La práctica es moneda corriente en el Gobierno de Maduro, y ya lo había hecho en el insólito caso del candidato Eduardo Samán de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), que faltando horas para la inscripción formal de su candidatura, aparecía de pronto inhabilitado, cuando nunca había tenido problema alguno y hace más de siete años que no ejercía cargo político, sin que en todo ese tiempo le hubiesen comunicado nada al respecto de alguna inhabilitación. En este caso, se trataba de sacar del ruedo político a Samán, quién seguramente le sacaba votos por izquierda a la candidata oficial del PSUV, todo obstáculo tenía que ser eliminado.
De hecho, fueron más de una decena de candidatos de la APR a quienes el gobierno le aplicó ese mecanismo de proscripción, siendo cada vez peor, pues en esos casos se trataba de candidatos que ya habían sido inscritos formalmente, aceptados por el CNE, y en algunos casos incluso estando ya en curso la misma campaña electoral, apenas semanas antes de la elección, eran inhabilitados. Como señalaba alguien en la red Twitter, pareciera que a medida que le iban llegando las encuestas el gobierno se decidía a inhabilitar.
Pero en el caso de los candidatos de la oposición por derecha, la ventana estaba abierta, pues tras los acuerdos con México toda una serie de candidatos fueron habilitados, incluso quienes habían tenido participación en hechos como tentativas de golpe de Estado, como era el caso de Tomás Guanipa, para solo nombrar a uno como ejemplo. Pero no barajaban la posibilidad de perder el estado Barinas, donde seguramente, si el candidato del PSUV hubiese ganado por una amplia ventaja no estuvieran siendo suspendidas, aunque hubiese competido con alguien que supuestamente estaba inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público.
Incluso en un comunicado de prensa del Ministerio de Comunicación de finales del agosto del 2020 se leía que: “Mediante un Decreto Presidencial suscrito por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, fueron concedidos indultos a 110 ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a la oposición nacional, mediante el cual se extingue la acción penal que recae sobre cada uno de ellos, con el objetivo principal de garantizar la reconciliación y el encauce de estos sectores a la vía constitucional”, y se reproducía íntegramente dicho decreto presidencial.
En tal Decreto el propio Freddy Superlano aparece de tercero entre los indultados: “Artículo 1. Se le concede indulto presidencial a los ciudadanos que se mencionan a continuación: Freddy Guevara, Mariela Magallanes, Freddy Superlano, Américo De Grazia, Carlos Lozano, Jorge Millán, José Guerra, Richard Blanco, Tomás Guanipa, Luis Steffanelli, Carlos Papparoni, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro…” y sigue la amplia lista de los 110 indultados de la oposición.
Pero en Barinas, transcurrida una semana entera no se sabía el resultado final, en una votación que resultó muy reñida y donde, de perder Argenis Chávez, sería un duro revés, no solo para el chavismo en general sino también para el propio equilibrio de cuotas de poder establecido a lo interna de la coalición cívico-militar que gobierna.
En un total de siete días no se habían contabilizado los aproximadamente mil votos que contendrían las tres urnas, cosa totalmente extraña en un país donde el propio Gobierno de Maduro se jacta de tener un sistema electoral automatizado, “el mejor del mundo”, y que en elecciones de mayor volumen de votos brinda resultados definitivos en la noche de la misma votación a los pocos días. Según cifras previas, el opositor Freddy Superlano de Voluntad Popular (el mismo partido del derechista Leopoldo López y al que pertenecía Juan Guaidó) y el oficialista del PSUV, Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente Chávez, estaban separados por un escaso margen de votos.
Barinas es muy simbólico para el chavismo, tierra natal de Hugo Chávez y donde las instituciones estadales han terminado convertidas en casi en un feudo familiar, pues se ha mantenido en el control del estado prácticamente por 22 años. Así Hugo de los Reyes Chávez (padre del fallecido presidente), gobernó el estado durante 3 periodos seguidos entre 1998 y 2008. Luego su hijo, Adán Chávez entre 2008 y 2016. El actual gobernador desde 2017 es su hermano Argenis, quien buscó reelegirse.
Supuestamente la sustracción de tres actas, que se mantuvieron en control de miembros del Plan República (léase Fuerzas Armadas), estaban retrasando la proclamación del gobernador electo. Ante esta situación, los rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) habrían exigido la entrega de las urnas, que fueron enviadas en Caracas el domingo, donde incluso se había dispuesto una comisión ad hoc para contar las tres urnas, pero cuando se estaba por dar inicio el conteo, el Poder Judicial abortó el proceso.
De tal manera, el lunes, la Sala Electoral del TSJ ordenó suspender los procedimientos vinculados al recuento, adjudicación y proclamación de los candidatos a gobernador de Barinas, frente a un recurso ante el Supremo, que sirvió como excusa formal para la decisión. El recurso lo introdujo Adolfo Superlano (no comparten vínculo familiar), aduciendo una nueva inhabilitación que pesaría sobre Freddy Superlano, esta vez con fecha de agosto de este año, por parte de la Contraloría General de la República.
Adolfo es un exdiputado de la oposición de derecha, parte del sector “disidente” que, fracasada la ofensiva opositora de 2019, pasó a enfrentarse con Juan Guaidó y que, en enero de 2020, se aliaron con el Gobierno para desplazar al “Presidente interino” del control de la Asamblea Nacional. En esas mismas coordenadas de alianzas, Adolfo Superlano formó parte, junto con Luis Parra y José Brito, del grupo de diputados que, en nombre de la Asamblea Nacional, otorgaron cartas de buena conducta a Alex Saab y su socio Carlos Lizcano, viajando personalmente a entregarlas en distintas instancias de Colombia y Europa. A su vez, Freddy Superlano, en esa pugna intestina en la oposición de derecha, solicitó investigar a los diputados que habían participado de estas diligencias a favor de Saab.
El descaro mayúsculo del Gobierno, a través del TSJ, su brazo ejecutor, viene dado por el hecho de que el Consejo Nacional Electoral no puso objeción alguna a la candidatura de Freddy Superlano, la aceptó formalmente, y es recién cuando se genera la posibilidad de que le gane la gobernación al candidato del Gobierno, que cobra valor de nuevo la decisión de la Contraloría. El CNE no puso objeción a su participación precisamente porque este Superlano estaría habilitado para participar, de acuerdo con lo ya pactado en México entre Gobierno y oposición.
Con pocas horas de diferencia con la sentencia que manda paralizar el conteo de votos, la misma Sala Electoral del TSJ ordenaba al CNE, en una nueva sentencia, realizar nuevas elecciones para gobernador o gobernadora en Barinas para el 09 de enero de 2022. De hecho, la propia sentencia reconoce que “las proyecciones consignadas por el CNE, dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano, del 37,60 % con respecto al 37,21 % de votos obtenidos por el candidato Argenis Chávez”.
El resto ya son habas contadas. El CNE confirmaba el mismo lunes que suspendía la "totalización, adjudicación y proclamación del cargo de gobernador de Barinas" para "acatar" la medida cautelar dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). "La Junta Nacional Electoral (JNE) suspendió este lunes los procedimientos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación del cargo de gobernador de Barinas, tras acatar la medida cautelar dictada en la misma fecha por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia", dijo el ente electoral en su Twitter.
Ninguna solidaridad política tenemos con Freddy Superlano, un opositor de derecha que fue parte de toda la tentativa golpista de enero del 2019 en adelante promocionada por Donald Trump, cuando se intentó imponer por la vía de la fuerza a Juan Guaidó como presidente del país, siendo parte de quienes exigieron las más duras sanciones económicas imperialistas y hasta pedidos de intervención militar. Los mismos que participaron de una asonada militar el 30 de abril donde Leopoldo López y Juan Guaidó aparecieron como los principales incentivadores.
Pero la acción del Gobierno de Maduro tiene que ser repudiada y rechazada, que bajo el más podrido autoritarismo bonapartista decide quién puede presentarse o no a un cargo de elección popular, y más aún, burlar los resultados de una elección cuando no le favorece, y de la manera más arbitraria posible, haciendo pesar todo el poder del Estado para imponer sus designios políticos.
En las presentes elecciones el Gobierno terminó obteniendo la más baja cantidad de votos en toda su historia, aunque el CNE le haya proclamado victoria en la mayoría de las gobernaciones del país, dado los niveles de abstención y la fuerte crisis que enfrenta la oposición quienes, a diferencia de la última vez que se presentaron unificados en el 2015, esta vez concurrió bastante dividida.
Aunque aguas abajo, a nivel de las alcaldías se mostró más el retroceso del chavismo al perder más alcaldías de las que controlaba. Lo que es claro, en momentos en que hasta los llamados votos duros del PSUV tienden a caer, es el repudio a un gobierno antiobrero que ha venido aplicando las medidas más antipopulares, beneficiando a grandes empresarios, con una dolarización de facto que golpea a las grandes mayorías populares, en el marco de un acentuado entreguismo de la soberanía nacional.
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