Criminalizando el derecho a la protesta social y buscando así disciplinar a quienes luchan por el derecho a una vivienda digna, Guillermo Galantini fue detenido el martes 23 junto a otras tres personas (entre ellas su hijo), en el momento en que las mismas buscaban solidarizarse con familias desalojadas de un terreno en el que vivían hace 50 años.
A la fecha, Galantini es el único privado de su libertad, dado que desde el día viernes fueron liberados los otros tres detenidos, gracias a la movilización popular.
El sábado el referente de derechos humanos en Monte Caseros declaró como imputado con la asistencia del abogado Hermindo Gonzales. Las causas que se le imputan serían “resistencia a la autoridad, lesiones y obstrucción a la justicia”.
Luego de la audiencia donde Galantini denunció los maltratos policiales, el juez Eduardo Alegre y el fiscal subrogante de turno Ricardo López Ruiz le negaron la libertad de manera arbitraria, aduciendo que Galantini podría “entorpecer a la justicia” por ser el líder de un movimiento social.
Este avance sobre los luchadores, ejercido por el juez y el fiscal no tiene nada de imparcial y mucho menos de justicia, son serviles al poder y están a disposición de condenar cualquier intento de ejercer nuestro derecho a enfrentar los desalojos ilegítimos e ilegales, cuando nos revelamos ante el saqueo a nuestros recursos naturales y a la entrega de nuestras tierras, o a los negocios que las cúpulas policiales realizan con el visto bueno de los gobiernos de turno. Es ahí donde hacen caer “el peso de la ley” para intentar silenciarnos y doblegarnos.
Por ello entendemos que esta resolución judicial es parte de una política represiva del Gobierno provincial de Gustavo Valdés contra familias pobres y víctimas de la profunda crisis habitacional que atraviesa la región y a favor de los negociados inmobiliarios y del agronegocio.
No olvidamos que la misma Policía que golpeó a las familias desalojadas y a quienes se manifestaban, es la misma que hace unas semanas se ganó el repudio por ser responsable de la muerte de Lautaro Rosé.
La represión y criminalización para con los luchadores también es producto de los discursos punitivistas y de odio que expresan tanto Sergio Berni como ministro de Seguridad en Buenos Aires, sus compañeros Sergio Massa y Leandro Santoro del Frente de Todos, así como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Al igual que José Luis Espert y Javier Milei, quienes tienen bien claro que el ajuste que pide el FMI no pasa sin represión.
En este marco, hace menos de un mes en Comodoro Py condenaron a César Arakaki y Daniel Ruiz por movilizarse contra la reforma jubilatoria de Macri en 2017, mientras que Sebastián Romero continúa con prisión domiciliaria. Además la Policía de la Ciudad de Buenos Aires asesinó a Lucas González y el joven mapuche Elías Garay fue asesinado en la Patagonia por dos empresarios forestales.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y el PTS en el Frente de Izquierda en Corrientes insistimos en que la detención a Galantini es un intento por disciplinar a toda persona u organización que luche contra el ajuste o por derechos humanos básicos, como en este caso el derecho a la vivienda de la familia Almeyda, quienes en este momento se encuentran en situación de calle.
Por eso llamamos a todas las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos a organizar una gran campaña por la libertad de Guillermo Galantini, el fin de la judicialización de la protesta social y una solución al déficit habitacional que afecta a más de 72.000 mil familias en la provincia.
En este sentido la familia convoca a una reunión virtual para el día martes a las 20 horas. Para participar podés contactarte haciendo clic acá.
Libertad para Guillermo Galantini. No a la criminalización de la protesta. Acceso al suelo y Vivienda digna ya. | 
