El ministro de Defensa Jorge Taiana, junto a los máximos jefes militares, el viernes pasado recibieron en el Apostadero Naval Buenos Aires al patrullero oceánico multipropósito ARA Storni, comprado a Francia.
Se trata del tercer buque con las mismas características de las cuatro que adquirió el gobierno de Cambiemos y la actual gestión continuó con ese contrato. El próximo año será entregado el último buque.
Este reequipamiento de las Fuerzas Armadas se realiza a través del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), sancionada por el Congreso el año pasado.
Durante este año, el Fondef ya aportó 39 mil millones al área militar. La ley de Fondef establece la recaudación a partir de un porcentaje de los ingresos corrientes del Presupuesto, que se fijó en 0,35 % para este primer año. Luego se incrementará a 0,5 % el próximo y 0,65 % el siguiente. Finalmente cada período recaudará el 0,8 %.
Según informa Guido Braslavsky para Clarín, los militares siguen con expectativa la renegociación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional. “Hasta que no haya acuerdo con el FMI, muchos planes están parados”, dijeron desde en el Edificio Libertador al columnista de Clarín.
Desde la Fuerza Aérea espera la compra de aviones de combate que se incluyó en el Presupuesto 2022 la autorización para tomar deuda por U$S 664 millones, destinado para la adquisición de doce aviones caza polivalente, para la vigilancia y control del espacio aéreo.
El origen de estas aeronaves sería un acuerdo con China. Los cazas JF-17 Thunder -que adquiririán-, son fabricados entre Pakistán y China. Sin embargo, desde el ministerio que conduce Taiana, en medio del lobby, desmintieron este acuerdo con China y sostuvieron que evalúan entre “cinco alternativas”.
El conflicto que originó los trascendidos de que el Gobierno está en tratativas con el China para el reequipamiento militar, se da en medio del acuerdo con el FMI y de las crecientes tensiones entre las dos principales potencias mundiales.
Desde el Edificio Libertador desmienten que hubieran acordado con el Gobierno de China para la adquisición de equipamiento militar. “No hay nada cerrado, y la decisión en última instancia será política”, sostuvieron fuentes oficiales que se esfuerzan en aclarar que “hasta que no haya arreglo con el FMI ninguna operación de este tipo es viable, todo está atado a financiamiento internacional”.
Ley de Fondo Nacional de la Defensa (Fondef)
Agustín Rossi envió el proyecto de ley al Congreso durante el gobierno de Mauricio Macri. El entonces diputado del Frente para la Victoria fue el responsable de la redacción del proyecto para “financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas”, aprobado finalmente por Diputados en noviembre de 2019. Con media sanción pasó al Senado.
Aquella sesión rechazó discutir un bono de emergencia para trabajadores, jubilados y quienes perciben planes sociales, como la AUH. La propuesta había sido presentada por el diputado Nicolás del Caño (PTS-FIT) y había sido rechazada en bloque por macristas, peronistas y kirchneristas.
Según consta en las actas de votación, referentes de todos esos espacios se unificaron para que ese proyecto no se discutiera en el recinto. Desde el peronista José Luis Gioja hasta el macrista Luciano Laspina se unieron para no discutir una medida elemental que podría mejorar el nivel de vida de millones de personas.
Esa misma unidad fue la que se expresó a la hora de votar un aumento de partidas para las Fuerzas Armadas. Un aumento que también se realizó por medio de un apartamiento de reglamento, en este caso pedido por el kirchnerismo.
Cuando asume la presidencia Alberto Fernández, Agustín Rossi fue designado ministro de Defensa, como había trascendido durante la campaña. Fue este el motivo por el que Rossi armó una ley para "financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas”, cuando todavía era diputado.
Lo temerario del proyecto de rearmar a los militares es que surgió en medio de que las Fuerzas Armadas de la región, después de las salida de las dictaduras, volvieron a tener protagonismo en la vida nacional.
En Bolivia fueron parte de un golpe contra el gobierno de Evo Morales. Antes, en Brasil, las fuerzas militares tuvieron protagonismo en el golpe institucional contra Dilma Rousseff.
Cuando en septiembre de 2020 el Senado aprobó el Fondef, el Frente de Izquierda planteó nuevamente la alarma de esta nueva ley que empodera a los militares.
Por entonces, la legisladora Myriam Bregman señaló como alarmante la aprobación de este fondo. A través de su cuenta de Twitter advirtió que el Fondef puede contar con fondos de "personas humanas o jurídicas" y preguntó "¿Podrán poner plata EEUU o sus aliados, o un empresario interesado en que intervengan en operativos internos para proteger sus tierras, por ejemplo?".
En medio del acuerdo con el FMI, de aprobarse el proyecto de presupuesto para 2022, buscará reducir el déficit fiscal. Por ejemplo, como adelantó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el total en salud mental será de apenas el 1,48 %. Muy lejos del 10 % que debería destinarse por ley.
La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 sancionada en 2010, plantea una perspectiva de salud integral, por eso dispuso que el 10 % del presupuesto total de Salud debe destinarse al área de Salud Mental. Sin embargo, la ley nunca fue reglamentada en su totalidad, para la cual se necesita un presupuesto que nunca superó el 2,2 %.
Es decir, hay leyes que los gobiernos cumplen con entusiasmo, como la que empoderan a los militares, y otras, como las de Salud Mental que otorgaría un beneficio a pacientes y sus familias, quedan petrificadas en los papeles.
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