Este domingo se realizan elecciones generales en Honduras. De los casi 10 millones de habitantes que tiene el país, un poco más de 5 millones constituyen el padrón electoral que elegirán un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano. Pero el foco del huracán está en la elección presidencial, siendo que en Honduras existe un sistema de elección por mayoría simple, no hay segunda vuelta.
Las elecciones se realizan en un ambiente cargado de gran tensión, siendo la cuarta desde la consumación del golpe de Estado en 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya realizado con la venia del imperialismo estadounidense. En las elecciones presidenciales del 2017 y tras un descarado fraude electoral se reeligió Juan Orlando Hernández (JOH), del Partido Nacional, luego de un conteo tardío que fue reconocido rápidamente por el gobierno de Donald Trump. En ese entonces una gran revuelta popular sacudió al país por el escandaloso fraude electoral que fue aplastada con una sangrienta represión que dejó como saldo más de treinta muertos.
En estas elecciones se presentan 15 candidatos, uno de los cuales fue detenido, señalado por narcotráfico y homicidios. Pero muchos de estos candidatos representan a lo que se considera "partidos de maletín" (como se llama a los partidos legalizados que no tienen existencia real), siendo que el foco central está puesto entre Nasry Asfura, del derechista Partido Nacional y actual alcalde de la capital Tegucigalpa, y Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), considerado de centro-izquierda, y esposa del derrocado Manuel Zelaya. El Consejo Nacional Electoral (CNE) impidió que Juan Orlando Hernández se lanzara una vez más a la reelección. Otro de los postulantes es Yani Rosenthal, del Partido Liberal, quien pasó tres años en una cárcel de Estados Unidos acusado por lavar dinero del narcotráfico.
En estas elecciones todo apuntaba que los partidos más importantes del bloque opositor fueran divididos por las brutales acusaciones mutuas, pero desde octubre sellaron un acuerdo aglutinándose tras la candidatura de Xiomara Castro, constituyéndose en los hechos toda una alianza opositora. El acuerdo clave ha sido con Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras (PSH) considerado de centro-derecha, quien además de político es presentador de televisión, así como también con otras importantes figuras políticas como Doris Gutiérrez del Partido Innovación y Unidad (PINU-SD) y otros partidos más. En el pacto se le concedió a Nasralla ser primer designado presidencial y la potestad de nombrar al Presidente/a del Congreso Nacional. En el centro de esa alianza se encuentra el empresario Pedro Barquero, anterior presidente de la Cámara de Comercio e Industria del departamento (provincia) de Cortés cuya capital es la industrial San Pedro Sula.
Si bien la mayoría de las encuestas le dan a Xiomara Castro las mayores probabilidades de vencer a Asfura, los rumores de turbulencias políticas y movimientos sucios ya vuelan de todos lados si la diferencia entre los principales candidatos no es con amplio margen, sobre todo si la favorita Xiomara Castro no saca una clara ventaja, por lo que el espectro del 2017 reina en el ambiente.
Se trata de un escenario, dada la crisis ya existente en Honduras, a la que la administración del presidente Joe Biden busca anticiparse, tomando la inusual medida de enviar una delegación de alto nivel encabezada por el jefe de su diplomacia para América Latina y el Caribe, Brian Nichol, para reunirse con los principales candidatos, funcionarios del Gobierno y organizadores electorales. Una Honduras convulsionada con los problemas políticos que enfrenta con Nicaragua y El Salvador, además de la crisis en Guatemala, sería un dolor de cabeza más para la Casa Blanca.
Pero ese es el espectro que reina en un país donde el conservador y derechista Partido Nacional se ha mantenido en el poder en continuas y cuestionadas elecciones por más de 12 años, manejando todo el aparato de Estado y sostenido por las Fuerzas Armadas. Juan Orlando Hernández continuó en la saga de sus predecesores siendo un gobierno altamente represivo y autoritario, que la mayoría del pueblo lo califica como una dictadura.
La represión a las protestas ha sido una constante, y desde el 2019 se han realizado reformas al Código Penal que criminalizan la toma de carreteras o espacios públicos hasta con seis años de cárcel. A esto se suma que, desde marzo de 2020, se suspendieron garantías constitucionales con la excusa de la pandemia, las cuales no han sido restituidas. Bajo la gestión de JOH han cundido los asesinatos de activistas como el emblemático caso de Berta Cáceres, la ambientalista y luchadora social asesinada en marzo de 2016, y más recientemente se han intensificado incluyendo a candidatos opositores en distinto niveles en el país.
La alta corrupción también ha sido la marca del actual gobierno, siendo el propio presidente acusado de vínculos con el narcotráfico y de valerse del dinero de las drogas para impulsar su ascenso político. Es notable el caso de su hermano, el exlegislador Juan Antonio “Tony” Hernández, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos acusado de narcotraficante. Además, el actual presidente se ha caracterizado por las medidas más antipopulares y de beneficio a los grandes empresarios, incluso de un marcado entreguismo nacional ante las transnacionales con las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), donde prácticamente estas corporaciones internacionales, liberadas de todo control y excepción de impuestos, se hacen dueñas de dichas zonas.
Si durante el golpe de Estado contra Manuel Zelaya el grueso de los sectores económicos estuvo tras el mismo con un apoyo activo, ya en los últimos han años se han dividido, pues Juan Orlando Hernández ahora se asienta sobre todo en los sectores financieros, mientras que otro sector de la burguesía, sobre todo la industrial y manufacturera se le ha distanciado al no considerarlo ya funcional a sus intereses.
Pero es la pobreza, violencia y opresión lo que ha caracterizado a Honduras en todos estos años, siendo que las condiciones de miseria son brutales. Honduras fue azotada por dos huracanes devastadores en 2020. La pandemia de COVID-19 elevó el nivel de desempleo a 10,9% el año pasado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y la economía se contrajo en 9%, según el Banco Mundial.
Así el país se desangra en una crisis económica y social sin precedentes, es lo que expresan las caravanas de migrantes que salen rumbo a Estados Unidos, en busca de un puesto de trabajo por la miseria en que viven en su propia tierra. En estos momentos una caravana migrante de miles de personas, donde participan hondureños, recorre México para intentar llegar a ese país.
Pero hay un enorme descontento social en Honduras. La explosión del 2017 no solo fue por el fraude electoral sino por las condiciones de calamidades de la vida imperante. En las actuales elecciones el pueblo trabajador, campesino y popular hondureño no tiene opción que sea favorable a sus intereses, retomar la lucha y organización de manera independiente de los partidos patronales peleando por sus demandas fundamentales es el desafío que se les presenta y a ello deben apostar en la actual situación. |
