Los casos de Facundo Astudillo Castro (Villarino), Micaela Ortega (Bahía Blanca), Araceli Fulles (San Martín) y Marito Salto (Santiago del Estero) son emblemáticos por muchas razones. Más allá de sus diferencias particulares, en todos ellos las muertes de esas y esos jóvenes estuvieron (y están) rodeadas de todo tipo de maniobras de sectores del poder (político, policial, judicial, empresario) tendientes a garantizar la impunidad de los asesinos.
Pero hay otro punto que tienen en común esos casos. Y muchos otros. Es la participación como perito de las familias querellantes de Marcos Herrero, quien junto a sus perros y con su experimentada técnica de adiestramiento logró hallar cuerpos, rastros y demás pruebas determinantes que permitieron avances importantes en las causas o, directamente, su esclarecimiento.
Por eso la noticia de que Herrero fue detenido este viernes en su casa de Viedma (Río Negro), acusado por un fiscal de Mendoza de “plantar pruebas” y “usurpar título” en la causa de Viviana Luna (desaparecida en 2016 y cuyo caso sigue impune) no hizo más que llenar de bronca a tantas madres y padres de víctimas de los crímenes del poder. Este domingo Herrero fue trasladado de Viedma a Mendoza capital, donde se tramita la causa en su contra.
Micaela
“Mi hija estuvo 35 días desaparecida, hasta que encontraron el cuerpo a 13 kilómetros de Bahía Blanca. Lo encontraron Marcos Herrero y su perro Duke. Ocho meses después Duke encontró también pertenencias del femicida. Marcos y sus perros pudieron hacer lo que no hizo la Justicia de Bahía Blanca”, sentencia Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega.
El caso de la nena de 12 años asesinada en 2016 es tan emblemático que su nombre y apellido se asocian a la Ley 27.590 (“Ley Mica Ortega”), promulgada en diciembre de 2020 y que creó el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming (ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes).
“Micaela era una niña, fue captada a través de Facebook por Jonathan Omar Luna, un hombre que se hacía pasar por una niña de doce años”, relata Mónica a La Izquierda Diario, quien lamenta y repudia la detención del perito que encontró el cuerpo de su hija donde ni la Policía ni el Poder Judicial quisieron hallarlo. “Es lamentable que se lo acuse a Herrero de algo tan grave como la manipulación de evidencias. Yo fui testigo de cómo él trabajó y de lo buena persona que es. Siempre se puso a disposición de nosotros y nunca nos pidió nada a cambio”.
Facundo
Una de las primeras en enterarse, el viernes a la mañana, que Marcos Herrero había sido detenido en Viedma (por un pedido del fiscal de Mendoza Gustavo Pirrello) fue Cristina Castro. La mamá de Facundo Astudillo Castro no lo podía creer. Y no solamente habían detenido a Marcos, sino que el propio Estado le secuestró sus dispositivos electrónicos (celular, computadora, etc.), donde él guarda mucha información sensible de causas complejas. Eso preocupa aún más a las madres de las víctimas. ¿Qué pueden hacer jueces y fiscales cómplices con esa información en su poder?
“A Marcos lo quieren voltear. Es tan injusto que un inocente pague por hacer su trabajo. Es tan injusto que la misma Justicia quiera desacreditarlo”, dice a este diario Cristina, con su voz cargada de indignación. “Marcos es una persona honesta, transparente, nos ha traído calma y un poco de luz a la causa de Facundo. Mientras todos nos estaban mintiendo, Marcos descubría verdades”, sentencia la madre del joven de 22 años desaparecido el 30 de abril de 2020 en Pedro Luro y hallado muerto 107 días después en un cangrejal cercano a Bahía Blanca. Por su crimen está sospechada la Policía Bonaerense, encubierta por el ministro de Seguridad Sergio Berni y sectores del Poder Judicial.
A Cristina por estas horas se le vienen muchas cosas a la memoria. “Cuando estábamos buscando a Facu, la gente de Cinotecnia (de la Policía Federal, NdR) le tomaba el pelo a Marcos, se burlaban de él, le enviaban mensajes hostigándolo”, afirma. Y recuerda los “aprietes” en cada pericia que realizó. “La Gendarmería lo revisó por completo antes de cada rastrillaje, tanto a él como a su perro Yatel, le sacaron toda la ropa. A Yatel le revisaron hasta la boca”.
Desde Luro, Cristina entiende que detrás de la detención del adiestrador hay un intento de amedrentar a las propias familias. “Es un ataque directo a todas las causas, absolutamente a todas. Es indignante que traten de sacar del medio a una de las personas que busca la verdad. Siempre vamos a estar en la vereda correcta, siempre vamos a estar del lado de Marcos y sus perros. Están tratando de quebrarnos a los familiares, de que bajemos los brazos, pero eso no lo van a lograr nunca. Nosotros vamos a seguir peleando. Hoy peleamos también por la libertad de Marcos”.
Araceli
El de Araceli Fulles es otro de los casos emblemáticos de los últimos años. El femicidio de la joven de 22 años, ocurrido en José León Suárez en 2017, pudo empezar a resolverse cuando su cuerpo fue hallado por Marcos Herrero y su perro Alcón. Mónica Ferreyra, madre de Araceli, no sale de su asombro por la detención del perito que fue fundamental para resolver su caso.
“El perro Alcón encontró el cuerpo de mi hija. Sus animales estaban muy bien adiestrados. Salieron de mi casa olfateando la ropa de Araceli y la buscaron por todos lados. Había gente que quería desviar todo, pero lo que encontraron fue muy exacto”, dijo Mónica consultada por la Izquierda Diario.
“Cuando mi hijo pidió que fueran a la plaza, el último lugar en que estuvo Araceli, largaron a los perros y automáticamente se dirigieron a la casa de Darío Badaracco”, dice en referencia al primer imputado en la causa (que murió en prisión en 2019). En noviembre de este año hubo sentencia en el juicio por el femicidio y fueron condenados a prisión perpetua Carlos Casalz, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo. De no haber sido por la participación de Herrero, el caso probablemente habría quedado en la impunidad.
Mónica dice a este diario que “Marcos es una excelente persona, no se merece lo que le están haciendo. Me duele lo que está pasando. Creo que hay mucha gente que se equivoca y no es justo que esté preso. Trabajó excelentemente en el caso de mi hija y en muchos más. Y fue sincero conmigo cuando vio que la Policía desviaba las investigaciones y la Científica nunca ponía los materiales para levantar las pruebas”.
Marito
Marito Salto tenía 11 años. Vivía en Quimilí, Santiago del Estero. El 31 de mayo de 2016 cayó presa de un grupo de criminales que lo violaron, mataron y descuartizaron, descartando sus restos en un descampado. Después de muchas dilaciones por parte del Poder Judicial, finalmente esta semana en Santiago del Estero comenzó el juicio contra ocho hombres y una mujer por el crimen.
Mario, el padre del niño, hace años que viene denunciando el encubrimiento en el caso por parte de funcionarios del Poder Judicial y, particularmente, del poder político provincial. En una entrevista con este diario, el padre de Marito identificó directamente a Miguel Jiménez, uno de los principales acusados, como “puntero político” del gobernador Gerardo Zamora.
El perito Marcos Herrero también fue fundamental para dar con parte de los asesinos del niño, encontrando la punta del ovillo que llevaría a los nueve procesamientos.
Santiago Luna, otro instructor canino, trabajó junto a Herrero en el caso. “Yo soy de Santa Fe, trabajo de forma privada y con técnica propia. Con Marcos me une una gran amistad, más allá del caso de Marito, donde fui quien logró que se libere la salida de Marcos desde Viedma a Santiago del Estero”, afirma Luna a este cronista. Y asume la defensa incondicional de Herrero al decir que, en un trabajo de colaboración mutua, fueron ambos “los responsables del descubrimiento de los asesinos”.
Luna recuerda que al momento de realizar su trabajo, “cada centímetro que rastrilló hizo Marcos fue acompañado por la jueza (Rosa) Falco y la fiscal (Olga Gay de Castellanos). Cada centímetro que el perro trabajó estuvo fiscalizado. Cientos de personas detrás de Marcos, fuerzas policiales, periodismo, todos. ¿Quién no estuvo en la búsqueda de Marito? Marcos encontró lo suficiente como para que hoy los que están presos sigan presos, por lo menos hasta que termine el juicio y se dictamine y qué grado de culpabilidad tiene cada uno”, afirma Luna.
Para el adiestrador de perros santafesino, “el trabajo de Marcos en Quimilí fue intachable. Ahora está sufriendo una persecución política, es víctima de una cacería, porque en muchos casos que descubrió estaban involucrados jueces, policías, políticos. Se metieron con el mejor instructor canino de Argentina, no es un vendehumo como la K9 de la Policía Federal, que nunca encuentran nada”, sentencia.
“El mensaje es ‘no te metas’”
Quien también repudia el ataque judicial contra Herrero es la reconocida médica forense Virginia Créimer, docente universitaria y perita con gran experiencia en causas donde sectores del poder están involucrados, directamente como criminales o como cómplices y encubridores.
Consultada por La Izquierda Diario, Créimer recuerda que conoció a Herrero hace algunos años. “Yo vi cómo actuó en causas de femicidios que habían sido mal investigadas, donde con sus canes y su clara expertise había podido determinar, por ejemplo, que una mujer presuntamente desaparecida podía haber estado en el incinerador del edificio de su propia casa y haber sido asesinada por su pareja con complicidad de sus hijos”, relata.
Para ella “no existen en Argentina muchos especialistas que se dediquen a la odorología, al entrenamiento de canes para este tipo de tareas”, tal como lo es Herrero, con quien ya le tocó trabajar en varias causas. “Nuestra intervención conjunta, en la práctica, en la escena, fue en el caso de Facundo Castro, cuando participamos en el allanamiento de la Comisaría de Teniente Origone”, recuerda. Y agrega que ahí vio, “en los hechos, la calidad profesional de Marcos, protegiendo a sus canes pero también a la madre de Facundo en medio de esas intervenciones”.
Créimer dice que “lo que hoy le pasa a Marcos no es novedad para quienes trabajamos del lado de las personas vulneradas, ya que a través de mentiras y elementos sin basamento científico ni jurídico nos persiguen y denuncian. Son siempre los mismos, es ese sector de la sociedad que es cómplice de los femicidios y de las torturas, de la muerte”.
La médica forense concluye con una frase contundente: “esto es un mensaje clarísimo, que nos dice a quienes queremos investigar del lado de las personas vulneradas que no nos metamos”. Una conclusión que en estas horas suscriben muchas y muchos familiares de las víctimas, abogadas y abogados, defensores de derechos humanos (no cooptados por el Estado, claro) y quienes se comprometen en serio con la búsqueda de verdad y justicia para las hijas e hijos del pueblo trabajador. | 
