en las últimas elecciones hubo una escasísima participación electoral del 30%, en las presentes elecciones dicha apatía sigue imperando, siendo que, por la participación del grueso de los partidos de la oposición, las encuestas más optimistas apuntan a una participación de un 45% del padrón electoral. La causa fundamental es la combinación del descrédito tanto al partido de gobierno y aliados como de la oposición, con el hecho que los amplios sectores del pueblo trabajador viven en la faena diaria de cómo conseguir su sustento, ante tanta pobreza generaliza e ingresos salariales destruidos. En la mayoría del pueblo no hay ninguna esperanza de que mediante esas elecciones puede lograr mejoras en su situación ni incidir en los cambios políticos que aspira.
Por todo eso en las elecciones de este domingo, entre las variantes reaccionarias del Gobierno y las diferentes expresiones de la derecha, no hay realmente nada progresivo para el pueblo trabajador y las grandes masas populares. Por eso nuestra posición política es un llamado a la abstención o el voto nulo para aquellos trabajadores y trabajadoras que desde el sector público o empresas del Estado son obligados a ir a votar, coacción que denunciamos ampliamente y repudiamos.
Aunque muchos compañeros y compañeras tienen expectativas en la alianza que se ha conformado como Alternativa Popular Revolucionaria (APR), encabezada por el PCV, el PPT y otras fuerzas políticas pequeñas que se constituyen en su gran mayoría como el chavismo crítico. Coinciden en esa alianza numerosos/as luchadores/as, activistas y militantes honestos/as, comprometidos genuinamente con las luchas del pueblo trabajador, eso no está en duda.
Desde la LTS comprendemos la expectativa que genera en algunos sectores, porque la APR se presenta cuestionando algunas de las políticas más regresivas del gobierno (destrucción salarial, privatizaciones, desalojo de campesinos, trabajadores presos, etc.), así como también opuesta al arco opositor de la derecha. Pero tiene el gran límite de que se cuestiona eso reivindicando al mismo proyecto político burgués del cual el régimen actual es una expresión: como hemos explicado en otros textos, si bien a estas alturas ya el gobierno de Maduro y las FFAA se diferencia en muchos aspectos de las políticas de los tiempos de Chávez, este gobierno no surgió como una “traición” al legado de Chávez, sino que, en condiciones muy diferentes a las de Chávez, y tomando el testigo de la herencia problemática y contradictoria que este les dejó, ha desarrollado exponencialmente los aspectos regresivos que ya se incubaban en el chavismo en tiempos de Chávez.
Aunque comprendemos que algunos sectores de trabajadores/as, activistas y militantes de izquierda consideren expresar votando a al APR su rechazo al gobierno, no podemos acompañarlos en su voto a esta opción. Por supuesto, seguimos denunciando las arbitrariedades democráticas en su contra, exigiendo el respeto irrestricto a sus derechos democráticos, y planteándoles coincidir en espacios de lucha común –como lo venimos haciendo ya en algunos casos–, al tiempo que desarrollar la discusión sobre las lecciones que hay que sacar de la experiencia del chavismo.
Más allá de las elecciones del domingo, la situación plantea nuevos desafíos para los trabajadores y el conjunto de los sectores explotados, que tendrán que buscar las formas de resistencia a las políticas en curso del Gobierno de Maduro, que cuenta con acuerdos cada vez más explícitos del grueso de la clase capitalista local y la derecha que ha aceptado convivir en los marcos del régimen político actual.
En los hechos entre todos ellos existe un cierto consenso burgués en lo que se refiere a la lógica con que se piensa la cuestión de la economía del país: coinciden en que el curso a seguir debe ser “atraer inversiones y recursos” y “reactivar la economía” mediante más endeudamiento externo, un mayor entreguismo nacional y más “liberalización” de la economía, aprovechando la destrucción del salario y las conquistas laborales como una “ventaja comparativa” para la inversión y ganancia empresarial.
Desde la LTS continuamos planteando la necesidad de levantar un programa de emergencia obrera y popular en la actual situación de catástrofe económica y social, avanzando en el proceso de reorganización y lucha del movimiento obrero bregando constantemente por una política independiente de la clase y en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre. En tal camino consideramos que es fundamental avanzar en sacar las lecciones estratégicas de la experiencia de estos más de veinte años del chavismo, y es un llamado que le hacemos a aquellos sectores que empiezan a romper con el chavismo como así a la izquierda que se reivindica obrera y socialista. La necesidad de la construcción de un partido de trabajadores revolucionarios se plantea más que nunca en la presente situación, y a ello ponemos nuestras fuerzas desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo.
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